Acuerdo de Paz: Suficiente ilustración

Todos los protagonistas de la renegociación entre el gobierno y las Farc en La Habana coinciden en un punto: que en esta ronda se llegó al límite de lo posible. Cada uno de los ajustes hechos al acuerdo de paz fue difícil y hubo momentos en los que casi se rompe el proceso.

Y no fueron pocos. El presidente Santos dijo que se modificaron 56 de los 57 ejes temáticos en los que se organizaron las 410 propuestas de los líderes del No. Y el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, afirmó que se habían incorporado 80 por ciento de las observaciones recibidas.

Las enmiendas tienen cuatro grandes implicaciones. En primer lugar, tranquilizan a quienes interpretaron que el texto original ponía en riesgo valores tradicionales como la familia o la propiedad privada. En segundo lugar, el Estado adquiere mayor protagonismo y asume la responsabilidad de la seguridad jurídica del acuerdo y de su implementación. En tercer lugar, elimina los fantasmas que podían perturbar a los terceros, especialmente a los empresarios. Y en cuarto lugar, les pone mayores retos a las Farc en su tránsito a la vida civil.

La familia, la propiedad privada y el género

Uno de los puntos más controvertidos ha sido el enfoque de género. Varios líderes religiosos votaron por el No porque consideraron que el acuerdo atentaba contra la familia. El nuevo texto aclara que solo busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las principales víctimas del conflicto. También, que no habrá discriminación por ningún motivo en la implementación del acuerdo. A eso se suma que queda consignado que la familia es una víctima del conflicto y que deberá jugar un papel clave en la construcción de paz. Se reivindica la libertad de cultos y se les asigna a las Iglesias un papel protagónico en temas como la prevención y tratamiento del consumo de drogas y la implementación de los acuerdos.

Algo similar ocurrió con la propiedad privada. En el nuevo texto queda explícito que ninguna de las reformas sobre el agro la pondrá en riesgo y que la expropiación y la extinción del dominio se harán conforme a las leyes vigentes. Se aclara, además, que el avalúo catastral de los predios se hará como lo indica la ley hasta ahora, y que junto a la economía campesina el Estado también promoverá la agroindustria.

Más Estado en todos los niveles

Los cambios más importantes son los jurídicos. El primero es que la totalidad del acuerdo ya no irá a la Constitución, sino solamente las partes que tienen que ver con el DIH. En cambio quedó pactada una cláusula de cumplimiento por parte de todas las entidades del Estado, que debe convertirse en un artículo transitorio de la Constitución por 12 años. Las Farc cedieron en esta materia de seguridad jurídica, a cambio de un compromiso de carácter político.

El punto que más ajustes tuvo fue el de justicia. Lo más relevante es que el nuevo acuerdo engrana de mejor manera la justicia transicional con la jurisdicción ordinaria. Se abre la posibilidad de que haya tutelas contra actuaciones del tribunal y que estas sean revisadas por la Corte Constitucional. Así mismo, que el Tribunal Especial para la Paz no pueda echar atrás sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, sino que esta misma podría revisarlas. También se eliminó la posibilidad de que hubiese magistrados extranjeros y se le puso un plazo máximo de 15 años a la Jurisdicción Especial para la Paz. La Fiscalía tendrá un papel central en temas como la búsqueda de desaparecidos, la instrucción de casos, y la elección de personas claves en materia de garantías de seguridad como el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado.

El nuevo acuerdo también eleva el protagonismo de alcaldes y gobernadores. En el texto anterior las comunidades podrían decidir sobre las inversiones y políticas públicas de la implementación, y en la versión final quedó establecido que aunque las comunidades participen, las autoridades locales tomarán las decisiones.

También se amplió el plazo de la implementación de 10 a 15 años. Esto le da más margen de maniobra al gobierno en materia económica, pues se establece que habrá que tener en cuenta la realidad fiscal del país.

Si a esto se suma que la refrendación y el desarrollo legislativo están ahora en manos del Congreso, puede decirse que todos los poderes públicos tienen un rol más importante ahora, y que el destino de la paz está en manos del Estado.

Terceros sin discordia

El otro temor de los empresarios quedó disipado: la justicia para los terceros. En el anterior texto rondaba el fantasma de una cacería de brujas contra los civiles que participaron en el conflicto como financiadores o colaboradores. El nuevo acuerdo establece que quienes no hayan sido determinadores directos ni hayan participado activamente en graves violaciones de derechos humanos serán beneficiados por el Tribunal para la Paz con el cierre de sus casos. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los procesos abiertos hoy en la Fiscalía contra empresarios y políticos podrían concluir. A eso se suma que los reportes de ONG no tendrán valor acusatorio, sino apenas documental.

El límite de las Farc

Cuando Iván Márquez firmó el nuevo acuerdo, dijo que las Farc habían llegado más allá que cualquier guerrilla en una negociación. Posiblemente donde más cedió ese grupo fue en la restricción de la libertad para los responsables de crímenes graves. Queda claro que las sanciones restaurativas serán ejecutadas en zonas tan pequeñas como una vereda, que la movilidad de los sancionados tendrá que ser autorizada por el tribunal, y que en todo caso serán monitoreados por un organismo internacional.

Las Farc también se comprometieron a entregar, antes de que culmine la dejación de armas, un inventario de sus bienes, algo que deberán cumplir con transparencia si no quieren perder el acceso a la justicia transicional. También se comprometen a entregar toda la información que tengan sobre el narcotráfico en todos los eslabones de la cadena.

Adicionalmente, las Farc aceptaron salir de dos instancias claves en las que inicialmente iban a participar. Una es la Comisión de Implementación y Seguimiento. Esas funciones quedaron separadas, y la guerrilla solo participará en la segunda. También salió de la Comisión de Garantías de Seguridad, que se creará con la idea de combatir el crimen organizado y todas las amenazas que surjan en los territorios. Este punto fue especialmente difícil, pues la seguridad es un tema muy sensible para las Farc, dados los antecedentes de guerra sucia que hay en el país.

En materia política disminuyeron algunas gabelas que tenía el partido que crearán las Farc, tanto en dinero como en favorabilidades para la competencia. Por poner solo dos ejemplos, ya no podrán competir por las curules especiales para los territorios afectados por el conflicto y las 20 emisoras que se crearán en estos mismos territorios ya no serán asignadas solo a Ecomún, la entidad que ellos crearán para su reincorporación, sino solo un tercio de ellas.

Eso sí, las Farc no cedieron en el tema que va al alma de su dignidad como combatientes: la elegibilidad política. El nuevo texto mantuvo que todos los miembros de las Farc podrán participar en política, así hayan sido condenados por crímenes graves. Para ellos, el acuerdo consiste en dejar las armas para ingresar a la competencia electoral. Si los jefes del grupo quedan excluidos de ese derecho, en la práctica se les negaría la posibilidad de existir en política. Este es un punto de honor, pero también es la columna vertebral de la narrativa de la guerra. El que los define como rebeldes con causa, y no como criminales.

El país apenas está asimilando el nuevo acuerdo. Habrá quienes lo acepten y quienes no. Pero es evidente que se trata de cambios sustanciales y no cosméticos. Con este texto, la cuerda del proceso de paz quedó más tensa que nunca. Paradójicamente, pone a Colombia más cerca de la paz y, al mismo tiempo, a las puertas de volver a la guerra.