"¿Se adjudicará el metro en la administración Peñalosa?", pregunta del millón en el Concejo

Esta semana el Concejo de Bogotá convocó a plenarias al gerente de la Empresa metro y otros funcionarios para debatir sobre eel avance de esta obra, que sería la más importante del país y que costaría cerca 17 billones de pesos.

Antes de que iniciara el debate, varios concejales entre los que se encontraban Diego Molano y Lucía Bastidas presentaron un informe en el que mostraron que, aunque el proyecto del metro elevado ha alcanzado un nivel que nunca antes, el mismo señala que “existe el riesgo de que la actual administración no alcance a adjudicar la Licitación Internacional de la Primera Línea del metro de Bogotá”. 

La administración ha tenido que aplazar en varias oportunidades el proceso de licitación. Se esperaba que se hiciera en enero de este año, luego en marzo, después en agosto. Ahora la meta es dejarlo contratado el 20 de septiembre de este año.

Según ha dicho el Distrito, la razón principal es que todavía existen seis "No objeciones" que debe estudiar la Banca Multilateral. Se trata de etapas del proceso licitatorio para garantizar que haya condiciones idóneas para la participación de oferentes. "Ellos las analizan, y una vez consideran que cumplen con las condiciones, las aprueban. Superar satisfactoriamente estas ‘No objeciones‘ muestra que hay transparencia en el proceso", explicó el gerente de la Empresa metro, Andrés Escobar.

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Ya en el debate, Diego Molano, quien ha apoyado la obra del metro desde el principio, dijo que no solo le preocupaban los tiempos. Recordó que en el Plan de Desarrollo, el alcalde había prometido dejar el 30 por ciento de la infraestructura del metro construido, lo que evidentemente no se va a cumplir. Además, Molano también señaló que el metro movería casi un millón de personas solo si contaba con las construcciones de las troncales de TransMilenio por la Avenida Boyacá, Cali, y Av 68. El problema es que estas obras hoy están desfinanciadas y aún no tienen estudios de factibilidad listos.

A eso se suma, según Molano, que solo podrían licitarse hasta que sea adjudicado el metro, por ser obras complementarias a este proyecto: “El Conpes 3899 del 2017 dice que los sistemas complementarios no se podrán hacer hasta que el sistema principal no esté adjudicado”. Molano también hizo énfasis en que este informe no es para echar la obra para atrás, sino para alertar a la administración sobre la urgencia de que sea adjudicada para que siga adelante.

Andrés Forero, del Centro Democrático, y quien también le ha dado su aval al alcalde, dijo que  “esta administración ya tiene el sol a sus espaldas… Este Concejo ha sido responsable y le ha dado al alcalde todas las herramientas para que la ciudad cuente con la primera línea del metro. Desde la creación de la empresa, las vigencias futuras, el cupo de endeudamiento, todo. Así que hay una preocupación por tanta postergación”.  

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Daniel Palacios, quien también está a favor de la línea del metro elevado, advirtió que hoy muchos concejales tienen “miedo” de que todo ese esfuerzo se pierda: “eso fácilmente se enreda (…) sería el peor mensaje y el peor legado una nueva frustración sobre el metro de Bogotá. Agregó que si a la alcaldía la llegan a ganar “algunos candidatos” que no pasan del metro subterráneo el proceso tendría que iniciarse de nuevo y “los platos rotos los pagará Bogotá”.

De hecho, en la rueda de prensa que precedió a la presentación del informe, la mayoría de preguntas giraron alrededor de qué tan probable era que esta obra quedara asegurada, pues para muchos no es descabellado que llegue un gobierno de izquierda con el que el proyecto del metro se sepulte. Incluso, hay quienes piensan que para algunos candidatos a la alcaldía de Bogotá entre sus banderas políticas estará revivir el metro subterráneo propuesto en la alcaldía de Gustavo Petro, como sería el caso de Hollman Morris, y para otros, darle continuidad al proyecto aprobado por el concejo al alcalde Enrique Peñalosa, que podría ser el caso de precandidatos como Diego Molano y Samuel Hoyos del Centro Democrático.

Hollman Morris aprovechó sus tres minutos de réplica para decir que no le cabe la menor duda de que “no va a haber metro elevado” y que con eso queda demostrado que el metro elevado “no era más rápido, porque nos tomamos 4 años para adjudicarlo; ni más barato porque el metro elevado vale 22 billones, mientras que el subterráneo a peso del dólar vale 17”.

Mientras se adelantaba el debate, el concejal del Polo, Manuel Sarmiento, publicó en su cuenta de Twitter un video frente a la Procuraduría General de la Nación. En este aseguraba que dejó radicadas las pruebas para demostrar que las vigencias futuras del metro fueron aprobadas de una forma ilegal pues para su momento no había estudios de factibilidad, requisito indispensable. Juan Carlos Florez, por su parte, a través de la misma red social expresó: “como alerté en su momento -y a tiempo-, “Enrique Peñalosa no dejará ni un milímetro de su minimetro (…) el alcalde y sus mayorías del Concejo condenaron Bogotá a un desastre gerencial”.

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No todo fueron críticas para el alcalde. José David Castellanos dijo que él “sí resalta el trabajo del gerente de la Empresa Metro, pues nunca antes se había llegado a este punto”. Es de la idea de que ningún cabildante puede decir que el metro no se vaya adjudicar y que lo que se necesita es una mejor estrategia de comunicación de la Alcaldía para que la ciudadanía entienda el progreso de la obra.

Lucía Bastidas también dijo que el informe, en los que participaron integrantes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ProBogotá, Bogotá Cómo Vamos, la Contraloría, la Veeduría, la Procuraduría y la Secretaría de la Transparencia, da un parte de tranquilidad, muestra que la banca multilateral está avanzando y que septiembre será un mes importante para la ciudad porque se adjudicaría la obra: “Estamos comunicando mal si todavía nos preguntamos si el metro elevado va o no”, dijo.

Por su parte, Andrés Escobar, el gerente de la Empresa Metro, afirmó que la obligación de la administración era adjudicar este proceso antes de que se terminara el mandato de Enrique Peñalosa. Esta sería la forma en que se podría asegurar que la obra tuviera continuidad en las próximas administraciones.