En el congreso, la paz va a medio camino

La paz está en una carrera contrarreloj en el Congreso. Faltan menos de cuatro meses para la instalación de la nueva legislatura y el gobierno aún no termina de sacar adelante las leyes y reformas contempladas en los acuerdos con las Farc. Los tiempos políticos, en plena campaña, no son los más adecuados para probar iniciativas polémicas. Han pasado 15 meses desde el encuentro en el Teatro Colón, y predomina la imagen del accidentado aterrizaje de la exguerrilla en la vida política, mientras el gobierno se ve a gatas para cumplir su parte.

El tiempo para cimentar las bases de la implementación se agota. En un año se terminó el fast track sin cumplir las expectativas y las necesidades que exigía el proceso de paz. A pesar de que en el Capitolio se priorizó el tema y ocupó casi el 80 por ciento de la agenda, al final solo salió adelante la mitad del paquete normativo propuesto. El camino resultó tortuoso y la meta quedó corta. Pocas iniciativas pudieron salir a flote, como la Ley de Amnistía, la Jurisdicción Especial para la Paz, la participación en política de las Farc y el Estatuto de la Oposición.

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En el gobierno todavía son optimistas y confían en que estos tres meses que quedan de legislatura podrán sacar adelante las iniciativas pendientes. “El tiempo es oro”, dice el famoso adagio popular. Por eso, en la misma semana en que se reanudaron las actividades en el Capitolio, los ministerios encargados se apresuraron a radicar con un mensaje de urgencia las primeras tres iniciativas. Sin fast track, ese es el único camino que queda para acelerar su trámite y descartar que terminen hundidas en el proceso por vicios de forma. Aunque no se reducirá el número de debates, las comisiones del Congreso por las que deben pasar los proyectos se reunirán conjuntamente para estudiar los mismos y luego pasarán a las plenarias de Senado y Cámara.

Está primero en la lista el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca, que busca darles un plazo a los campesinos para que reemplacen sus siembras sin el miedo de tener que rendir cuentas ante la Justicia. El segundo proyecto, construido de la mano con la Fiscalía, busca el sometimiento de las bandas criminales para facilitar el desmonte de poderosas y temidas estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Y, finalmente, el senador del Partido de la U Roy Barreras rescató de las cenizas el proyecto de acto legislativo de las 16 circunscripciones de paz que, según sus cálculos, estaría listo a finales de noviembre. Pero no es el único que aparece en cola. Dos iniciativas más relacionadas con el mismo tema y gestionadas por el Partido Conservador y el Liberal también se suman a la lista.

“No se aprovechó el tiempo y se dejaron muchos trámites para última hora. Ahora, el gobierno no ha hecho lo suficiente para garantizar una paz estable y duradera. No ha copado el territorio ni protegido los líderes para asegurar la reincorporación de los excombatientes. Nos preparamos para la guerra y ahora no saben cómo administrar la paz”, advierte Barreras.

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Cualquier cálculo sobre el futuro de la implementación, sin conocer el nombre del nuevo inquilino de la Casa de Nariño, sería impreciso. Pero difícilmente un nuevo gobierno se meterá de lleno a dar la pelea por una bandera ajena. De ahí que a muchos les preocupa la cantidad de iniciativas que quedaron en el tintero. Entre ellas están las garantías para promover la participación política de organizaciones y movimientos sociales, la reforma a la Ley de Víctimas y la inclusión de ajustes al Plan Nacional de Desarrollo para cumplir en el corto plazo con algunos de los compromisos pactados en La Habana. Esto, sin contar ambiciosas propuestas como la reforma rural integral, que ni siquiera produjo acuerdos entre los actores interesados, a pesar de que se firmó en la mesa de negociación hace cinco años.

El panorama es desalentador si se tiene en cuenta que, pese a que el Congreso y la Corte Constitucional avalaron el acto legislativo que creaba la Jurisdicción Especial para la Paz, su arquitectura permanece a medio hacer. Falta la ley de procedimiento y el reglamento, herramientas claves para su funcionamiento y que apenas serán radicadas después de Semana Santa. Esa será la apuesta más importante de lo que queda de esta legislatura. El nuevo tribunal abrió sus puertas la semana pasada y este jueves recibió los primeros 18 expedientes de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, el caso de Luis Fernando Almario, procesado por el crimen de los hermanos Turbay Cote. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer antes de que empiece a funcionar en forma.

En contra juega la falta de gobernabilidad, la preocupación de los congresistas por impulsar la campaña presidencial, el desinterés de los quemados y la poca fuerza de los temas asociados a la paz. El gobierno en sus últimos meses tiene el gran reto de convencer a los congresistas de apoyar los proyectos por los que se la jugará el presidente Juan Manuel Santos en la recta final de su mandato. Sin embargo, nadie sabe si los que no se reeligieron, en su mayoría miembros de oposición e importantes aliados de la paz, querrán meter las manos al fuego por un mandatario desgastado.

Dejando de lado la montaña rusa política, con este incierto panorama se disuelve la posibilidad de atacar de raíz los principales generadores de violencia en 50 años. Quedaron en blanco iniciativas cruciales para consolidar la paz. En especial, aquellas relacionadas con el desarrollo rural y la reforma política. Las leyes sobre adecuación de tierras, innovación agropecuaria, adjudicación de baldíos en zona forestal y creación del sistema de catastro multipropósito apenas van a ser presentadas.

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Aunque a nivel internacional piensan que el acuerdo firmado en el Teatro Colón es uno de los más completos, el papel lo aguanta todo. La implementación de la paz en Colombia navega entre la experiencia de Irlanda del Norte y Guatemala. O el país corrige el camino para reorientar el proceso o cae a los pies de la violencia reciclada. El Consejo Noruego para Refugiados hizo una lista de las diez cosas que amenazan la paz. “El gobierno no está haciendo lo suficiente y los réditos no se sienten en los territorios”, dice. Por esa misma línea se pronunciarán en los próximos días los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica, que lanzarán una invitación para rodear la implementación de los acuerdos. Todo esto con la premisa de que se trata de un compromiso de Estado, blindado de cualquier tormenta política.

En el futuro habrá mil maneras de contar la implementación del acuerdo. Todo depende del lente con que se mire y del lugar examinado. El gobierno, la oposición, los excombatientes, las víctimas o un colombiano de a pie tienen una historia particular que contar a partir de cómo le tocó vivirla. Sin embargo, a todos les queda el sinsabor del esfuerzo desplegado por más de seis para negociar y los posteriores problemas para implementar lo negociado. Por eso, a pesar de las dificultades propias de la situación, se necesita ajustar varias tuercas para que el motor de la paz se instale y por fin empiece a funcionar.