La carta política que se juega Duque

La decisión del gobierno de Iván Duque de posponer la reforma pensional tiene un trasfondo puramente político. Los ministros de Trabajo y Hacienda argumentan que hay que pulir aún más el proyecto y discutirlo a profundidad con sectores políticos, expertos y organizaciones sociales. Pero existe la conciencia de que en los primeros meses de este periodo presidencial, al gobierno no le fue bien en sus relaciones con el Congreso.

A pesar de sus propuestas de unidad y de hacer un gran Pacto Nacional, Duque logró unas precarias mayorías legislativas. Con 53 senadores y un poco más de 86 representantes de su lado, solo pudo sacar una reforma tributaria muy cambiada frente a su espíritu oríginal, e incluso pesos pesados como Germán Vargas la han demandado porque consideran que no cumplió los requisitos de trámite formal. Lo mismo ocurrió con la reforma a la justicia, que se hundió en el camino, y con la mayoría de los proyectos derivados de la mesa anticorrupción.

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La ministra Nancy Patricia Gutiérrez y el consejero político Jaime Amín tuvieron un trabajo difícil. Con la insistencia del gobierno en establecer una nueva forma de relaciones con el Congreso, lograron aprobar solo una agenda mínima. Sacaron adelante la prórroga de la Ley de Orden Público, la que elimina la conexidad entre el delito político y el narcotráfico, y quedó vivo el proyecto de reforma política aunque los congresistas ya le quitaron el corazón: la obligatoriedad de presentar listas cerradas.

La ministra Nancy Patricia Gutiérrez y el consejero Jaime Amín preparan las reuniones para mejorar la gobernabilidad.

El cambio repentino en las formas de tratar con los congresistas no tuvo el respaldo de un plan B adecuado. Hubo una débil interlocución con los partidos, en parte porque la mayoría de ellos se encuentran divididos, el Estatuto de la Oposición marcó nuevas reglas de juego e incluso el partido de gobierno puso en aprietos al Ejecutivo cuando le hizo oposición a algunos aspectos de proyectos estructurales. En algúnos momentos Álvaro Uribe pareció ser el principal opositor.

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Pero el propio expresidente tuvo la idea de recomponer la gobernabilidad. De hecho, en un trino de finales de año señaló la importancia de que el gobierno se concentre en rearmar una coalición que le sirva para impulsar sus iniciativas. En ese contexto, apenas terminó la legislatura, la ministra del Interior anunció que en febrero promoverá encuentros tanto con partidos gobiernistas como con los independientes, en aras de lograr ese objetivo. El presidente liderará las reuniones que realizarán con cada partido por separado. El 5 con el Centro Democrático y los conservadores, el 6 con La U y Cambio Radical y el 7 con el Partido Liberal.

Están planeando cuidadosamente esos encuentros. Existe conciencia de que son prácticamente la última carta del gobierno en materia de gobernabilidad. Por eso desde hace días han invitado individualmente parlamentarios de esas colectividades al Palacio de Nariño a conversar sobre los proyectos prioritarios para el Ejecutivo en 2019. La discusión del primero de ellos, el Plan de Desarrollo, comenzará en sesiones extraordinarias en los primeros dias de febrero.

El año anterior Cambio Radical buscó coincidencias con el uribismo para impulsar aspectos de la reforma política y a la justicia. Pero desde finales del semestre pasado las relaciones entre ambios sectores no están bien. Figuras de Cambio Radical como Germán Varón terminaron por quejarse porque el gobierno habría ‘fusilado’ su idea inicial de reforma a la justicia. Otros, como Rodrigo Lara, se opusieron a iniciativas respaldadas por el gobierno como la de modificar las salas de juzgamiento a militares en la JEP. Y por último Vargas Lleras terminó enfurecido con el contenido y el trámite de la reforma tributaria, al punto de que invitó a su bancada a no votarla.

