Fast track, la súplica de Santos a la Corte Constitucional

Apenas aterrizó en Oslo, el presidente Juan Manuel Santos hizo un pedido que aparentemente nada tenía que ver con el Nobel de Paz que recibiría un día después. En una conferencia de prensa que duró aproximadamente 40 minutos, el primer mandatario aseguró que "espero que el próximo lunes la Corte Constitucional de Colombia le dé su bendición al ‘fast track’ con el fin de implementar el acuerdo con las Farc lo más pronto posible”. 

En semejante contexto de felicidad y ante decenas de periodistas de cadenas internacionales, la súplica del presidente llamó la atención. La frase demostraba lo importante que es para el gobierno la decisión que la Corte Constitucional tomará este lunes 12 de diciembre. El Fast Track es ni más ni menos, a su juicio, la única forma posible de implementar el acuerdo de paz que se logró con las Farc tras cuatro años de diálogos.

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Santos ya había recibido una bendición hace unos días cuando el Congreso de la República refrendó el nuevo Acuerdo de Paz por amplias mayorías.  Pero falta otra, pues necesita que la Corte Constitucional concluya que este paso puede entenderse como la "refrendacion popular" que exige el Acto Legislativo para poder activar el Fast Track.  

La preocupación no es menor. De la decisión que tome el alto tribunal depende la velocidad con la que se tramitarán los proyectos de ley que requiere la implementación del acuerdo de paz.

El tema ha generado encontrones no solo entre el gobierno y la oposición, sino también entre el gobierno y las Farc. Después de la refrendación en Capitolio,varios lideres de esa guerrilla aseguraron que no entendían que ese momento como el llamado Día D, o día en el que se debe dar inicio a contar los tiempos de la desmovilización.

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A pesar que en la página 271 del nuevo acuerdo quedó consignado que el Día D era la fecha siguiente a la aprobación -en este caso la del Congreso-, las FARC dieron un paso atrás. A través de las redes sociales le respondieron al Gobierno: "Aprobada la refrendación, Ley de Amnistía marcara el día D para el inicio de la implementación de los acuerdos. Es lo que dice Acuerdo firmado", dijo ‘Pablo Catatumbo‘.

Sin embargo, así no quedó consignado en el papel: "Para efectos de la dejación de armas, al día de la entrada en vigor del Acuerdo Final se le denomina ‘día D‘. La Dejación de Armas implica una fase de Planeamiento y otra de Ejecución", se lee en la página 271 del documento final. Al final, tanto la guerrilla como las FARC emitieron un comunicado de prensa en el que disipaban las dudas y aseguraban que el Día D sí había llegado.

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El tema parecía un cruce de cables, pero en el fondo tenía mucho significado. En últimas el temor de todos es el mismo: el Fast Track. El mecanismo se ha convertido en el punto indispensable para poder avanzar en el proceso. Se trata de una "ventaja" que le otorgó el Congreso al Gobierno para poder tramitar el enorme paquete legistlativo que necesita la implementación de la paz. Se ha hablado que pueden ser cerca de 50 leyes y una decena de reformas constitucionales. 

El Fast Track (vía rápida), como su nombre lo indica, lo que busca es que ese trámite sea más expedito. Esto porque la mayoría de las leyes se necesitan para volver realidad puntos importantes del acuerdo, sin los cuales no se puede avanzar en el proceso. En el Acto Legislativo para la Paz esta contemplado que todo ese paquete tenga las siguientes caractaristicas: iniciativa exclusiva del Gobierno, prelación frente a todos los otros temas, solo se puede votar Sí o No, y las únicas modificaciones que podrán tener tienen que ajustarse al contenido del Acuerdo Final y contar con el aval previo del Gobierno.

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En términos de tiempo, los actos legislativo serán tramitados en una sola vuelta de cuatro debates (normalmente son ocho) y el tránsito del proyecto entre una y otra Cámara será solo de ocho días. Lo mismo pasa con los proyectos de Ley que pasan de cuatro vueltas a dos. 

