Admiten tutela contra Peñalosa por bloquear en Twitter a una concejal

El pasado 13 de mayo, Enrique Peñalosa bloqueó en su cuenta de Twitter a la concejal de la Alianza, Verde María Fernanda Rojas. Ella ha sido una de las opositoras de este gobierno distrital y comparte sus opiniones y cuestiona al mandatario a través de esa red social.

Después del bloqueo, Rojas solicitó, mediante derecho de petición, ser desbloqueada con el fin de tener acceso a los anuncios y decisiones públicas para hacer su ejercicio de control político; a lo que el alcalde respondió que por ser una cuenta personal él tiene la libertad de bloquear a sus opositores políticos.

La cabildante, inconforme con la respuesta, radicó el pasado miércoles una tutela ante el juzgado 85 Civil Municipal para solicitar ser desbloqueada, que acaba de ser admitida por ese tribunal. Para ella es importante tener acceso a la cuenta del alcalde actual pues el mandatario publica información relevante sobre “proyectos, actos, decisiones e iniciativas públicas de su gobierno y al no dejarla acceder a su Twitter “impide que pueda ejercer de manera eficiente y oportuna el control político que la Constitución y las leyes le asignan como concejal de Bogotá”.

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La concejal Rojas recordó que en el mundo existen varios casos como en Estados Unidos, España y México, en los que los dirigentes políticos, al ser figuras públicas no pueden bloquear a ningún ciudadano y mucho menos a aquellos que hacen una oposición decente, técnica y respetuosa.

Uno de los casos más recientes y más famoso es el del Instituto Knight versus el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que un tribunal federal de apelaciones de Manhattan ordenó al mandatario norteamericano desbloquear a todas las personas que tenía bloqueadas en su cuenta personal de Twitter, ya que era inconstitucional y una forma de discriminación.

Jameel Jaffer, del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, quien entabló la demanda, sostuvo que “las cuentas en las redes sociales de los funcionarios públicos figuran actualmente entre los foros de discusión de políticas públicas más significativos. La decisión garantizará que las personas no queden excluidas de esos foros simplemente por sus puntos de vista, y que los funcionarios públicos no queden aislados de las críticas de sus votantes. Esto contribuirá a garantizar la integridad y la vitalidad de los espacios digitales que resultan cada vez más importantes para nuestra democracia”.

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También en marzo pasado, en México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los funcionarios públicos no pueden bloquear a ciudadanos de Twitter, al considerar que es un canal de comunicación con éstos. Esto sucedió luego de que el periodista Miguel Ángel León Carmona promovió un demanda en contra del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien lo bloqueó de su cuenta, lo que le impedía acceder a información que en esa red social publicaba.

La concejal Maria Fernanda anotó que, si bien son legislaciones distintas, espera que la justicia colombiana se pronuncie de acuerdo a la tendencia mundial y ordene al alcalde Enrique Peñalosa desbloquearla.