Estatuto de oposición: las FARC hacen el milagro

En Colombia, el ejercicio de la oposición está garantizado por la misma Constitución. Un artículo, el 122, así lo consagra. Pero en la práctica, ese derecho ha quedado en “letra muerta”, pues los constituyentes, en 1991, lo consagraron, pero con la condición de que una ley sería la encargada de reglamentarlo. Esa ley no existe. Es una de las asignaturas pendientes del Estado colombiano desde cuando se expidió la Carta Política.

A cinco gobiernos les ha correspondido esa tarea. Ni el de César Gaviria, ni el de Ernesto Samper, ni el de Andrés Pastrana, ni las dos administraciones de Álvaro Uribe, ni la primera de Juan Manuel Santos cumplieron aquel pendiente. Nunca antes en 26 años un gobierno nacional ha presentado al Congreso un estatuto de la oposición. Nunca antes un Congreso había recibido un proyecto de esa naturaleza.

Este martes, las comisiones primeras de Senado y Cámara, con ocasión del ‘fast track’ para implementar los acuerdos de paz con las FARC, fueron convocadas para discutir la primera propuesta de estatuto de oposición. La guerrilla, prácticamente, fue la que obró el milagro. Es probable que sin el acuerdo de paz del Teatro Colón, la reglamentación del ejercicio de la oposición política fuera eludida por los partidos políticos. Hoy las obligaciones son distintas. Y el compromiso suscrito entre los negociadores del gobierno y las FARC ha llevado a que este proyecto sea uno de los prioritarios durante la implementación.

Ese milagro de las FARC no lo consiguieron ni el Partido Liberal ni el Conservador, que alguna vez han trasegado por el desierto de la oposición. Tampoco el Polo Democrático, el único partido en el país en declararse en oposición a los gobiernos de Uribe y Santos, aunque este partido siempre lo reclamó.

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Precisamente, en el año 2010, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con el Polo a concertar un estatuto para, por fin, garantizar el ejercicio de la oposición. La promesa se quedó en palabras. Aunque el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sostuvo varias reuniones con la oposición, nunca hubo consenso, entre otras porque el Gobierno consideró excesivas las reclamaciones del Polo. Pedían el derecho a réplica en televisión a cada alocución presidencial, manejar organismos de control y hasta la creación de un gabinete a la sombra.

Las reuniones de concertación se interrumpieron y ni los ministros Federico Renjifo ni Fernando Carrillo reanudaron las conversaciones. En el segundo gobierno el ministro Juan Fernando Cristo no tuvo el estatuto dentro de su lista de tareas.

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Vargas Lleras dejó en un cajón del despacho del Ministerio el texto de un documento redactado por el Gobierno y el Polo, en el 2011. El magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral, propuso un estatuto ampliando garantías a las minorías. Y la Mesa de Partidos y Movimientos políticos para la reforma política con base en las iniciativas presentadas por los participantes y documentos y estudios aportados por el PNUD, redactaron una propuesta. En estos textos se apoyó el gobierno para cumplir el compromiso.  

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El acuerdo de paz, el que se negoció en La Habana y que se firmó en el centro de Bogotá, exigía, como la Constitución del 91, expedir un estatuto de garantías efectivas para el ejercicio de la oposición. Esta vez el compromiso parece ineludible.

Hace un mes, Cristo se convirtió en el primer ministro en llegar al capitolio con el estatuto de oposición debajo del brazo. Lo radicó en el Senado, y le correspondió a Roy Barreras (La U), quien en sus 20 años de carrera política poco conoce el ejercicio de la oposición (sólo la ejerció durante el gobierno de Ernesto Samper, como representante a la Cámara), la misión de redactar la ponencia para el primer debate.

El primer proyecto de estatuto de oposición en 26 años se diseñó tras 17 jornadas entre representantes y delegados de los partidos y movimientos políticos, de agrupaciones políticas como Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, y de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Participaron delegados de otros grupos significativos de ciudadanos como Progresistas, Compromiso Ciudadano y Fuerza Ciudadana.

La llamada Comisión del Estatuto de Oposición se instaló el primero de septiembre del 2016, luego de la conclusión de la Mesa de Negociación de La Habana, el 24 de agosto del 2016.

La Comisión entregó sus conclusiones el 7 de diciembre del 2016, ese mismo día se designó a los delegados que con el Gobierno redactaron el proyecto de ley estatutaria, quienes se reunieron en cuatro ocasiones hasta lograr un texto definitivo con los consensos logrados. Así llegó al capitolio.

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Los derechos que serían consagrados a los partidos que se declaren en oposición, van desde financiación adicional para el desarrollo de su ejercicio, acceso a los medios de comunicación social del Estado o del espectro electromagnético, acceso a la información y a la documentación oficial, derecho de réplica, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas (Congreso, asambleas, concejos) de elección popular, un asiento en la Comisión de Relaciones Exteriores. 

En cuanto a la financiación adicional, se propone un presupuesto del 5 % de los recursos públicos para el funcionamiento de los partidos.

Los partidos que se declaren en oposición tendrán 30 minutos mensuales en cada canal y emisora. El costo de los espacios será asumido con cargo al Presupuesto General de la Nación.

Cuando el presidente de la República instale el Congreso, luego de la transmisión oficial, la oposición puede por los mismos medios, y durante 20 minutos, dar a conocer planteamientos alternativos a los del Gobierno. Según la propuesta. Y como el jefe de Estado tiene la facultad de utilizar la televisión para dirigirse al país en cualquier momento y sin ninguna limitación, se plantea conceder a la oposición un espacio, dentro de las 48 horas siguientes a la alocución, en los mismos medios y con igual tiempo y horario, el derecho de controversia. Solo podrían utilizarlo tres veces al año.

Así va el fast track en el Congreso 

Será un hecho histórico que este martes el Congreso colombiano le de primer debate a un proyecto de estatuto de oposición. Una tarea olvidada durante 26 años, pero que con ocasión de la implementación de los acuerdos de paz ya no tendrá más dilaciones. Ni liberales, ni conservadores, ni el Polo, ni el Centro Democrático consiguieron que el gobierno lo presentara. Las FARC, en cambio, hicieron el milagro.