Todos los puntos mencionados anteriormente darían un tránsito más sencillo del acuerdo y le ofrecerían a ambas partes la garantía de que los temas quedaran tal cual como fueron pactados y que los congresistas no podrán "meterle mano". La perdida de esas atribuciones por el Congreso había sido objeto de una enorme controversia pues algunos parlamentarios se negaban a hacer "notarios" de los textos firmados en La Habana y exigían poder debatir lo pactado. Sin embargo, esto haría más díficil la implementación. 

La ley clave: la Amnistía

Por eso, la expectativa que hay para que la Corte Constitucional reviva el Fast Track es enorme. El primer tema que llegará al Congreso será la Ley de Amnistía, una discusión que abrió un abismo entre el Gobierno y las FARC. ¿La razón? Pese a que los miembros de la guerrilla ya se encuentran ubicados en los 26 puntos de preagrupamiento, no se quieren arriesgar a trasladarse a las zonas de concentración sin estar a paz y salvo con la justicia. De ahí que como salvavidas, mientras se resuelve los trámites institucionales, el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, haya anunciado que el Gobierno alista un paquete de indultos.

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Serán cobijadas 50 guerrilleros de las FARC que están recluidos en las cárceles por delitos amnistiables. Aunque las FARC aún no han entregado los listados, el Gobierno trabaja para concederles este beneficio, usando las leyes actuales, antes de navidad.

"Nuestras prisioneras y prisioneros de guerra deben comenzar a ser excarcelados ya puesto que comenzó a correr el día D", aseguró el jefe guerrillero Ricardo Téllez este viernes, después de que los negociadores zanjaron las diferencias minutos antes de la entrega del Premio Nacional de Paz, cuando emitieron un comunicado conjunto anunciando que efectivamente el primero de diciembre empezaba a correr el cronograma de 180 días para que las FARC entreguen hasta el último fúsil.

Bajo esos cálculos, el 29 de mayo del 2017 la guerrilla más vieja del continente habrá terminado de hacer su transición a la vida civil. Pero el camino no está completamente despejado. Para que eso suceda dentro del cronograma que tiene programado el Gobierno, la Corte Consitucional tendrá que darle luz verde al Fast Track.

Y la forma de hacerlo es precisamente pronunciandose sobre la forma en que podría entrar en vigencia el Acto Leglslativo para la Paz. De hecho, la discusión de los magistrados está centrada en si se puede considerar una refrendación vía Congreso como la "refrendación popular" que exigía esa reforma constitucional para poner a andar el Fast Track. Si pasa esta prueba de fuego, se habilitaría de inmediato ese mecanismo.  

Las diferencias entre los negociadores tendrán un compás. Mientras las FARC termina su traslado a las zonas veredales que podría tardar casi un mes y medio, el Gobierno tramita los proyectos de ley y normas que necesita como la Ley de Amnistía.

Eso quiere decir que pese a que a partir del día cinco los diferentes frentes de las FARC comienzan a desplazarse hacia las zonas acordadas, tardaría varios días en llegar hasta los puntos que fueron acordados. Ese tiempo servirá para que el Gobierno le de trámite a los temas que están en cola y que tiene en ascuas a la guerrilla.

La preocupación de los negociadores creció desde que se incluyó en el artículo quinto que dice que no podrá activarse el Fast Track si no se pasa por una refrendación popular. Y con esa precisión, los resultados del 2 de octubre arruinaron esa posibilidad. 

El panorama se complica si se tiene en cuenta que en la ponencia de María Victoria Calle que se discute este lunes la magistrada da un espaldarazo al Fast Track y las facultades extraordinarias para el Presidente, pero no toca el artículo quinto. Esto en la práctica significa que el modo posible de activación del mecanismo es pasar por una refrendación popular. De ahí que sea tan clave que los demás magistrados aclaren que esa refrendación podía darse en el congreso y que no se necesita otro plebiscito.

