Acuerdo de paz: informe de la Defensoría advierte escaso avance en el programa para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó el ‘Cuarto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, destacando la preocupante falta de avance en el programa para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Según el informe, es necesario redoblar esfuerzos para reactivar los componentes “rezagados” después de siete años de la implementación del acuerdo.

El documento destacó que las regiones más afectadas por la siembra y comercialización de cultivos ilícitos, como los departamentos de Cauca, Putumayo y Norte de Santander, han registrado “menores niveles de avance” en la implementación de líneas productivas.

El informe señaló que proyectos productivos de ciclo largo tienen un avance del 2 % en comparación con el universo total cercano a las 100.000 familias. Estos proyectos son cruciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria, aseguró el defensor.

Resistencia de grupos armados y ausencia del Estado

El informe también subrayó que los programas de sustitución de cultivos ilícitos se enfrentan a la resistencia de grupos armados ilegales que obstaculizan su implementación. La presencia de estas estructuras al margen de la ley, su influencia indebida y su capacidad de intimidación en las zonas, junto con la ausencia del Estado, han generado un déficit en el avance previsto, sostuvo la entidad.

De acuerdo con el informe, el incremento de la minería ilegal ha desplazado a las comunidades comprometidas en el proceso de sustitución, lo que ha resultado en un aumento de la violencia y un fortalecimiento de estos grupos. Además, ha obstaculizado la ejecución de órdenes de restitución de tierras y ha causado nuevas revictimizaciones, desplazamientos y la muerte de líderes sociales que impulsan estos programas.

Carlos Camargo Assis destacó que la política de ‘paz total’ “no debe afectar la implementación del Acuerdo Final de Paz”, y advirtió que no se debe permitir que esta propuesta obstaculice el cumplimiento o la implementación oportuna del acuerdo.

“Porque ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados, antes que desistir de su actividad ilegal, ponen palos en la rueda e impiden que lo previsto en el acuerdo se pueda concretar. Esta propuesta de ‘paz total’ del Gobierno nacional no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto”, aseguró.

Poca articulación entre entidades

El informe también puso de manifiesto problemas de articulación interinstitucional. La Defensoría del Pueblo ha identificado una considerable “improvisación” en la atención de algunos de los compromisos y altos niveles de improvisación después de seis meses desde su informe anterior.

A comienzos de año, con el tercer informe, la Defensoría incluyó algunas recomendaciones puntuales que debían ser atendidas de manera inmediata por la institucionalidad. “En nuestro más reciente informe ya habíamos advertido que era evidente una ralentización en el ritmo de ejecución y, por ende, de implementación de los puntos del acuerdo final, además identificamos una considerable improvisación en la atención de algunos de estos compromisos”, añadió Camargo Assis.

De igual forma, el defensor del Pueblo hizo hincapié en la necesidad de no concentrar todas las funciones relacionadas con la implementación del acuerdo final en el alto comisionado para la Paz y la importancia de una adecuada coordinación y seguimiento de los compromisos para garantizar su cumplimiento.

“El acuerdo de paz necesita un impulso que se materialice en la mejora de cada uno de los indicadores, los cuales miden el nivel de implementación, ya que, conforme a las cifras que detallamos en el presente informe, no muestran diferencias significativas”, enfatizó el defensor del Pueblo.