Abusos sexuales en las cárceles de Colombia: SEMANA revela el impactante testimonio de una de las víctimas

Me quitó la ropa, se montó encima y me violó”, así empieza el duro testimonio de una mujer transgénero que fue abusada sexualmente dentro de un calabozo en Medellín. Hay revuelo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para esclarecer cada una de las acusaciones.

SEMANA revela detalles del proceso. Blanquicet Valencia llegó a la cárcel El Pedregal luego de asesinar a una amiga en las calles de la capital de Antioquia. Aunque le alegó a un juez que había sido en defensa propia y todavía mantiene la misma versión de los acontecimientos, la condenaron a 17 años de prisión tras el contundente material probatorio que presentó la Fiscalía.

Al ajustar dos años privada de la libertad en el Valle de Aburrá, se tomó la decisión de trasladarla al municipio de Puerto Triunfo, ubicado en el caluroso Magdalena Medio. Allí la intimidaron por su orientación sexual y presentó una tutela para que la devolvieran a la ciudad, un juzgado acogió su petición por la vulneración de derechos.

Al regreso, vivió un infierno: “Me metieron en una celda con dos chicos y me tomé unas pastillas para dormir, estaba cansada del viaje”. En medio del sueño, un sujeto conocido con el alias de Perro intentó rasgarle sus prendas de vestir y tocar sus partes íntimas. De inmediato, lo pudo empujar y contener la situación.

La Bebé, como la distinguen sus allegados, retomó el descanso y la despertó un fuerte sacudón. Al abrir los ojos, se percató de que estaba completamente desnuda y el sujeto montado sobre su cuerpo: “Estaba muy débil, peleé con él y lo quité de una vez”. Ella pidió el apoyo del Inpec y la respuesta no habría sido oportuna.En el relato suministrado a SEMANA, ella detalló que, supuestamente, los funcionarios le habrían negado la atención: “Pasé todo el día con él al lado, a pocos centímetros, luego de armar el alboroto por lo que había pasado en la mañana”.

El Inpec respondió que se le dieron todas las garantías y respetaron sus derechos.En otro fragmento de la conversación, aseguró que los uniformados le habrían lanzado un gas en los ojos para tratar de controlar su conducta, pues estaba alterada y exigiendo un cambio de celda. La institución desconoció esta afirmación porque durante el día no se gastó ningún químico y solo se aplica sobre la multitud.

En medio de la insistencia, Blanquicet Valencia fue trasladada al Hospital La María y estuvo internada por dos días. Aunque la dirección de El Pedregal y la Policía Judicial le habrían recomendado instaurar la denuncia contra alias Perro por el abuso sexual, ella se negó porque duda de las capacidades del Estado para imponer justicia.

Así lo comentó la mujer: “A ellos no les importa. Ni querían sacarme para el hospital, se demoraron un día. Lo hicieron porque yo me revelé, hice escándalo. Tampoco me lavé para que el médico viera lo que era”. Hoy se encuentra con medicamentos y a la espera de exámenes para descartar cualquier enfermedad de transmisión sexual.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondió que el sujeto que es señalado de cometer la presunta violación está siendo sometido a una investigación disciplinaria, mientras que el director de El Pedregal presentará en las próximas horas una denuncia para que la Fiscalía establezca lo sucedido.

Ella es la única mujer que, en los últimos ocho años, se ha atrevido a alzar la voz de protesta por las vulneraciones de derechos humanos que se viven en el interior de las prisiones en Colombia, tal como lo han informado ampliamente la Defensoría del Pueblo y las personerías de todos los rincones del país.

La supuesta violación que sufrió Blanquicet Valencia se sumaría a la lista de abusos sexuales que la población LGBTI soporta tras las rejas. Si bien no hay denuncias formales ante las autoridades por el temor de ser puestos en evidencia y ser amedrentados por los victimarios, prefieren ahogarse en sus pesadillas.