El Fast Track permite dos cosas: acortar el tiempo del trámite y la obligatoriedad de votar en bloque. Para las FARC el tema es clave. Especialmente porque si se concentran si se concentran sin esa garantía, correrán el riesgo de que el trámite de la Ley de Amnistía tarde más meses de los seis que contempla el proceso de dejación de armas.

"El efecto práctico es que mientras una reforma constitucional por la vía ordinaria (sin fast track) tarda cerca un año porque tiene que dar ocho vueltas en el Congreso, con el Fast Track se demoraría la mitad del tiempo", explicó el exmagistrado Juan Manuel Charry a este portal.

Ahí radica la angustia del Gobierno y las FARC. Si no consiguen alinear los tiempos jurídicos con el cronograma de la dejación de armas que empezó a correr este primero de diciembre, se corre el riesgo de que se dilaten los tiempos. Es decir, que se amplie los lapsos que tienen contemplados y con ellos se alargue y se enrede la transición de la guerrilla a la vida civil.

Otra preocupación es que bajo el concepto de la ley ordinaria los parlamentarios podrán debatir en detalle la ley de amnistía y los demás proyectos que se tramiten, con el Fast Track el Congreso sólo puede decir Sí o No.

Es decir, arranca otra negociación, esta vez en el Congreso. En el caso de la ley de amnistía, ante las inconformidades que han mostrado algunos voceros del No se podría cocinar la discusión de qué crímenes pueden ser objeto de este tratamiento y cuáles no. Un escenario que no les conviene a las FARC, ni al Gobierno ya que endurecer la ley de amnistía cambia las reglas del juego de lo que se pactó en La Habana y con ello se podría enredar la negociación.

"Existe un riesgo adicional para el proceso mientras más pase el tiempo. Fundamentalmente porque no solamente hay un desfase entre el proceso institucional y el proceso de desarme, sino porque podría coincidir con el ciclo electoral del 2018 (...) la corte es el árbitro de estas decisiones en Colombia y tendrá que decidir teniendo encuenta los argumentos de todas las partes", le dijo una fuente a Semana.com

El Gobierno posiblemente aprovechará el margen que le da el traslado de la guerrillerada a las zonas veredales para tramitar la Ley de Amnistía como insistentemente lo han pedido, pero para que su situación no se enrede más necesita que la Corte acepte la refrendación en el Congreso y no lo condicione a acudir a las urnas.

Con el tiempo corriendo contrarreloj, las FARC le dieron la bienvenida al Día D -el inicio del proceso de la dejación de armas-esperando que mientras se trasladan a las zonas de concentración, el Gobierno consiga poner a andar la implementación sin que el proceso se empantane en el camino. Y es que una de las preocupaciones del Gobierno, es que por la demora de estos procesos, el Secretariado pierda poder sobre su tropa y aumente el número de disidentes.

El presidente Álvaro Uribe, por su parte, ha sido uno de los mayores criticos de que la Corte avale esa posibilidad. "Perdieron el plebiscito a pesar de las ventajas que se dieron, no introdujeron modificaciones sustanciales a los acuerdos, impusieron el texto final. (...) No contentos con lo anterior quieren implementarlo todo a través del Fast Track, procedimiento extra rápido en el Congreso, que en la práctica prohíbe modificaciones y hace nulo el debate", escribió en su cuenta.

Según él, el presidente Santos está atemorizando a la población con el discurso de que se les agota el tiempo y así está eludiendo un debate y la posibilidad de hacer modificaciones sustanciales al acuerdo.

En las horas de la tarde del lunes, se espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema. Cualquiera que sea la decisión que tome, es claro que una parte de la opinión pública no quedará contenta. La decisión puede ser una de las más cruciales de ese alto tribunal este año y marcará la posición que tomará  la justicia con el proceso los meses que vienen.