Cómo se ha afectado la paz con el coronavirus

Desde que se concretó el acuerdo de paz con las Farc, cada anuncio se presenta como histórico o definitivo. El vértigo que generaban estos calificativos volvió a despertar con intensidad. Esta vez, sin embargo, por la posibilidad de que millones de colombianos caigan de nuevo rendidos ante la violencia.

Los expertos suelen decir frases como “nos encontramos en el punto crucial de transformación” o “estamos frente a un momento definitivo”. La última alerta llegó el viernes, en la presentación del informe trimestral que hace el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Desde que empezó la cuarentena, la violencia desplazó a más de 7.500 personas. 

El documento resalta las conquistas institucionales conseguidas en medio de la emergencia sanitaria; no obstante, hace una descripción muy clara de sus problemáticas. El teletrabajo resolvió las necesidades institucionales en Bogotá, aunque en la práctica, condenó a los territorios a conservar males históricos. Entre ellos, el abandono estatal que los expone a nuevas espirales de violencia. 

Estos son los puntos claves del informe: 

La pandemia ha hecho estragos en la implementación del acuerdo, pero hay avances significativos: 164 excombatientes, de 1.372 que siguen estudiando, se graduaron de la escuela secundaria. Se han aprobado 57 iniciativas económicas colectivas y 1.309 individuales que benefician a 4.021 miembros del partido Farc. A pesar de que el camino a la política sigue lleno de espinas, la bancada de la Farc presentó 59 proyectos de ley en el Congreso, en su mayoría relacionados con la implementación de los acuerdos de paz y el impacto del coronavirus.

Ciertamente, el país opera a media marcha mientras trata de contener la emergencia. Sin embargo, el balance habla en favor de la institucionalidad fruto del acuerdo. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recibió más de 5.800 solicitudes. La Comisión de la Verdad aceleró la sistematización de las entrevistas que ha realizado a más de 10.000 víctimas, testigos y perpetradores. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que avanza en los siete macrocasos, dictó en tres meses 115 decisiones judiciales.

En materia territorial y gubernamental también hay conquistas notorias. La tasa de cumplimiento de los compromisos de erradicación voluntaria se mantiene en 96 por ciento, mientras que la de resiembra, en 28 municipios monitoreados, no llega al 1 por ciento. El órgano que aprueba los recursos para financiar programas relacionados con la paz, a partir de las regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos, aprobó 25 proyectos más durante la pandemia, que se suman a otras 44 propuestas del sector privado mediante el programa Obras por Impuestos.

El mundo observa a la justicia transicional. Después de verificar el cumplimiento de los acuerdos sobre el cese al fuego, el desarme, y de llevar un monitoreo minucioso sobre la implementación de lo pactado, la Misión de la ONU le hará seguimiento a las sanciones que impartirá el Tribunal para la Paz a la mayoría de los más de 12.000 comparecientes, entre exguerrilleros, terceros civiles y muchos se preguntan si también militares. Luego de hacer públicos los lineamientos a los que se ceñirá, un cruce epistolar del organismo con el presidente Iván Duque permitió confirmar el interés del Ejecutivo por extender el apoyo de la comunidad internacional.

Todavía no hay una respuesta formal del Consejo de Seguridad sobre ampliar el mandato y ensanchar las tareas del organismo. Pero el Gobierno ha dicho reiteradamente que la prórroga se mantendrá. A muchos, sin embargo, les preocupa el insistente interés de algunos miembros del partido de Gobierno por impulsar un nuevo proyecto para reformar la JEP. Las decisiones en esta materia son claves porque lo que pase con las llamadas ‘sanciones propias’ repercutirá en aquellos que reparen a las víctimas con trabajos, obras y actividad, después de reconocer verdad temprana y responsabilidad, sin ir a juicio.

Con el paso del tiempo se confirma que a pesar de que las Farc abandonaron sus retaguardias históricas, el Estado no supo aprovechar la oportunidad para recuperar el control de los territorios. De acuerdo con el informe, las organizaciones criminales se valieron de la cuarentena para expandir su control territorial y fortalecer su presencia sobre rutas de narcotráfico, especialmente en Cauca, Meta, Putumayo, Chocó, Nariño y Antioquia. En estos departamentos, la Misión ha verificado asesinatos y amenazas contra excombatientes asentados en los espacios con apoyo del Gobierno y en las nuevas áreas de reincorporación.

En los últimos tres meses la lista de hechos violentos ha sido larga: en Antioquia, 3 excombatientes y 12 familiares fueron evacuados y desplazados a la fuerza por amenazas. En Cauca, a otros 16 les tocó abandonar sus hogares y proyectos productivos por las intimidaciones de los grupos armados ilegales; y en el Meta, 17 exguerrilleros tuvieron que salir con sus familias de una nueva zona de reincorporación colectiva. La situación no solo es crítica para quienes suscribieron el acuerdo de paz: 6 líderes sociales fueron asesinados y otros 27 casos están en proceso de verificación. Desde que empezó la cuarentena se desplazaron a más de 7.500 personas.

Cauca presenta los niveles más altos de violencia contra líderes sociales, pese a la fuerte presencia de la fuerza pública. Desde que inició el confinamiento, ese departamento ha reportado cinco masacres. La pandemia desnudó la vulnerabilidad de las comunidades con presencia estatal débil, y la situación tiende a empeorar. El aislamiento al que están sometidos los territorios impacta directamente las garantías de seguridad de las víctimas. No solo se trata de las instancias consignadas en el acuerdo. En este momento, las poblaciones vulnerables tienen más dificultades para reportar situaciones de seguridad crítica y violaciones de los derechos humanos y para acceder a los mecanismos de respuesta institucional.

Se van a cumplir cuatro años de la firma del acuerdo, y hasta octubre se amplió el plazo para concluir el diseño de las rutas de reincorporaciones colectivas e individuales. Mientras esos detalles quedan finiquitados, un punto trasnocha a la comunidad internacional: el futuro de las iniciativas productivas de quienes dieron el paso a la legalidad. Según una encuesta del Consejo Nacional de Reincorporación, la pandemia ha afectado la mitad de estos de estos proyectos. Se acentuaron los desafíos asociados a las restricciones a la circulación y la asistencia técnica, hoy limitada por la brecha digital existente en las zonas rurales.

Garantizar que las iniciativas relacionadas con el acuerdo de paz queden consignadas en los planes de desarrollo que ejecutarán los Gobiernos locales en los próximos cuatro años será clave para lograr las grandes transformaciones prometidas, pero ante todo para asegurar recursos. Sobre esa apuesta, hay dos problemas en ciernes. De un lado, la pandemia se atravesó en la discusión sobre cómo ejecutar los ítems del acuerdo. Y del otro, ante la emergencia sanitaria, las prioridades de asignación presupuestal se ajustaron. Esto no significa que los proyectos en marcha se quedarán sin fondos, pero sin duda la crisis tendrá efectos o hará que lo que llegue a muchas zonas se ejecute amparado bajo otras figuras, y no necesariamente las del acuerdo.