Atropellos policiales: ¿En qué van las investigaciones frente a los abusos durante el paro nacional?

En medio de las protestas que enfrenta el país desde el pasado 28 de abril, el balance ha sido trágico. Cientos de heridos entre particulares y miembros de la fuerza pública, muertos y una economía colapsada son el resultado de casi 40 días de batalla campal en los que se ha hecho evidente la infiltración de vándalos en las movilizaciones.

Pero, además, han resultado involucrados miembros de la Policía, en especial del Esmad, en excesos que ahora los tienen envueltos en procesos penales y disciplinarios. De modo particular, estas protestas se han visto a través de cámaras de seguridad y de videos de celulares que transmiten en vivo desde las redes sociales. Son testigos presenciales que se han convertido en evidencias para que las autoridades inicien expedientes contra quienes cometen actos vandálicos en las protestas.

Miembros de la fuerza pública también han quedado en la mira de las autoridades por cuenta de estas grabaciones en las que se documentan excesos. SEMANA revela de qué tratan las investigaciones contra miembros de la fuerza pública, cuáles son las evidencias y pruebas por las que algunos miembros de la institución incluso ya han sido separados de sus cargos y están respondiendo ante la Fiscalía, la Justicia Penal Militar, la Inspección de la Policía Nacional y la Procuraduría.

De acuerdo con informes de la Fiscalía, desde el inicio de las protestas se han presentado 48 muertos, pero no todos están relacionados directamente con las manifestaciones. La entidad, que es encargada de unificar estos hechos, señala que 20 tienen relación directa con las manifestaciones y nueve están en verificación. Las 19 restantes se trata de delincuencia común o no tienen vínculo comprobado con las protestas.

El último informe señala que hay 465 particulares lesionados y se iniciaron 394 procesos por abuso de autoridad y lesiones personales en el marco de la protesta. De estos casos, la cifra más alta está en Bogotá, con 149. Cali y el Valle del Cauca, donde ha sido el epicentro de la confrontación y se han dado bloqueos, incendios a las sedes de la justicia, como el Palacio de Tuluá, y hasta enfrentamientos a bala entre civiles, incluso algunos al lado de la Policía, el saldo es de 63 procesos. Justamente, muchas de las pruebas se han dado por la transmisión casi que en vivo de estos enfrentamientos.

Resultó una escena casi dantesca lo ocurrido en una zona alta del barrio Ciudad Jardín, ante la arremetida violenta de los manifestantes, civiles, entre ellos Andrés Escobar, el ciudadano que hace poco reconoció que estaba disparando con un arma traumática a la turba, en lo que argumentó la defensa de la propiedad privada en la comuna 22. Escobar tendrá que responder en interrogatorio, mientras las autoridades ya identificaron y abrieron procesos contra por lo menos diez policías que aparecen justo al lado de los civiles armados y ahora tendrán que explicar por qué no intervinieron.

Estas imágenes no solo se vieron el 28 de mayo. En días anteriores, como el primero de mayo, cuando llegó la minga indígena a la capital del Valle, se vieron videos de civiles disparando no solo pistolas, sino armas largas.

Lo que mostraban los videos que ahora hacen parte de los expedientes, era fuego cruzado, pues al lado de la minga también se veía gente armada y hasta las camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección fueron usadas como escudo. A su vez, la Procuraduría General adelanta 154 procesos disciplinarios por hechos relacionados con las jornadas de protestas, entre ellos 127 contra integrantes de la fuerza pública.

“Tenemos identificados casos en los que presuntamente se excedió el uso de la fuerza y violaciones de los derechos humanos, así como aquellos que condujeron a un desenlace fatal. Puedo afirmarles que nuestra prioridad será garantizarles a las víctimas, a sus familias y al país que habrá justicia y ningún crimen quedará en la impunidad”, señaló la procuradora general, Margarita Cabello.

La muerte de jóvenes en las protestas es un hecho trágico y algunos de ellos, como Santiago Murillo, se convierten en símbolos. En este caso porque el país se desgarraba con los lamentos de su madre, quien al conocer del homicidio gritaba entre sollozos que se la llevara con él.

La Justicia Penal Militar asumió este proceso contra un mayor y un teniente de la Policía a quienes les había sido dictada una orden de captura, pero en los últimos días recuperaron la libertad. También está el caso por el homicidio de Brayan Fernando Niño, ocurrido en Madrid (Cundinamarca). Un joven de 24 años que murió por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en el ojo derecho.

