Acore rechaza la imputación de la JEP sobre falsos positivos

Este martes, el Caso 003 de falsos positivos, o como aclaró la Justicia Especial para la Paz que se llamará de ahora en adelante: asesinato y desaparición de personas presentadas como bajas en combate, dio su primer gran avance en el tribunal transicional con el anuncio de la imputación contra un general, nueve militares (entre oficiales y suboficiales) y un civil, dentro de la investigación por uno de los capítulos más oscuros de la guerra en el país: Norte de Santander, en especial El Catatumbo.

La mesa de la Sala de Reconocimiento de la JEP considera que estos asesinatos y desapariciones “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil”.

Frente a lo anterior, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) emitió un comunicado en que rechazan tajantemente el concepto y afirman que es “impreciso e incorrecto” decir que “existía una política institucional del conteo de cuerpos, una práctica norteamericana en Vietnam que nunca se aplicó en Colombia; es de una gravedad mayor, pues apunta a estigmatizar a un Ejército bicentenario, pilar fundamental de nuestra vida republicana”.

Para los miembros de la asociación, ese tipo de conceptos hacen caer en una falta a la población en general: “Incurre en el muy peligroso error de señalar a toda la institución de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

Además, indican que nunca existieron órdenes conjuntas, que quienes cometieron actos tan atroces lo hicieron motivados individualmente y por intereses particulares. “No existe ningún manual, directiva, instructivo o documento que le dé sustento a tan aberrante conjetura”, se enfatizó en el comunicado que contempla cuatro puntos.

En el último numeral dice que los firmantes de este consideran que la JEP “carece de la legitimidad moral suficiente para juzgar con el mismo rasero a violadores de los derechos humanos, hoy fungiendo como parlamentarios y quienes deberían estar en la justicia ordinaria”, enfatizando que los militares debería ser juzgados por la Justicia Penal Militar.

De igual manera, dejaron claro que rechazan las ejecuciones extrajudiciales de las que son responsables oficiales, suboficiales, soldados del Ejército Nacional, argumentado que les duele el daño causado, por lo que repudian lo sucedido.

Cabe recordar que la JEP advirtió que esta imputación es solo la primera de seis que se estarán realizando en próximos días, cuyos avances en las investigaciones han permitido llegar a la etapa de imputación de delitos. La JEP advirtió que continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por acción u omisión en el patrón macrocriminal determinado.

Según la investigación, los informes y la sistematización de los hechos, esta imputación resulta histórica por la magnitud de los hechos, pero la investigación de la JEP ha recibido críticas de parte especialmente del Centro Democrático.

Por la gravedad que representa el asesinato de civiles a manos de quienes los debían proteger, los imputados son acusados “por su participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”.

Los delitos que les imputaron a estas 11 personas son los de crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.