La justicia gringa podría salirle a deber al exfiscal Gustavo Moreno

Sus declaraciones pusieron a temblar los sectores más poderosos del país, aún así, se cree que cuando Gustavo Moreno fue extraditado a Estados Unidos se llevó varios ases bajo la manga. Ahora, cuando se acerca la fecha para la lectura de su sentencia la pregunta que circula entre los corrillos judiciales es ¿cómo se cerró esa negociación?

Antes de montarse en un avión de la DEA, el exfiscal anticorrupción prendió su ventilador y por la colaboración en Colombia consiguió una sentencia de 4 años y 10 meses de prisión al haberle exigido un soborno al exgobernador Alejandro Lyons. A pesar de que confesó su culpa y que en Estados Unidos estaba siendo implicado por el mismo caso, pero por hechos cometidos en suelo estadounidense, su primera carta de entrada ante esa justicia generó alerta. Al sentarse frente a la Corte del Distrito Sur de La Florida se declaró inocente de todos los cargos.

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Esta jugada, más allá de ser una estrategia de negociación, obedeció a que en su primer encuentro con los gringos Moreno confirmó sus temores: su situación legal en Estados Unidos sería a otro precio. Era acusado de cuatro delitos relacionados con seis hechos delictivos vinculados a la violación del título 18 del Código de Estados Unidos, que hace referencia a transacciones financieras ilegales.

Los medios de comunicación registraron que el pasado 30 de mayo Moreno se declaraba inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude, fraude a través de comunicaciones electrónicas, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero. Pero lo que escondía este evidente revés era una cuenta de cobro que la justicia estadounidense le cargaba a Moreno y que este se negaba a pagar.

La DEA con ayuda del exgobernador Lyons tiraron un anzuelo que Moreno mordió durante una visita a Estados Unidos en junio del 2017. Allí recibió 10.000 dólares como parte de pago de un soborno para entregar a cambio toda la información judicial de carácter reservado que le sirviera al exgobernador Lyons para su defensa. Este monto, no más de 30 millones de pesos, que en últimas ni siquiera era significativo para Estados Unidos, le garantizaban una pena relativamente corta a pesar de los cargos y los agravantes por ser el fiscal anticorrupción más importante en Colombia.

Pero Moreno se estrelló con un obstáculo sustancialmente distinto. Estados Unidos al parecer pretendía hacerlo responsable del desfalco de Lyons al departamento de Córdoba, que en todos sus frentes puede superar los 66.000 millones de pesos. Lo hacían porque al parecer, con sus acciones delictivas cometidas en Estados Unidos, Moreno habría intentado dejar este caso en la impunidad.

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La defensa del exfiscal se centró en atacar el millonario monto y después el número de delitos en una negociación que cerró este 14 de agosto. SEMANA conoció el  acuerdo de culpabilidad que Moreno firmó con los abogados de la Corte del Distrito Sur de La Florida y que serán la base de su sentencia para el próximo 19 de noviembre.

Del documento se desprenden dos certezas: Uno, que Moreno terminó firmando un Plea Agreement en el que se comprometió a colaborar con la justicia de Estados Unidos a cambio de reducir su sentencia. El documento, suscrito por el exfiscal, su abogado David S. Weinstein y los abogados que actuaron en nombre de la justicia de Estados Unidos, rebaja de cuatro a uno el número de delitos por los que tendrá que responder. Así las cosas, el exfiscal accedió a aceptar su responsabilidad en el cuarto cargo del indicment, es decir, conspiración para lavar dinero.

Segundo, y lo más importante, el acuerdo establece que a Moreno se le responsabiliza por un lavado de dinero de aproximadamente de 10.000 dólares. Esta parte es clave porque el delito de lavado de dinero se tasa con base en la cantidad de dinero blanqueado.

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El documento deja sentadas unas pautas de tasación de su pena por cooperación. Le conceden en el acuerdo una reducción de dos puntos lo que significaría, según abogados estadounidenses consultados por este portal, que si se los aplican de manera bondadosa la sentencia final quedaría entre 10 y 16 meses. Sin embargo, es posible que el tribunal tenga en consideración que el delito que generó el lavado fue un soborno, algo que castiga con más dureza en la justicia gringa, lo que haría que Moreno terminara pagando una pena ente 15 y 21 meses de prisión.

Con estas cuentas, Moreno hace sumas y restas. Fue capturado por cuenta de una orden de extradición el pasado mes de junio del 2017. Es decir, lleva en prisión 17 meses de cárcel que tendrían que restarse al cumplimiento de su sentencia final. Del veredicto de la corte del Distrito Sur de La Florida dependerá si en dos semanas Moreno pasa otros cuatro meses en la cárcel, se regresa de inmediato a Colombia o, incluso, queda con un saldo a su favor. 

Por lo pronto, Moreno aceptó la entrega de un cheque por USD$ 7.000 al servicio de Alguaciles de los Estados Unidos antes o al momento de la sentencia. Este monto se tendrá en cuenta dentro de la deuda total de USD $10.000.

El Plea Agreement deja claro que estos puntos de aproximación son una predicción más no una promesa. De manera que, en todo caso, el tribunal podría llegar a imponer una pena de hasta 20 años de cárcel, seguido por un término de libertad supervisada de máximo 3 años de prisión. El documento no establece un monto mínimo y asegura que en caso de que la pena sea mayor a lo establecido en el puntaje que prevé el acuerdo, habrá un compromiso para buscar el desmonte del resto de los cargos del indicment después de condena. Si Moreno se niega a revelar circunstancias, que dé información falsa o que viole alguno de los términos el acuerdo será revocado.

Desde que se fue, el exfiscal anticorrupción viene solicitando la visa para su esposa y su hija, sin embargo, no le han sido concedidas. Ahora, si todo avanza como se negoción con los gringos, Moreno será deportado más pronto de lo esperado para que continúe con sus procesos de colaboración en Colombia. En el país lo esperan cuatro años y 10 meses de cárcel, y varios procesos que quedaron por fuera de toda negociación de la época en que fue funcionario de la Fiscalía y que podrían alargarle sustancialmente sus cuentas con la justicia, cuentas que por lo pronto parecen favorecerlo.

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