Acabar la Procuraduría y la competencia para sancionar a elegidos por voto popular; el debate de los aspirantes en la Corte Suprema

En una audiencia liderada por el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se presentaron los 10 candidatos preseleccionados para integrar la terna de la que saldrá el próximo Procurador General de la Nación. En esa diligencia, los expertos abogados expusieron las capacidades que tienen para liderar la entidad y las propuestas para mejorar la eficiencia del ente de control.

Sin embargo, varios aspirantes centraron el debate en temas coyunturales en los que está involucrada la Procuraduría, como las iniciativas de acabar con el ente de control o el choque de trenes que hoy protagoniza la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la competencia del ente de control para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.

La exmagistrada del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, expresó: “Soy consciente de los vientos de eliminación y minimización de nuestra Procuraduría, y por ello dire respetuosa, pero enfáticamente que no, no comparto ese planteamiento, porque más allá de ser una entidad bicentenaria, hoy es la representante de la sociedad. Es una entidad que ha sido capaz de contener eficazmente la corrupción”.

Así mismo, propuso que se debería plantear una interpretación del orden jurídico para que se puedan definir con prontitud las competencias que tiene la Procuraduría, y recordó que “nuestro Estado no solo está regido por la Corte IDH”, al respecto del caso de Petro Urrego versus Colombia.

“Una Procuraduría que evite la ignorancia supina y la amnesia selectiva de algunos, afortunadamente muy pocos, servidores públicos de todos los niveles que juran servir a la ciudadanía y hacer cumplir el ordenamiento jurídico que olvidan y desconocen”, fue una de las propuestas de Bermúdez.

Otro de los candidatos que no aparecía fuerte en el radar, pero que con el paso del proceso ha conseguido suficiente apoyo dentro de la Corte Suprema, es el magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Pedro Oriol Avella, quien dio su visión sobre lo que espera hacer en caso de que llegue a la Procuraduría General.

Para el magistrado Avella, la Procuraduría tiene que ser “referente de todas las entidades, teniendo en cuenta que no haya en casa de herrero, asador de palo”. Y continuó: “Ofrezco eyectar larga vida a tan cardenal institución. Y ofrezco para los próximos 4 años que la Procuraduría haga historia con una reducción de las brechas de corrupción y de ineptitud, determinadoras celestinas secuaces y encubridoras de los más grandes males que aquejan a Colombia, y que incluyen la violencia, el sin futuro de la paz, el miedo de la gente, la desesperanza de la niñez, la discriminación, la escasez de oportunidades y la politiquería que socava las instituciones”.

El experimentado abogado cercano al podero clan Char, Dario Bassani, es otro de los candidatos que ha logrado llegar a los 10 preseleccionados de la Corte para procurador, y en medio de su presentación, volvió a poner sobre la mesa el debate jurídico que hoy protagonizan las altas cortes sobre las competencias de la Procuraduría.

“Existen nuevos retos en materia de intervención judicial del Ministerio Público. Se avecina la puesta en vigencia de un nuevo código procesal laboral, la implementación de una nueva jurisdicción agraria y todavía no superamos las discusiones sobre la compatibilidad o no del Ministerio Público del sistema procesal de corte acusatorio”, dijo Bassani.

También explicó que “el Ministerio Público, su jefe, los servidores de la entidad, deben comportarse como verdaderos jueces. La imparcialidad y la independencia deben ser regla inquebrantable. El procurador no es vocero de intereses políticos o partidistas ni debe invadir la órbita del resorte funcional de las ramas del poder público”.

La candidata Mónica Cifuentes, quien fue aspirante a Fiscal General, propuso actualizar el modelo de autoridad administrativa, la investigación disciplinaria y la preparación de situaciones de corrupción que se han venido replicando con estructuras criminales especializadas.

Sobre la investigación y sanción de servidores elegidos por voto popular, Cifuentes propuso: “Implementaré un instrumento en el que se adopten los estándares de la Corte Interamericana como el parámetro de interpretación con especial cuidado de nuestra soberanía para escoger los mecanismos con los cuales el Estado colombiano protege los derechos”.

Gregorio Eljach, el secretario del Senado de la República, y uno de los candidatos más fuertes, teniendo en cuenta su experiencia y relaciones políticas, también se metió a la discusión de las competencias que debería tener la Procuraduría para sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular.

“Estoy convencido de que debemos respetar el control de convencionalidad, pero existen alternativas jurídicas para armonizar los mandatos de la convención con existencia de una Procuraduría objetiva y respetuosa de los derechos y las garantías”, dijo Eljach durante su intervención en la Sala Plena.