La batalla jurídica por tumbar la conexidad con los delitos políticos

Entre los seis proyectos radicados por la ministra Nancy Patricia Gutiérrez en el Congreso el 8 de agosto, que el gobierno considera prioritarios, se encuentra uno que busca eliminar la conexidad entre secuestro y narcotráfico con los delitos políticos. Los promotores del No en el plebiscito argumentaban que esa conexidad formaba parte de los acuerdos de paz con las Farc, y agitaron fuertemente esa bandera, posteriormente incorporada en la campaña de Iván Duque.

La iniciativa tiene dos artículos. El primero se refiere a que “en ningún caso” los delitos de secuestro y los asociados con el narcotráfico serán conexos a los políticos, ni amnistiables, ni indultables. El segundo prohíbe considerar esos delitos como conductas dirigidas a facilitar, apoyar o promover la rebelión.

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El proyecto tiene buen recibo popular. Ya lo aprobó la Comisión Primera de la Cámara y entre la ciudadanía cae bien. Aunque los colombianos no ubican al narcotráfico entre sus principales problemas, cada vez se preocupan más por él. Según una encuesta de Invamer realizada para SEMANA, Caracol Televisión y Blu Radio, en mayo de 2017 solo 0,7 por ciento de los encuestados consideró ese el principal problema del país y en septiembre esa cifra llegó al 3,1 por ciento.

A pesar de la popularidad de una iniciativa como esta y la coherencia que guarda con el discurso de campaña del presidente Duque, para los expertos no es claro que sea necesaria, por un lado, ni aplicable, por el otro.

Frente al artículo que establece que en ningún caso los delitos asociados con el narcotráfico serán considerados conexos a los políticos ni serán amnistiables ni indultables, juristas, exnegociadores de paz y académicos aseguran que no es necesario negar la conexidad, pues esta nunca ha existido como tal. En otras palabras, que ninguna norma anterior consideraba al narcotráfico o al secuestro amnistiables por sí mismos, y que lo que se ha amnistiado es la rebelión financiada con esas conductas en la historia reciente.

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El gobierno de Álvaro Uribe incluyó esa idea en el proyecto de la Ley de Justicia y Paz de 2005, en la que defendió la alternatividad penal para los paramilitares que traficaron no para enriquecerse, sino para apoyar su sedición. La Corte Suprema de Justicia ha defendido esa misma tesis en varias sentencias.

Recientemente, el canciller Carlos Holmes Trujillo afirmó ante la ONU que uno de esos ajustes sería modificar el acuerdo para que el narcotráfico y el secuestro no fueran amnistiables. Pero más allá de que la conexidad entre narcotráfico y delito político sea difícil de definir, quienes participaron en los diálogos de paz insisten en que nunca se contempló en La Habana amnistiar esos delitos. En una reciente columna, Humberto de la Calle aseguró: “En La Habana dijimos que las conductas asociadas con el narcotráfico que no tenían como fin la sustanciación de la rebelión eran delitos comunes. Ni siquiera entran a la JEP”. Por otra parte, es evidente que la Ley de Amnistía aprobada el año pasado no contempla beneficios para el secuestro ni el narcotráfico. “Prohibir que esos delitos sean amnistiados o indultados significa prohibir la conexidad con la rebelión (delito político)”, respondió el exministro Guillermo Rivera al comisionado de Paz, Miguel Ceballos, en un debate reciente.

Por otra parte, negar la conexidad entre secuestro, el narcotráfico y el conflicto armado, así esos delitos hayan servido para financiar la rebelión, pone en duda la viabilidad de las conversaciones con el ELN. Es difícil creer que ese grupo nunca haya tenido relaciones con el narcotráfico. De hecho, sus estructuras se han afianzado en corredores usados por narcos y el Ejército ha desmantelado laboratorios en zonas de dominio de ese grupo. También se ha financiado con el secuestro. Sin embargo, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez sugiere que en el caso de esa guerrilla la norma aplicaría en el futuro: “El gobierno ha abierto las puertas al diálogo con la exigencia de no más secuestro: depende de ellos”, dice. Queda abierta la pregunta de si, en una eventual negociación con el ELN, el gobierno estaría de acuerdo con amnistiar a guerrilleros que hubieran traficado o secuestrado en el pasado.

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El presidente Duque ha dicho que el proyecto no afectaría a la Farc. Con eso moderó su posición de candidato, pues en campaña insistió, en relación con el acuerdo de paz, en que algunos de los congresistas elegidos por la exguerrilla no debían estar en el Capitolio al haber participado de esos delitos.

El gobierno argumenta que detrás de prohibir la conexidad entre secuestro, narcotráfico y delito político a futuro está el interés por preservar la salud pública y la comunidad. Según ese enfoque, el delito político habría alimentado al narcotráfico y no al revés. Ese es un planteamiento ideológico que pasa por la idea, de algunos sectores de derecha, de desconocer el conflicto armado. Pero ese es un debate aún más complejo.