Advertencia de Procuraduría por proyecto del MinHacienda sobre pago de Obras por Impuestos

La Procuraduría General de la Nación señaló su preocupación por el proyecto de decreto sobre Obras por Impuestos, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el pasado 26 de abril de 2022.

Según explicó el Ministerio Público en un comunicado, “en la propuesta se determina la ampliación de los territorios en los cuales se podrán financiar proyectos a través del mecanismo de pago de Obras por Impuestos a los territorios que carezcan total o parcialmente de una infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios, aquellos que estén localizados en las zonas interconectadas a las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019, y aquellos proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación económica y/o social de la nación”.

En ese sentido, la delegada Preventiva y de Control de Gestión para el Seguimiento al Acuerdo de Paz estableció que es innecesario ensanchar los territorios beneficiarios, que en uso de sus facultades reglamentó el Ministerio, señalando que “no solo habría una importante disminución en la fuente de recursos en los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque (PDET) y el conjunto de municipios en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), y una afectación a la construcción de la paz; sino que además, estos territorios tienen mayor dificultad para obtener otras fuentes de recursos, debido a su poca capacidad técnica y operativa”.

La Procuraduría también recomendó que se restrinja el cupo mínimo de aprobación del cupo Confis únicamente a los territorios Zomac y PDET, con el fin de asegurar que como mínimo se aprobará un cierto porcentaje de recursos en estos territorios.

Finalmente, el Ministerio Público manifestó que el proyecto de Decreto efectúa un segundo cierre del Banco de Proyectos hasta el 15 de junio, por lo que solicitó especificar fechas adicionales del procedimiento: tiempo de viabilización de parte de las entidades nacionales, tiempo de ajustes y subsanaciones.

Piden a la JEP exigirle más compromiso a ex-Farc con la verdad sobre violencia en Urabá

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que les exija a los excomandantes del frente 34 de las Farc–EP un mayor compromiso en su aporte a la verdad por los hechos ocurridos durante el conflicto armado en la región del Urabá, una de las regiones más afectadas por el conflicto en la historia de Colombia.

En un escrito de observaciones a las versiones rendidas por excomandantes de ese frente en el macrocaso 04, en el que se investiga la situación territorial en esa región, el Ministerio Público requirió una “mayor colaboración en casos relacionados con el reclutamiento de menores de 15 años, desapariciones originadas en el ajusticiamiento de líderes comunitarios y miembros de la fuerza pública no combatientes, así como en hechos de violencia sexual y de género cometidos contra la comunidad y al interior de sus filas”.

En el documento conocido por SEMANA, se evidenció que si bien los comparecientes no reconocieron haber incurrido en desplazamiento forzado, los hechos asociados a la violencia ocurrida en Urabá, particularmente los ataques e incursiones perpetradas por ese frente, generaron indirectamente graves afectaciones al territorio y al tejido comunitario, social y familiar de sus pobladores, tanto en sus bienes materiales, como físicos y ambientales.

Responsabilidad de los comandantes

La Procuraduría pidió que se tenga en cuenta “un criterio preciso de fijación de responsabilidad tanto a nivel individual como colectivo, así como establecer la metodología para determinar la responsabilidad como máximos partícipes determinantes de los comparecientes Luis Óscar Úsuga, Francy María Orrego, José Ignacio Sánchez Ramírez, Pedro Baracutao García Ospina, Vianey de Jesús Hernández Benítez, Nelson Elías Benítez Urrego y José Gregorio Castro Fajardo, en su calidad de comandantes del frente”.

Con relación al reclutamiento de menores, el Ministerio Público solicitó entregar a los comparecientes un listado con los nombres de jóvenes de los cuales haya registro, “para que se haga por parte de esa organización un ejercicio de mayor investigación y contrastación con la información que tengan en sus bases, a fin de que exista un pleno reconocimiento de reclutamiento de menores por la estructura guerrillera”.

Finalmente, pidió que sean llamados a rendir versión voluntaria varios exmiembros de las Farc–EP, quienes, en su calidad de máximos responsables o partícipes determinantes, fueron mencionados en diligencias rendidas en 2021 y no han sido convocados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, no obstante haber sido evidenciada su participación en hechos considerados como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.