Advierten que el Plan Nacional de Desarrollo puede encarecer la vida de los colombianos y podría motivar la corrupción

Carlos Camargo Assis como cabeza de la Defensoría del Pueblo, tomó la vocería de miles de colombianos que temen que el Plan Nacional de Desarrollo genere mayores incrementos en el costo de vida. “Las comunidades deben tener un goce efectivo y pleno de sus derechos”, dijo el Camargo al invitar a los legisladores a debatir en profundidad cada uno de los artículos.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, este jueves expresó, nuevamente, su preocupación sobre algunos de los temas planteados en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que debate el Congreso de la República, sobre todo, porque tienen un impacto directo en poblaciones vulnerables y son estas las que deberían ser las más beneficiadas.

“La mejor forma de proteger los derechos de los ciudadanos es la correcta y eficiente asignación de los recursos públicos, por tal motivo, es conveniente revisar con cuidado lo concerniente a una nueva modalidad de contratación pública, que consiste en alianzas público-populares”, dijo Camargo.

Él considera que si bien pretenden mayor participación de las comunidades en el desarrollo de los proyectos, no garantizan la idoneidad de quienes realizan las obras; esto pone en riesgo la ejecución de los proyectos, y puede atentar contra los principios de transparencia y competencia de la contratación pública, además no garantiza que existan menores costos para el Estado.

Para el defensor del Pueblo, se deben tener en cuenta las modificaciones que quieren hacer con la contratación directa en el territorio: “De manera especial, porque esto generaría riesgos de corrupción y manejo político de los recursos estatales, además de crear fondos y patrimonios autónomos que dan el manejo de los recursos públicos sin cumplimiento de las leyes de contratación (Ley 80)”, recalcó.

El líder de la entidad defensora de derechos humanos insistió en que es importante la aprobación del texto del Plan Nacional de Desarrollo, poniendo por encima a los colombianos y su bolsillo, “toda vez que es necesario mirar la formalización de empleo, la transición y el derecho al trabajo de los ciudadanos que ofrecen su mano de obra en el sector público”, señaló.

Otra de las preocupaciones del funcionario es frente a una situación de inflación y dificultades económicas como la que atraviesan miles de familias en Colombia, por eso considera fundamental revisar el impacto de medidas del Plan en sectores como el energético, en el que se eliminaría el subsidio para el estrato 3 y se reduciría para los estratos 1 y 2.

En el análisis que él realiza, si se elimina el subsidio a la gasolina se vería reflejado en el costo de vida y el acceso a los bienes y servicios de los ciudadanos, en consecuencia, el Plan terminaría agudizando las dificultades económicas y restringiendo los derechos de las personas más vulnerables.

Así mismo, hizo un llamado para que se implementen medidas afirmativas que incentiven el desarrollo de actividades que aportan recursos al progreso de las comunidades: “Esto generaría riqueza y bienestar. En infraestructura y transporte, específicamente, el impulso a los proyectos viales y férreos, y la consolidación de los subsidios en un sistema unificado de transferencia”, indicó.

Una de las fuentes de ingreso de los ciudadanos son las remesas, por lo que llama a debatir este punto con especial cuidado, ya que es un ingreso importante que tienen las familias colombianas y que ayudan a generar bienestar y goce de sus derechos económicos; estos recursos alcanzan aproximadamente 42 billones de pesos anuales.

Entre los llamados que hace a los congresistas está el de priorizar recursos para las víctimas. Advirtió que el proyecto no incluyó varias de las demandas presentadas por ellas en diferentes espacios, como la Mesa Nacional de Participación Efectiva para las Víctimas del Conflicto Armado. Las palabras textuales que utilizó fueron: “El Plan Nacional de Desarrollo no contempla medidas relacionadas con el incremento de la asignación presupuestal con destinación del 20 % de los programas de entrega de tierras productivas por parte del Gobierno Nacional a las víctimas. Tampoco habla sobre el fortalecimiento de los programas y estrategias de acceso de jóvenes al empleo y a los sistemas de formación, con miras a la generación de ingresos”.

En ese sentido, Camargo indica que sería pertinente reformar la Resolución 1049 de 2019 para darle prioridad de indemnización a todo el grupo familiar y no solo a un miembro. En el componente de seguridad ciudadana y justicia social están ausentes los mecanismos que permitan la inclusión social, recalca el Defensor del Pueblo: “Son necesarias la capacidad, articulación y garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación de las víctimas de desplazamiento forzado y migrantes forzados con necesidad de protección internacional, en cabeza del Ministerio de la Igualdad y Equidad, pero dentro del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas”.

¿Qué opina sobre la expropiación por utilidad?

El defensor resaltó la importancia de que se haya retirado esa disposición del proyecto de ley, pues aclaró que si bien está en la Constitución, se requiere una ley que defina con claridad y especificidades las razones de utilidad pública o función social que justifican su implementación en casos concretos, a lo que agregó: “Incluir esa medida en el PND era un error puesto que busca acelerar el trámite y hacerlo exprés o rápido, generando pánico por cuanto deja los conceptos indefinidos y ambiguos al arbitrio de la administración; pero además, la Agencia Nacional de Tierras no cuenta con instrumentos que le permitan en este momento realizar un procedimiento de esa naturaleza en 20 días”.

¿Cuál es su recomendación frente a facultades extraordinarias para el presidente de la República?

“El cúmulo de tales facultades puede implicar, en principio, un vaciamiento de la competencia constitucional asignada al legislador, del debate democrático y de la intervención de las mayorías y minorías parlamentarias”, dijo

Lo que para Camargo representaría una eventual concentración de poderes en cabeza del Ejecutivo, lo cual resultaría incompatible con el principio democrático en el que se funda el Estado colombiano y con los principios constitucionales de separación de poderes, unidad de materia y reserva de ley.