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¿Aceptarán a Salvatore Mancuso en la JEP? Esta es la fecha de su audiencia para definir si su verdad le abre la puerta
La cita para la audiencia pública se llevará a cabo el 10, 11, 15 y 16 de mayo en Montería, Córdoba, con presencia de víctimas. Esta diligencia será definitiva para determinar si se acepta o no el sometimiento de Mancuso a la JEP en calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública.
Luego de golpear en varias ocasiones la puertas del tribunal transicional de la JEP, sin lograr ser recibido para contar su versión como actor del conflicto y aliado criminal de las Fuerzas Militares, quien fuera el máximo jefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, tendrá una audiencia en la que les dará la cara las víctimas del departamento de Córdoba, donde operaba este cabecilla paramilitar. La cita no es de poca monta, pues de lo que cuente Mancuso dependerá que su sometimiento sea aceptado por este tribunal.
La cita para la audiencia pública se llevará a cabo el 10, 11, 15 y 16 de mayo, y el jefe paramilitar estará conectado de manera virtual desde el Centro de Detención de Migrantes ICE-Stewart Detention Center en el estado de Georgia, Estados Unidos.
En este caso, lo que evaluará la JEP será el aporte sobre los hechos delictivos cometidos por los paramilitares en el departamento de Córdoba, y que estos sean “presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena”, que superen lo ya conocido por la justicia ordinaria y por Justicia y Paz. De eso depende que le abran las puertas a Mancuso.
Señalan desde la JEP que “todo lo que niegue o afirme Mancuso durante esta audiencia será contrastado por los magistrados de la sala y con base en ello determinarán si es aceptado en la JEP para acceder a los beneficios de la justicia transicional”.
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Pero esta no es la primera vez que el exjefe paramilitar busca llegar a la JEP, ya había presentado una solicitud de sometimiento que fue rechazada en junio 2020 por la Sala de Reconocimiento. No obstante, esta decisión fue apelada por sus abogados y a través del auto TP-SA 1186, del 21 de julio de 2022, la Sección de Apelación de la JEP confirmó el rechazo de Mancuso como tercero civil.
Sin embargo, se abrió una nueva posibilidad, “si demuestra fehacientemente, en audiencia única de verdad plena, que se incorporó funcional y materialmente, entre 1989 y 2004, a la fuerza pública”.
En la prueba ácida para Mancuso, que es justamente esta audiencia, deberá demostrar para garantizar su ingreso, en primer lugar, “su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar en los patrones de macrocriminalidad comunes. Además, su calidad de posible máximo responsable de la formulación y ejecución de dichos patrones”.
Informan desde la JEP que esta audiencia, que será una cita de cuatro días, será transmitida en vivo por medio de las plataformas y redes sociales de la JEP.
La cita con Petro
Así como ha tratado que su versión sea escuchada en la JEP, Mancuso ha intentado tender puentes con el presidente Gustavo Petro aún cuando estaba en la campaña. Esa respuesta le llegó hace apenas unos días cuando el mandatario hizo el anuncio.
En medio de un evento como parte de la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Petro respondió que esa reunión debe darse, especialmente, para saber qué pasó con los bienes, con la ley y con el proceso de paz con las organizaciones paramilitares.
“Hay que hacer una especie de fase final de la Ley de Justicia y Paz, los antiguos jefes paramilitares que han pasado sus condenas hoy dicen públicamente que estarían dispuestos a reunirse conmigo, yo creo que esa reunión debería darse, es necesario que Gobierno y beneficiarios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz se reúnan para ver qué pasó con los bienes, qué paso con la ley”, dijo Petro.
Y es que, para el presidente, este último punto debe ser prioridad en caso de una eventual reunión, pues considera que estos bienes deben ser rápidamente monetizados para que, producto de ello, se indemnice a las víctimas. “He observado cómo muchas haciendas paramilitares están hoy ocupadas por testaferros de los paramilitares o por el Clan del Golfo, que es lo mismo”, denunció, y agregó que se debe hacer un inventario para saber realmente cuántos de estos bienes están en manos del Estado.
Este pronunciamiento de Petro se da apenas una semana después de que se conociera una carta firmada por 16 excomandantes paramilitares en la que le manifiestan al mandatario sus preocupaciones por las consideraciones que tiene el gobierno actual sobre la Ley de Justicia y Paz.
“Nos dirigimos a usted de manera respetuosa, para manifestar nuestra preocupación por sus consideraciones sobre la Ley 975 de 2005 o de justicia y paz, y los desarrollos de nuestro proceso de paz en términos de desmovilización de combatientes, verdad, justicia y reparación para las víctimas”, indica la misiva.
En la carta advierten que es la primera vez, después de la negociación de Santa Fe de Ralito, que vuelven a coincidir de manera unitaria en una comunicación dirigida al Gobierno nacional.
La carta fue firmada por Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Carlos Mario Jiménez, Fredy Rendón Herrera, Edward Cobos, Rodrigo Pérez Alzate, Luis Eduardo Cifuentes, José Baldomero, Hernán Giraldo, Juan Francisco Prada, Manuel de Jesús Piraban.
Los exparamilitares piden algo puntual: una audiencia pública. De hecho, consideran que un debate público sobre los resultados de la desmovilización de las Autodefensas resulta pertinente y necesario.