La Justicia Penal Militar ordenó la captura del mayor Javier Arenas, miembro del Esmad, por este hecho. Frente a los procesos en esta justicia, el fiscal Francisco Barbosa ha advertido que no permitirá que los casos por violaciones de los derechos humanos sean investigados por una autoridad diferente a la justicia ordinaria.

Son muchos más los casos que no se han hecho visibles. Por ejemplo, se investiga la posible muerte de un hombre, el 30 de abril, en jurisdicción de la estación de Policía El Diamante, en Cali. Según la denuncia “se encuentra el cuerpo de una persona tendida en vía pública y a un grueso número de manifestantes argumentando que había sido lesionado por uniformados que trataban de controlar una turba de personas”.

Se trata de homicidios, excesos de fuerza, pero también hay un tema que preocupa y sobre el cual las cifras no son claras. La desaparición de personas en medio de las protestas.

Además del caso que se conoció de un joven desaparecido en Antioquia, hay otro hecho similar. “El 28 de abril, a las diez de la noche, desapareció mi hermano en el puente Francisco Jaramillo, en la Virginia (Risaralda), donde se estaban haciendo las manifestaciones. Él estaba debajo del puente y no participaba de las protestas”. Según la denuncia, “se lo llevaron y no sabemos nada de él”, contó su familiar.

Hay críticas debido al uso de lanzadores de munición esférica por miembros del Esmad, que han generado la pérdida de visión de algunos de los manifestantes. Entre esas denuncias está el caso del joven Juan Fonseca, quien en una de las protestas en el sector de Cedritos fue impactado por “un proyectil del Esmad, al ser trasladado a la Fundación Cardio Infantil recibió un diagnóstico de pérdida del ojo derecho y fractura de mandíbula”.

En Pereira, por ejemplo, hay denuncias contra nueve miembros de la Policía que fueron identificados con el número que portan en su chaleco de dotación. El hecho se dio en el sector de Dosquebradas, en donde los grabaron “disparando contra la movilización”. En Armenia, lo que hicieron fue voltear los chalecos para evitar ser identificados y tiraron piedra como respuesta a los manifestantes. Hay decenas de investigaciones por maltrato, como la de una señora que afirma que su hijo fue agredido con “cabezazos y gas pimienta, y lo retuvieron hasta altas horas de noche”.

Por denuncias presentadas con fotos y videos se indaga la supuesta salida de civiles, armados con palos, de una estación de Policía. En Tocancipá se investiga el presunto arrollamiento de un joven con la tanqueta del Esmad, que tuvo que ser traslado a un hospital. Hay casos más domésticos, pero que también están siendo investigados.

Por ejemplo, quejas de personas que se han visto afectadas por el ingreso de proyectiles lacrimógenos a sus casas. Pero también hay hechos de suma gravedad, como una patada que supuestamente le dio un agente a una mujer en la cara, causándole graves heridas. O como en Cali, donde investigan un video en el que un grupo de policías golpean a un hombre en el suelo. No hay certeza del número exacto de uniformados investigados, pues están individualizando los casos, porque, en algunos, la actuación irregular fue realizada conjuntamente por varios uniformados.

El propio director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, ha hecho acompañamiento de las investigaciones y ha manifestado que la institución ha colaborado en los procesos para que estos hechos sean esclarecidos. La Inspección General de la Policía adelanta 171 casos en los que hay vinculados 44 uniformados y les ha traslado los expedientes tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría.

Además, las autoridades investigan las muertes de uniformados y las agresiones contra los más de 900 heridos de la Policía que han sido atacados con armas de fuego, con piedras, con armas blancas, les han arrojado ácido y hasta los han tratado de quemar vivos. Por ejemplo, el asesinato del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, jefe de la Sijín en Soacha, Cundinamarca, quien fue atacado por una turba y recibió varias puñaladas y múltiples golpes que lo llevaron a la muerte. Por este hecho fueron capturadas tres personas.

Otro de los casos más escabrosos es el intento de quemar vivos a 15 policías en un CAI en Bogotá, por el que hay cuatro personas tras las rejas. Y el asesinato del patrullero Juan Sebastián Bríñez, quien recibió un impacto de fusil. Víctimas de lado y lado en una violencia que parece estar fuera de control. Mientras tanto, estos hechos se convierten en expedientes de los que se espera haya justicia.