¡Corten, corten!: los días claves para el acuerdo de paz

Ha caminado durante siete meses por la cuerda floja entre la necesidad de implementar el acuerdo y la imposibilidad de darle gusto inmediato al ala radical del Centro Democrático. Solo ahora el presidente Iván Duque comienza a aterrizar la postura que mantendrá frente a la negociación con las Farc.

Muchos siempre temieron que su posesión trajera una respuesta inmediata a la solicitud de varios miembros del partido de gobierno, como el exministro Fernando Londoño, de “hacer trizas la paz”. Pero lo cierto es que el mandatario apenas empieza a tomar las decisiones más importantes con las que no solo determinará el futuro de la implementación, sino con las que al final de cuentas se sabrá para qué sirvió lo pactado.

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La preocupación por las decisiones cruciales que el mandatario ya tomó o está por tomar crece en gran medida porque, como dijo el ex alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, la mayoría de los procesos de paz fracasan después de la firma, al ponerlos en práctica. Hay consenso internacional en que el acuerdo firmado en el Teatro Colón en 2016 es uno de los más completos y profundos. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que el papel puede con todo y que la verdadera prueba ácida llega en la práctica, como viene ocurriendo en el país. Y es que en estos dos años, por cuenta del rezago de la implementación y el efecto del caso Santrich, el acuerdo se está desintegrando. Las disidencias crecen, los comandantes alegan que no hay seguridad jurídica, los proyectos productivos no salen del papel y al presidente Duque se le agota la oportunidad de conservar los históricos logros en la reducción de la violencia.

Iván Márquez y el Paisa enfrentan una prueba de fuego ante la JEP por el caso 001 por secuestro. Si no se presentan a cumplir sus respectivas citaciones, podrían dar motivos para perder definitivamente los beneficios del acuerdo.

Un detalle menor desencadenó hace un mes importantes ajustes. Emilio Archila dejó a un lado el rótulo de alto consejero para el Posconflicto y desde el 14 de febrero se presenta como el nuevo alto consejero para la Estabilización. El asunto es anecdótico, pero tiene una connotación profunda. Además, con el poco registrado Decreto 179 del 8 de febrero ya había desaparecido la Dirección del Programa de Sustitución de Cultivos y las personas vinculadas no saben con quién entenderse. Con ese ajuste el Gobierno comenzó a replantear la estructura institucional del posconflicto y de paso a tallar su propia hoja de ruta.

El revolcón institucional causado por el decreto acabó también con las direcciones de otros dos entes clave: el Programa para el Posconflicto y el de Inversión Privada para el Posconflicto. Además, la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal, para la cual el Gobierno aún no ha nombrado director, no aparece como tal en la nueva estructura. Y el control de los recursos económicos quedó en manos en parte del Departamento Nacional de Planeación y no solo en la Consejería.

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Archila ha dicho que “si las funciones de la implementación están asignadas a la Consejería para la Estabilización y Consolidación, también lo están las tareas de la sustitución voluntaria de cultivos”. Pero en la práctica los efectos resultan evidentes. Para los críticos de los ajustes institucionales, la desaparición de las direcciones implica que los programas pierden su nivel y que no hay un doliente que los opere y vele por ellos.

De hecho, esa falta de claridad levantó a centenares de campesinos en el sur de Córdoba y Cauca que desde la semana pasada protestan por el incumplimiento del Gobierno. De acuerdo con varios manifestantes consultados por SEMANA, nadie resuelve la demora en los pagos para las familias que van a sustituir voluntariamente sus cultivos ilícitos. Los campesinos que firmaron los acuerdos colectivos ven con malos ojos que el Gobierno le esté dando prioridad al proceso de erradicación forzosa, como ocurrió en Cajibío. Allá se enfrentaron con el ejército en un episodio que le dio la vuelta al país.

A la medida

Quienes respaldan el acuerdo de paz quedaron desconcertados hace unas semanas ante la poca disposición que mostró el Gobierno por incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) las metas del acuerdo para los próximos 20 años, fijadas en el Plan Marco de Implementación. Esa medida retrasaría la paz durante el cuatrienio y, por ende, el calendario a largo plazo acordado en La Habana. “Nos preocupan las metas de reparación de víctimas, restitución de tierras, reincorporación, erradicación y sustitución de cultivos de coca, el fondo de tierras y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”, señaló la representante Juanita Goebertus.

No esclarece, en la práctica, cómo será la convivencia de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) que surgieron tras el lanzamiento de la política de seguridad y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) activos en los territorios. El acceso a tierra fue un eje del conflicto armado, y por eso inquieta que este primer proyecto no contemple ni una sola meta de restitución de tierras. Y por lo menos 15.000 solicitudes quedaron con aval del gobierno Santos y deberían seguir su curso.

Tampoco se puede perder de vista que la implementación del acuerdo de paz, en buena medida, depende de los recursos necesarios. La congresista Goebertus, que hace una veeduría juiciosa del tema, sostiene que el Gobierno no incluyó en el artículo 4, que contempla el Plan Plurianual de Inversiones, una sección específica de paz como exige la Constitución. Los recursos no son adicionales como deberían. En las bases del PND hay 37,1 billones de pesos provenientes de otros sectores y el Gobierno los presenta como si fueran aportes para la paz. Esta administración deberán inaugurar las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2016, que buscan incluir, durante un periodo de 20 años, una agenda de paz. Sin embargo, habrá que ver qué tanta disposición tiene el Gobierno para meterse en esa materia.

Cabos sueltos

Los próximos días determinarán el futuro del acuerdo. Y sin duda generará gran remezón, tanto como el plebiscito de paz, la decisión que tome el presidente Iván Duque sobre objetar la ley que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, encargada de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto (Ver artículo página 22).

En ese nuevo contexto habrá que ver qué tanta voluntad de comparecer a los estrados tienen algunos excomandantes de las Farc que desaparecieron hace meses. En efecto, Iván Márquez, el Paisa y Romaña llevan ese tiempo alegando carecer de seguridad jurídica, y ahora sí tendrían una justificación. La JEP comenzará a decidir en la próxima semana el futuro de los miembros del extinto Estado Mayor Central, citados en el marco del caso 001.

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El exjefe del equipo negociador de esa guerrilla, Iván Márquez, tiene a su favor que a la fecha ha cumplido las solicitudes de la jurisdicción de paz y tiene quien lo represente. Pero nadie sabe si se presentará en Bogotá el jueves a su cita. El exguerrillero se enfrenta a tres escenarios: 1) presentarse en el edificio de la JEP en el norte de Bogotá. 2) alegar, como viene haciendo, problemas de seguridad y solicitar el encuentro en alguna parte del territorio o entregar su relato vía web. 3) por el contrario, guardar un silencio que obligue a los magistrados a abrirle un incidente de verificación de incumplimiento como el que tiene el Paisa.

En el caso de este último, no comparecer en marzo, en el plazo que le fijaron, llenaría aún más de motivos a quienes llevan la investigación en su contra. Eso confirmaría la opinión de un conocedor del tema: “En ese caso, al excomandante de la columna Teófilo solo lo salvaría un milagro”.