“Actuaciones del Gobierno se enmarcan en la ley”: Alto Comisionado para la Paz, ante negación de Fiscalía a levantar órdenes de captura

En medio de la polémica por el levantamiento de las órdenes de captura contra 16 cabecillas del Clan del Golfo y Los Pachenca, misma que continuó este viernes 13 luego de la decisión de la Fiscalía, que negó la petición del presidente Petro, y que ha venido dejando un sinsabor en los colombianos por las “facultades o no” que tendría el mandatario en cuanto a este tipo de actuaciones que van ligadas con los órganos de justicia, desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se emitió un comunicado.

En este se afirma que su función en esta polémica fue hacer llegar la petición del presidentea las entidades correspondientes y, además, insiste en que las decisiones tomadas por Petro están ligadas a la ley, por lo que no estaría sobrepasándose de sus funciones para tales fines, como se había llegado a asegurar popularmente.

“En relación con la solicitud del levantamiento de órdenes de captura para miembros de grupos armados, aclaramos que la función del Alto Comisionado para la Paz es comunicar a la autoridad competente la resolución que emite el presidente de la República”, indicó en su misiva el alto comisionado.

Ae agregó: “Respetamos la decisión de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, todas las actuaciones del Gobierno se enmarcan en lo estipulado por la Ley 2272 del 2022″, indicando que, muy a pesar de la decisión que se había tomado desde la Fiscalía, esta sería acatada.

Se insistió en que las actuaciones del Presidente estaban generadas bajo el marco normativo actual y, aunque la Fiscalía resaltó que los hombres a lo que se beneficiaría con el levantamiento de la orden de captura debían pasar por un proceso de justicia normal, puesto que no pertenecen a organizaciones de tinte político, el Gobierno Nacional instó a que este tipo de actuaciones era necesario para los acercamientos en pro de alcanzar la “paz total”.

“Todas las decisiones adoptadas por el presidente Gustavo Petro a este respecto están conformes a la Ley 2272 del 2022 y al Decreto 1081 del 2015. Esta ley es explícita al proveer las garantías jurídicas para el desarrollo de acercamientos y procesos de diálogo con grupos y estructuras de diversa naturaleza y motivación”, puntualizó la oficina del alto comisionado.

Concluyó: “A todos los colombianos que están haciendo parte de los procesos de construcción de la Paz Total les damos un parte de confianza: todas las actuaciones de este Gobierno seguirán siendo coherentes con el gran propósito nacional de la paz”, enviando un mensaje de tranquilidad al país.

De la misma manera, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno aclaró a la Fiscalía que, dentro de las peticiones especiales, no está dando o reconociendo un estatus político a estructuras criminales como el Clan del Golfo.

“Hemos recibido una negativa de la Fiscalía, el Gobierno respeta las decisiones de la rama judicial, queremos avanzar en un diálogo con la Fiscalía, pero hay que decir que cambió la ley y faculta al presidente para pedir ese tipo de suspensiones”, sostuvo Prada.

Agregó: “La normativa fue recientemente modificada en el Congreso de la República, la única manera de concretar la ‘paz total’ es el desmonte de estas organizaciones del crimen”.

“Existe una nueva figura, y al ser nueva, se aplica directamente la ley y podemos avanzar en la ‘paz total’; no se les está reconociendo estatus político, con esas organizaciones esperamos llegar a un sometimiento a la justicia”, anotó Prada.

Mientras tanto, para la Fiscalía, la petición del Gobierno Petro no procede porque estos criminales forman parte de Grupos Armados Organizados (GAO), “sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. Cabe aclarar que las resoluciones remitidas a la entidad no especifican cómo calificó la instancia de Alto Nivel a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de acuerdo con lo previsto en la Ley 2272 de 2022″, según indicó la entidad estatal en su comunicación.