En cuanto a La U, si bien más de la mitad del partido ha mostrado cercanía con el gobierno, no es claro que haya un liderazgo en ese propósito. Roy Barreras, Armando Benedetti y otros senadores con influencia interna en la colectividad han mantenido su defensa del legado santista, y Aurelio Irragorri, presidente del partido, ha guardado silencio sobre eventuales estrategias. La U forma parte de la coalición de gobierno, pero eso no se ha visto materializado al votar los proyectos.

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En el liberalismo, la situación es todavía más compleja. Aunque César Gaviria ha defendido la idea de apoyar a Iván Duque en temas estratégicos, criticó duramente la reforma tributaria y la de la justicia. Además, su partido es el que más ha perdido representación política. De ser la colectividad con más cargos de alto nivel en el Estado durante el gobierno Santos, pasó a ser una de las de menor influencia. Varios de sus senadores se sentirían mejor en la oposicion que en la independencia.

Hacer reuniones con las bancadas y no con la institucionalidad de los partidos plantea para la gobernabilidad la dificultad de que al Ejecutivo le va a tocar capotear las peticiones burocráticas de muchos de ellos. De hecho, en el Congreso dicen que Cambio Radical, el liberalismo y La U le dieron al gobierno parte de sus votos por la expectativa de que con el tiempo este flexibizaría las relaciones con el Legislativo y les daría una mayor representación. Por eso se espera que en la discusión del Plan de Desarrollo buena parte de los senadores y representantes de esas colectividades lleguen en una posición más exigente en cuanto a su eventual participación en el gobierno.

Desde su posesión, Iván Duque ha invitado a los partidos a hacer un gran pacto nacional que hasta el momento no se ha concretado.

Pero Duque se mantiene. Varios de sus ministros han recibido críticas por su poco talante político, pero el mandatario ha insistido en público y en privado que no habrá cambios en el gabinete. Mientras tanto, los partidos ya hacen sentir su presión. La semana pasada, La U y los conservadores plantearon crear los ministerios del Deporte y de la Familia, respectivamente, y asumieron que el ministerio de la Ciencia eventualmente sería aprobado como consecuencia del apoyo del gobierno a una idea liberal. El exsenador Hernán Andrade, presidente del Directorio Nacional Conservador, reclamó: “Las agendas no solo deben ser las del Gobierno Nacional. Uno es partido de gobierno para que le escuchen sus propuestas, no para ir a hacer de notario de las propuestas del Ejecutivo por importantes que sean”.

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Ante esa realidad, el gobierno tiene varias opciones. La primera de ellas, tratar de convencer con argumentos a los legisladores de sumarse a la coalición. Pero es ingenuo esperar que eso suceda. La segunda, formular un proceso que permita que los partidos presenten hojas de vida para algunos cargos de alto nivel y que Función Pública escoja entre esas nominaciones, lo cual tampoco le suena al presidente. Y la tercera, ponerle un nombre a la coalición y reactivar su dinámica alrededor de un tema bandera, el cual aún no aparece.

En sectores del Centro Democrático y políticos cercanos a Duque mencionan, además, que para armar una coalición de gobierno el Ejecutivo puede aprovechar la coyuntura previa a las elecciones locales. En unas elecciones en las que las alianzas partidistas tendrán un papel clave, tener cerca al Centro Democrático como partido de gobierno es para muchos políticos de La U, Cambio Radical y el Partido Conservador, la posibilidad de mantenerse en el poder local.

Finalmente, hay quienes no descartan que con criterios meritocráticos el presidente escoja figuras recomendadas de los partidos para representarlo en las juntas de las Cámaras de Comercio, en universidades tecnológicas o en las CAR. Sin embargo, ante el tamaño de las expectativas burocráticas de muchos parlamentarios, esa promesa tampoco garantízaría nada.

Según el Estatuto de la Oposición, los partidos pueden cambiar su orientación por una sola vez. Eso implica que Cambio Radical y los liberales, que ahora están en la independencia, podrían entrar al gobierno. De lo que pase en las reuniones de febrero, dependerá que se abra esa posibilidad. Para lograrlo sin volver a prácticas tradicionales, el presidente Duque y su equipo tienen el difícil reto de cambiar la mermelada por el liderazgo.