Acción Popular contra contrato de Cerro Matoso

Un grupo de congresistas entre los que se encuentran David Barguil, Maritza Martínez, Jorge Enrique Robledo, Nora García Burgos, Daira Galvis, Bernardo Elías Vidal, José David Name, Rafael Antonio Madrid, Milton Rodríguez y Eugenio Prieto Soto radicaron una acción popular para lograr que se suspenda el contrato 051 suscrito entre la Nación y Cerro Matoso S.A.
 
De la acción judicial participan también el académico Álvaro Pardo y Mario Valencia, de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Trasnacional. La decisión, de acuerdo con el concepto del Consejo de Estado conocido el miércoles y los anuncios del Ministerio de Minas y Energía, es legal y tiene vigencia hasta el año 2029.
 
Según la acción popular, el contrato 051 lesiona gravemente el patrimonio público, razón por la cual los demandantes pretenden que un juez de conocimiento ordene al Ministerio de Minas demandar la nulidad del contrato 051 de 1996.
 
El grupo de congresistas señala que el contrato con Cerro Matoso afecta el erario porque se pactó el pago de un canon de arrendamiento de unos activos valorados en 1,3 billones de pesos, por el equivalente al 1,25 por ciento de las utilidades netas.
 
"Si se tienen en cuenta las utilidades de los últimos años, el canon equivaldría a 140 millones de pesos mensuales, tan solo el 0,13% del valor de los activos, muy por debajo del rendimiento del arrendamiento en el mercado inmobiliario, que está entre el 5 y el 10% del valor de los inmuebles. Es como si un propietario de una vivienda avaluada en 1.400 millones de pesos, la arriende al mes por 146.832 pesos", señala la acción popular.
 
Los demandantes afirman, además, que el concepto del Consejo de Estado no hizo estudio de las anteriores consideraciones porque el Gobierno no incluyó estos temas en la consulta.