Acción de grupos armados ilegales incrementa desplazamiento de indígenas en Cesar

La acción de grupos armados ilegales ha generado el desplazamiento de indígenas de la comunidad kankuama en el departamento del Cesar, lo que llevó la Defensoría del Pueblo a pedir a las autoridades que se adopten las medidas necesarias para su protección.

De acuerdo con cifras de la entidad, en ese departamento hay, al menos, 45.403 víctimas de desplazamiento forzado.

Señaló que en 2021 y en lo corrido del 2022 se ha presentado la salida de sus territorios, habitantes de zonas rurales de los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Manaure, Balcón del Cesar, Astrea, Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Tamalameque.

El organismo indicó que en las regiones sur y occidente del Cesar se presentaron, durante 2021 y lo que va de 2022, acciones de grupos armados ilegales como el ELN; el EPL, los Pelusos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Clan del Golfo.

Con el propósito de verificar la situación del pueblo indígena Kankuamo, debido a los riesgos que sufren ante la presencia y amenazas de grupos armados ilegales en sus territorios, el titular de ese despacho, Carlos Camargo, realizó una visita humanitaria al corregimiento Makumake-Rioseco, de Valledupar.

Los voceros y líderes indígenas le manifestaron que continúan las afectaciones en derechos humanos, los cuales ya habían sido advertidos a través de la Alerta Temprana 026 de 2021.

De acuerdo con ese documento, se evidenció cómo en el Resguardo Indígena Kankuamo se han presentado amenazas, circulación de panfletos apócrifos que utilizan las siglas de grupos armados ilegales e incluso la misma incineración de kankurwas (centros ceremoniales).

También describe que han ocurrido patrullajes por parte de hombres que a veces son vistos vestidos completamente de negro y en otras ocasiones portando prendas de uso restringido y que portan armas cortas y largas.

La comunidad de Makumake-Ríoseco, expuso ante el defensor del Pueblo la compleja situación que afronta, por lo que el funcionario se comprometió con el envío de requerimientos y reuniones con las autoridades civiles y de fuerza pública para que actúen de manera rápida y efectiva en su protección.

En ese sentido, se hará énfasis en el alto riesgo en el que se encuentran las comunidades de Murillo, Rioseco, Ramalito, Los Haticos, Rancho de la Gota, Mojao, La Mina, Pontón, Las Flores, Atanquez, Chemesquemena y Guatapurí, pertenecientes al pueblo Kankuamo, en jurisdicción de Valledupar.

Camargo se comprometió directamente con el pueblo indígena kankuamo hacer seguimiento a las vulneraciones de las situaciones que habíamos advertido en la Alerta Temprana 026 de 2021, por cuenta de la presencia y amenazas de grupos armados ilegales en estos territorios.

“Seguimos haciendo monitoreo a las recomendaciones para lograr la garantía de los derechos de este pueblo indígena y exhortamos a las autoridades a que revisen y acaten las recomendaciones que hemos hecho para lograr la garantías de los derechos de las comunidades”, aseguró.

Resaltó que “estamos en la construcción de una alerta estructural para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de que se pueda reforzar el trabajo articulado de la institucionalidad del Estado antes los escenarios de riesgo actual, por el proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas que generan desplazamiento forzado en el departamento”.

“Con nuestros equipos de la Regional Cesar y de la Delegada para los Asuntos Étnicos seguiremos acompañando las preocupaciones de la comunidad en relación con los riesgos manifestados por la comunidad”, puntualizó.

Por su parte, el secretario general del Pueblo Kankuamo, Iván Adolfo Lúquez Mindiola, destacó la presencia del defensor del pueblo en el lugar al considerar que “esto nos permite una agenda de relacionamiento para atender la difícil situación que materia de derechos, debido a los riesgos de vulnerabilidades y de amenazas”.

“A partir de ese compromiso queremos resaltar la disposición de avanzar en unos temas estratégicos como elevar a un carácter estructural la Alerta Temprana que nos va a permitir darle mayor fuerza jurídica y además atender con mayor celeridad la situación por la que estamos atravesando como pueblo”, indicó.

En relación con la situación que se presenta en departamento del Cesar, ese organismo ha advertido reiteradamente la situación de riesgo a la que están expuestos los líderes sociales y de forma particular se observa con preocupación el incremento en los casos de homicidio contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Precisamente, la entidad rechazó y pidió aclarar el crimen en contra del líder y reclamante de tierras, José Luis Quiñones, quien fue asesinado en Tamalameque.