Advierten sobre presuntas irregularidades en millonario contrato de alimentos de cárceles que será adjudicado este jueves

El pasado 14 de octubre la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que le puso la lupa a las posibles irregularidades y actos de corrupción que se estarían gestando en el contrato de alimentación para la población privada de la libertad en varios centros de reclusión del territorio nacional, a cargo de la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el cual tendría fallas en el proceso licitatorio.

Luego de varios meses de aplazar el cronograma, este jueves 2 de diciembre la Uspec dará a conocer la licitación de alimentos de las cárceles por un valor que supera los 380.000 millones de pesos. A propósito de ese proceso licitatorio donde al igual que la CGR, el Ministerio de Justicia le ha puesto la lupa, entre otras entidades, la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común denunció presuntas irregularidades en la licitación ante los entes de control y la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Red de Veedurías afirmó que, en el marco de sus indagaciones en torno al proceso de licitación pública USPEC-LIC-026-2021, “ha evidenciado algunos aspectos que a simple vista obedecen a presuntos comportamientos anticompetitivos entre los oferentes interesados en participar en el proceso”. Se trata de un contrato que tiene un valor total de $389.156.339.852.

Del mismo modo, la Red de Veedurías advierte sobre una posible colusión entre algunos contratistas, de acuerdo a las irregularidades descritas a continuación:

• Nueve de las 19 ofertas presentadas, equivaliendo al 47% del total de ofertas del proceso en mención solo se estarían presentando a un solo grupo, “teniendo en la mayoría de los casos capacidad tanto técnica, financiera y experiencia que les posibilitara ofertar más grupos”, indica.
• Del mismo modo, siete de los 17 grupos especificados en los pliegos de condiciones, equivaliendo al 41% del proceso de contratación, no tendrían competencia, afirma. En ese sentido, el valor de los grupos que no tendrían competencia en el proceso de contratación (D) asciende a la suma de $168.516.000.736, equivalentes al 43% del total del presupuesto que la USPEC está dispuesto a contratar.
• Tres de las 19 ofertas, que equivalen al 16% del total del número de ofertas presentadas en el proceso en mención, no presentarían ningún tipo de competencia en los grupos ofertados. Al respecto, la Red de Veedurías advierte que la sumatoria del valor de las ofertas de los contratistas que no tendrían competencia (C) asciende a $126.238.600.879, que equivalen al 32% del total del presupuesto que la USPEC está dispuesto a contratar.

• Tan solo el 37% de las ofertas equivalente a siete de los 19 oferentes habrían presentado con absoluta independencia sus pólizas de cumplimiento, dentro del marco del proceso de contratación USPEC-LP-026-2021.
• “Con alta gravedad se resalta que el 63% de los oferentes han mantenido en cierta forma alguna relación entre sus comisionistas de seguros facilitado los canales para conocer sus posturas de oferta por grupo, integración de participantes en la oferta y posiblemente conocimiento de condiciones de oferta de los criterios de evaluación”, añade Bien Común.

A la par de la posible colusión que habría entre algunos contratistas, en palabras de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, hay una serie de “irregularidades en el diseño de los pliegos de condiciones y en los criterios de evaluación que deben cumplir los oferentes interesados”, tales como:

• La reducción de 19 a 17 grupos viéndose ampliamente beneficiado el grupo 3, y un enroque de establecimientos penitenciarios en los grupos 16 y 17, así como el reacomodamiento de establecimientos pequeños y estaciones de policía en los grupos 3, 6, 10 y 11, mejorando el perfilamiento de ciertos grupos y demeritando el de otros.
• Imposibilidad de acceder al proceso de contratación si no se tiene experiencia en servicios de alimentación en cárceles.
• Obligación de ofertar planta de producción de alimentos en ciudades o grupos donde el beneficio lo tiene el contratista que en la actualidad se encuentra operando.
• Otorgamiento (por primera vez) de anticipo equivalente al 15% del presupuesto del grupo adjudicado, lo cual en ninguna de las contrataciones anteriores, por Bolsa Mercantil, o directamente motivadas por la USPEC por contratación directa, licitación pública se había contemplado, sin que guarde ninguna relación real frente a la responsabilidad de ejecución de los contratistas.

• Penalidades de descuento en evaluación empresas sancionadas que en los procesos de contratación pasados no existían, limitando la participación de estas y la competencia que pudieran generar dentro del proceso de contratación.

MinJusticia pidió investigar contratos de alimentación

En su momento, el jefe de la cartera de Justicia dijo que de acuerdo con esas denuncias, algunos contratistas de la Uspec estarían exigiendo dinero para renovar contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se presenten si no acceden a sus pretensiones.

“He solicitado a la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría que se investiguen los presuntos actos de corrupción en los contratos de alimentación para las personas privadas de la libertad. Apoyaré las acciones para esclarecer estos hechos. No toleraremos ningún acto de este tipo”, dijo Ruiz a la opinión pública.

Agregó: “Las denuncias que recibí señalan que presuntamente se está exigiendo dinero para la renovación de los contratos y amenazando con declarar incumplimiento o no pagar oportunamente las cuentas. Solicitamos que investigaciones avancen con prontitud”. A lo que hacía referencia el ministro de Justicia es que se han conocido diversas denuncias sobre las obras de construcción de una estructura modular puntualmente en la cárcel de Roldanillo, ubicada en Valle del Cauca.

“Allí se construyó una estructura modular que inicialmente había sido contratada para una capacidad de unas 100 personas y solo fueron terminados 66 cupos. La obra tiene muchas irregularidades de infraestructura que no permiten que se cumplan con las condiciones que deben tener los centros de reclusión”, advirtió Ruiz.

El pasado 12 de agosto la Contraloría informó sobre su participación a través de su delegación del sector Justicia en una mesa de trabajo convocada por la Uspec, para escuchar y analizar las denuncias de parte de los 19 contratistas que llevan los contratos de alimentación.