NACIÓN
Admiten demanda de nulidad que levantaría la prohibición del parrillero en Santa Marta
La parte demandada tiene un plazo de 30 días para responder al fallo.
El pasado mes de septiembre la Alcaldía de Santa Marta puso en vigencia el decreto 210, el cual establece una serie de prohibiciones para traslado de parrilleros en motocicleta.
El acto administrativo no fue bien recibido por el gremio de motociclistas, por esta razón el abogado Miguel Martines instauró una demanda de nulidad, con el fin de levantar la medida. Dicha acción legal fue admitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta.
El juez Santander Ortiz Marín, tomó esta decisión el pasado martes 11 de octubre y explicó que la demanda se encuentra formalmente ajustada a derecho. Por otro lado, la sentencia resolvió lo siguiente: “correr traslado a la parte demandada de la solicitud de medidas cautelares presentada por la parte demandante, por el término de cinco días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda”.
Sobre el decreto 210
El Decreto 210 del 6 de septiembre 2022, fue expedido por la alcaldesa del Distrito de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo. Este prohíbe la circulación de acompañantes y/o parrilleros niños y niñas menores de 10 años, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores desde 60 años de edad, personas de sexo masculino mayor de 14 años, en vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, en todo el perímetro urbano del Distrito.
Al momento de ser anunciado, el gremio de motociclistas de la ciudad lo rechazaron de forma contundente, incluso fue el motivo de organización de varias jornadas de manifestaciones, puesto que la prohibición afectaría de manera directa los ingresos de los mototrabajadores. Además, los manifestantes consideran que no es una buena estrategia para combatir la actividad criminal.
Esta es la nueva tarifa del transporte público en Santa Marta
El pasado mes de septiembre, la Alcaldía de Santa Marta, en Magdalena, expidió el Decreto 211, el cual establecía las nuevas tarifas del transporte público colectivo en la ciudad. Dicho valor caducaría el próximo 31 de diciembre, para que a partir del primero de enero del 2023 se genere un nuevo aumento.
El Decreto debía entrar en vigencia a partir del pasado 15 de septiembre, sin embargo, debido a que la comunidad solicitó que se instaurara la tarifa preferencial en el transporte público colectivo, la administración decidió suspender manera temporal la aplicación.
A pesar de las solicitudes por parte de la comunidad, la tarifa diferencial no aplicará este año y el aumento fue puesto en vigencia a partir de este lunes 10 de octubre. Según lo establecido en el acto administrativo, de lunes a domingo aplica un mismo valor: $2.150 pesos en vehículos no climatizados y $2.200 en buses con aire acondicionado.
Asimismo, las empresas del Sistema de Transporte Unificado (STU), manifestaron que en lo que queda del calendario escolar del 2022, no seguirán subsidiando la tarifa especial que desde 2013 tenían los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad.
Ante esta situación, la alcaldía manifestó que “esperamos llegar a un acuerdo con el gremio de conductores”, puesto que para el próximo año será más lo que tendrán que cancelar por recorrido, debido a la nueva alza en el servicio de transporte.
Por su parte, los padres de familia de estudiantes asistentes a colegios públicos, han expresado su preocupación, ya que luego de la semana de receso escolar, no se habrá propuesto un Fondo de Estabilización Tarifaria para apalancar las tarifas.
La administración recuerda a la ciudadanía que, cada uno de lo 655 vehículos que prestan el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad, deberán portar un adhesivo donde sea visible la tarifa aprobada desde el 6 de septiembre.
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