Acuerdo de paz sigue sin cumplir: en seis años, se han gastado $77.45 billones y no hay cambios estructurales en el campo, advierte la Contraloría

Un examen detallado de los avances y obstáculos en la implementación del acuerdo de paz en Colombia fue presentado en el séptimo informe de la Contraloría General de la República al Congreso. El informe destacó desafíos en varios puntos clave de la implementación y resaltó la necesidad de ajustes fundamentales para lograr resultados más efectivos.

Ejecución de recursos del acuerdo de paz

A pesar de una ejecución presupuestaria considerable de $77,45 billones en 6 años, la implementación del acuerdo de paz no ha logrado cambios estructurales en las zonas rurales de Colombia, enfatizó la Contraloría en su informe. Esta falta de resultados efectivos, aseguró, se debe en gran parte a una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos.

“No ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema, cuyos niveles según el Dane -último corte disponible de 2021- son mayores a los de 2017 en centros poblados y zona rural dispersa”, afirmó el ente de control.

Reforma Rural Integral

Los $44,9 billones ejecutados en la Reforma Rural Integral no han logrado las transformaciones necesarias, incluso en los municipios prioritarios. Para la Contraloría, la deficiente formulación de proyectos y la falta de coordinación entre las entidades responsables han contribuido a esta situación.

“De acuerdo con el Sistema Integrado de Información para el posconflicto, el 53% de los 220 indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) -o sea 116- presentan total cumplimiento en las metas anuales planteadas; sin embargo, buena parte de estos no indican el estado real de avance de la implementación con relación al cumplimiento de los compromisos y metas del PMI. De igual modo, el 50% de los PNSR tienen cobertura geográfica insuficiente; es decir, que no tienen un alcance nacional como lo estipula el Acuerdo Final de Paz”.

La Contraloría resaltó que, tras seis años de implementación, el indicador de “tres millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras presenta un mínimo avance con 19,655 ha entregadas, el 0,65% de la meta a 15 años, pese a que el Fondo de Tierras dispone de más de 1,300.000 ha”.

Participación ciudadana

La participación ciudadana, un componente esencial del acuerdo de paz, se ha visto limitada o casi inexistente en algunos instrumentos, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sostuvo la Contraloría. Aunque hubo participación comunitaria en la formulación de iniciativas en los PDET, aseguró, la incidencia en la implementación y el seguimiento ha sido mínima debido a limitaciones en el acceso y la calidad de la información financiera y contractual.

“En los PDET se logró total participación comunitaria en la formulación de las iniciativas, y mínima incidencia en la implementación, y en el seguimiento. Esto último por las limitaciones en el acceso y la deficiente calidad de la información financiera y contractual que vulnera la observancia del enfoque del AFP de abajo hacia arriba, en la adecuada participación ciudadana para ejercer un efectivo control social”, señaló el órgano de control.

Falta de ajustes en la implementación

Aunque la Contraloría resaltó los esfuerzos realizados durante el primer año del Gobierno Petro, sostuvo no se han observado “ajustes sustanciales” en la implementación del acuerdo de paz. Se espera que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final (UIAF) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) realicen los ajustes necesarios a nivel normativo, técnico y metodológico para avanzar hacia una transformación estructural en las zonas rurales.

Participación política

La ejecución presupuestaria en el componente de participación política asciende a $1,07 billones en el período 2017-2022. Sin embargo, indicó, persiste el retraso en la conformación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), “lo que afecta el cumplimiento de las metas de seguridad propuestas en el acuerdo de paz”.

Fin del conflicto

El componente ‘Fin del Conflicto’ ha experimentado una ejecución presupuestaria de $4,6 billones en el período 2017-2022. La Contraloría ha evidenciado un retraso en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), lo que genera dispersión de las acciones institucionales y desafíos en la reincorporación de excombatientes.

Solución al problema de las drogas ilícitas

Para la solución al problema de las drogas ilícitas, explicó la Contraloría, se ejecutaron recursos por $5,9 billones en el período 2017-2022. Sin embargo, enfatizó, la baja ejecución de los recursos asignados “aumenta el riesgo fiscal” y “afecta a las familias beneficiarias” del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Acuerdo para las víctimas

En el componente ‘Acuerdo para las Víctimas’, se ejecutaron recursos por $5,7 billones en el período 2017-2022. La Contraloría también evidenció la falta de actualización de indicadores y la inexistencia de indicadores para hacer un seguimiento adecuado en áreas como la restitución de tierras y las garantías de no repetición.

Implementación, verificación y refrendación

La ejecución presupuestaria en este componente ascendió a $1,28 billones en el período 2017-2022. Sin embargo, el informe señaló que persisten desafíos en la articulación entre proyectos de cooperación internacional y los instrumentos de implementación del acuerdo de paz.

Capítulo étnico

Finalmente, el informe de la Contraloría tocó los temas étnicos, en donde se destinaron $1,19 billones en el período 2018-2022. A pesar de un leve aumento en la asignación de recursos, insistió la Contraloría en que persisten deficiencias en el uso del clasificador presupuestal y la destinación de recursos para compromisos transversales en los puntos del acuerdo con comunidades étnicas.