Uribe presenta más de un millón de firmas contra el acto legislativo para la paz

El Acto Legislativo para la Paz, la reforma constitucional aprobada por el Congreso el semestre pasado, es la columna vertebral para poner en marcha los acuerdos sellados entre el Gobierno y las FARC en La Habana. Si los colombianos, el próximo 2 de octubre, refrendan con su voto el contenido de los acuerdos, estos sólo podrán ser implementados mediante leyes y reformas diseñadas en el Congreso durante seis meses.

Tan trascendental es el acto legislativo para la paz, que una demanda contra esta reforma sólo se puede entender como un ataque contra el corazón de la implementación de los acuerdos. Sin el acto legislativo, la implementación podría tardar más de lo esperado, e incluso podría ir más allá de la legislatura que concluye en junio del 2018.

Esta reforma le concede facultades extraordinarias al presidente de la República, hasta por seis meses, para expedir decretos relacionados con asuntos de paz; así mismo, califica de “acuerdo especial”, en los términos de los protocolos de Ginebra, el acuerdo final alcanzado con las FARC, y permitiría que hiciera parte del bloque constitucionalidad; y el que habilita un procedimiento expedito en Senado y Cámara para aprobar leyes con menos debates de los que actualmente se requieren para cualquier proyecto de ley.

Álvaro Uribe y sus congresistas del Centro Democrático fueron derrotados ampliamente en el Senado y la Cámara, pero no se resignaron a la derrota. Una vez se aprobó el último debate del Acto Legislativo, el senador y expresidente lanzó su “resistencia civil” e inició, por varias ciudades del país, una recolección de firmas de las que no se sabía muy bien cuál sería su propósito.

Unos pensaban que eran contra el proceso de paz; otros, contra los acuerdos de La Habana, pero este martes se supo su verdadero objetivo. Sería el respaldo ciudadano para demandar, ante la Corte Constitucional, el mencionado acto legislativo para la paz.

Desde el pasado mes de mayo fueron recogidas, verificadas y depuradas 1.315.968 firmas, contenidas en 82.248 planillas, y sirvieron de soporte simbólico de la demanda.

Para Uribe, el acto legislativo para la paz representa una sustitución de la Constitución, se aprobó de forma viciada y pone en peligro el orden institucional del país.

Según la demanda, esta reforma sustituye la Constitución “al afectar el principio de equilibrio de poderes, debido a que el Congreso sólo podrá modificar e incorporar en el eventual trámite de implementación de los acuerdos de La Habana, lo que el Gobierno le autorice. (…) al reducir el trámite de reformas a la Carta Política dentro de un proceso ‘exprés’, debilitando las instituciones normativas”.

Para el uribismo, también “otorga amplias facultades extraordinarias habilitantes para que el presidente dicte decretos con fuerza de ley, en el marco de una eventual implementación de los acuerdos de La Habana”.

Aseguran en la demanda que el acto legislativo para la paz “pretende limitar las facultades de la Corte Constitucional para el ejercicio del Control de Constitucionalidad. (…) Otorga facultades presupuestales no definidas que contribuyan al financiamiento del plan de inversiones para la paz, limitando la función de control presupuestal que le compete al Congreso de la República”.

Y lo que más escándalo les suscita, alegan, es que esa reforma “eleva el acuerdo entre el Gobierno y las FARC a acuerdo especial, para incorporarlo al Bloque de Constitucionalidad, volviendo a las FARC constituyentes”.

La radicación de esta demanda fue liderada por los voceros del No, el senador Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo; por los voceros de la bancada de Senado, Paloma Valencia, y la bancada de la Cámara de Representantes, Rubén Darío Molano; los congresistas del Centro Democrático y los colombianos que vienen acompañando el proceso de la llamada resistencia civil. Ellos marcharon de la Plaza de Bolívar de Bogotá al Palacio de Justicia.

De llegar a ser admitida, la demanda no atajaría los tiempos con los que cuenta el Gobierno para la refrendación e implementación. El acto legislativo está vigente desde el 3l de mayo y sólo se entrará a aplicar una vez sean refrendados en las urnas los acuerdos de La Habana. Son su único requisito.

En todo caso, la demanda demuestra que el uribismo no se da por derrotado y seguirá tanto en las calles como en los tribunales manifestando su oposición a lo pactado en Cuba.