Advierten que proceso contra el millonario empresario Alberto Aroch Mugrabi está a punto de prescribir

Para este miércoles 15 de mayo está previsto que se reanude el juicio que está pendiente contra el millonario empresario Alberto Aroch Mugrabi en el juzgado 4 especializado de Bogotá, tras cerca de seis años de retraso en su proceso y a pesar de estar señalado por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Mugrabi, es señalado de realizar millonarias exportaciones ficticias a Venezuela e incluso de hacer aportes a campañas políticas en Colombia, pero en las últimas horas se prendieron las alarmas por la posibilidad de que su proceso prescriba.

La principal causa para que eso ocurriera es la lentitud de los procesos que se están adelantando ya que se cumple más de una década de investigaciones y audiencias que han sido aplazadas en varias ocasiones.

Además, el empresario Israelí es investigado por varias conductas punibles, entre ellas, lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.

Por todo lo que ha pasado, el ministro de Justicia Néstor Osuna le puso la lupa al tema y aseguró que vigila el desarrollo del proceso contra el polémico empresario. Así mismo indicó que esa es la necesidad de tramitar una reforma a la justicia que impida que, en casos como estos, prescriba la acción penal. “Esperamos que no prescriba porque ese es un caso que amerita de manera urgente una reforma a la justicia que le de celeridad a los procesos, que le de celeridad a le extinción de dominio y ser mucho más eficaces en esos procesos”, sostuvo el alto funcionario.

Según las cuentas de algunos abogados, el proceso prescribiría en diciembre de 2025, pero lo cierto es que ante la posibilidad de que se decreten prácticas de pruebas y se revisen todos los documentos, el tiempo no alcanzaría para finalizar el juicio y tomar alguna decisión de segunda instancia.

En octubre de 2018 el caso llegó al juzgado tercero especializado, pero el proceso no ha avanzado hasta la fecha y no ha podido empezar el juicio. El juzgado admitió que se han presentado múltiples retrasos en el caso.

Según la Fiscalía existen más de 100 testigos y documentos para probar su teoría del caso, lo cual hace imposible finalizar todo el juicio con una decisión de segunda instancia antes de diciembre de 2025, fecha de la prescripción.

El presidente del colegio de abogados penalistas, Francisco Bernate, es quien está advirtiendo la prescripción y prendió las alarmas. “Queda un un año y medio y la diligencia puede tomar hasta un año como es el caso de la audiencia preparatoria. El juicio oral será bastante complejo con más de 100 testigos, entonces es evidente que no se va a poder evacuar”, explicó Bernate.

El abogado señaló que es clave para la justicia que los procesos de connotación nacional e internacional no se dilaten en el tiempo. “Uno de los grandes desafíos del sistema legal colombiano es dar una respuesta pronta y oportuna a los casos que concitan el interés de la rama judicial. Una solución pronta en los casos no solo beneficia a la justicia sino al propio interesado a quien se le define su situación para saber si es inocente o es culpable”.

Aroch Mugrabi recobró su libertad en 2018 y en marzo de 2023, un juez declaró improcedente la acción de extinción de dominio sobre parte de su fortuna la cual está en proceso de apelación por parte de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El proceso contra el empresario de los textiles y el negocio inmobiliario, Alberto Aroch Mugrabi, arrancó con una denuncia en 2008, siete años después terminó sentado en el banquillo de los acusados. Lo capturaron, lo procesaron, y la Fiscalía hizo una multimillonaria ocupación de bienes que incluyó el famoso costado esfera del Centro Comercial Gran Estación en Bogotá.

“Durante el año 2016, la Fiscalía General de la Nación ocupó, con fines de extinción de dominio, casi 6.500 bienes pertenecientes o relacionados con grupos armados, carteles de las drogas, bandas criminales y casos de corrupción, que están valorados en 5,1 billones de pesos, aproximadamente”, dijo la Fiscalía en 2016, para advertir que los bienes de Aroch Mugrabi terminaron en un listado junto a peligrosos delincuentes.

Desde entonces el proceso contra el empresario se convirtió en una secuencia de diferente temperatura y color. Casi 10 años, una década y nada que se resuelve en los despachos judiciales. En diciembre de 2015, Alberto Aroch Mugrabi, aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, aunque la Fiscalía había imputado otros dos cargos: lavado de activos y concierto para delinquir.

“La Fiscalía señaló que se registraron incrementos injustificados de sus ingresos en varias de sus empresas, que desde el 2003 registran ingresos por cerca de 470 millones y desde ahí cada año entre 650, 958, 270, 854 millones de pesos cada vez sin que haya un un soporte contable que acredite la procedencia de los recursos”, advirtió la Fiscalía cuando el empresario decidió acercarse a la justicia.

Sin embargo, meses después el empresario se retractó de esa aceptación de cargos el comunicado que emitió la Fiscalía, en ese momento, quedó como un simple recuerdo, porque el procesado decidió enfrentarse al ente acusador en un eterno juicio que una década después se mantiene entre aplazamientos y un centenar de pruebas a cargo de la misma Fiscalía.

Las víctimas de este caso advierten que han pasado meses sin ninguna actuación judicial al respecto y que existe un claro riesgo de prescripción del proceso, de que la justicia se quede en deuda con la sociedad a la hora de establecer la responsabilidad que en algún momento aceptó el empresario, pero que ahora y después de su retractación se convierte en una roca en el zapato.

A través de un derecho de petición, las víctimas le pidieron al juzgado a cargo de este proceso, que estudiara la posibilidad de pisar el acelerador, de entender los hechos y la gravedad de que el proceso termine prescrito, sin embargo, la respuesta se remitió a una serie de decretos y normas que nada curaron la angustia de los afectados.