“A mis amigas les ocurre muchas veces cuando van al baño, allá se sobrepasan con ellas y ocurre todo eso. Muchos de los guardias también cobran algunos favores, pero eso no se informa por miedo al que dirán, también por seguridad. Eso en una cárcel es muy complicado”, comentó la mujer en SEMANA.

Ley del silencio

Jorge Carmona, uno de los defensores de los derechos de la población privada de la libertad más respetados en Colombia, reseñó que en los centros penitenciarios hay una ley del silencio que aplican las mismas víctimas de vulneraciones para evitar confrontaciones detrás de las rejas, pues al “sapo se la cobran doble”.

Él es quien escucha los pecados de los sindicados y condenados en Medellín. En los últimos ocho años, recibió 16 testimonios que dan cuenta de violaciones sexuales en las cárceles, pero las autoridades solo tienen uno, el de quien se atrevió a hablar en voz alta: Blanquicet Valencia, oriunda de la ciudad de Cartagena.

“Eso ha existido toda la vida, pero nadie habla por físico miedo. A mí me cuentan muchas cosas, pero no las puedo decir porque ellos mismos, por terror, me piden el silencio”, narró el veedor ciudadano. Los episodios que ha documentado en privado tienen modus operandi parecidos y similares responsables.

Todo se estaría dando en espacios en los que los llamados de auxilio no se escuchan, pero donde varios ojos captan el dolor ajeno sin preocuparse por curarlo. Las celdas son la guarida de los depredadores sexuales que, a una distancia supremamente reducida, tiene a una presa para devorar en segundos.

Las víctimas frecuentes son los integrantes de la comunidad LGBTI, que, en muchos penales, no tienen un lugar exclusivo para evitar el sinnúmero de riesgos a los que están expuestos. Así lo advirtió Jorge Carmona, quien cree que la solución definitiva sería tramitar un cambio total en el sistema carcelario colombiano.

“Las personas diversas necesitan un espacio para ellas en la cárcel, es que los meten con toda la gente a los patios y que resuelvan como puedan, eso no puede pasar. Acá todo el mundo sabe que el Inpec, detrás de las rejas, no controla absolutamente nada”, agregó el defensor de los reclusos en el departamento de Antioquia.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario aseguró que está comprometido con el bienestar de la población privada de la libertad, por lo que ha facilitado diferentes espacios para tramitar las inconformidades y darles respuesta en el marco de la ley. En el caso de las violencias de género, se está aplicando una política especial.

Pero esta solo es una arista del problema. En muchas cárceles, los presos duermen sobre los presos; esto, según Carmona, complica la convivencia y acelera este tipo de violencias. Con corte a este 8 de marzo, el hacinamiento en Colombia superaba el 20 por ciento; es decir, la sobrepoblación es de 6.367 personas. Han sido varios los llamados de atención por estas circunstancias. Uno de los reclamos más fuertes llegó de la Contraloría: “Las acciones emprendidas por el Gobierno nacional durante los últimos 20 años han sido insuficientes para superar la grave crisis que enfrenta el sistema carcelario y penitenciario”.

Frente a este escenario y los pronunciamientos de las altas cortes, los alcaldes de las principales ciudades del país están promoviendo proyectos para construir megacárceles, al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el fin de bajar la presión en las prisiones y proteger los derechos de los reclusos.

Lo cierto es que hay una bomba de tiempo en los espacios donde están recluidos los delincuentes. En las estaciones de la Policía Nacional no cabe un alma más, los penales están a reventar de personas y, como alternativa, algunos presos están internados en casas de particulares con vigilancia permanente.

En las oficinas del Ministerio Público hay cascadas de denuncias y largos expedientes por supuestas violaciones a los derechos humanos que esperan una respuesta del Gobierno nacional y los mandatarios locales, quienes rebuscan una fórmula con la Rama Judicial para solucionar una crisis advertida.