Nación
“Aerocafé desde lo técnico y lo fiscal tiene una base sólida para seguir adelante”: Aerocivil defiende confianza en la obra
La Contraloría General de la República emitió un nuevo fallo según el cual existe responsabilidad fiscal por 82.329 millones de pesos contra los constructores de los terraplenes 8 y 10.
Un nuevo concepto fue entregado con relación a la conveniencia o no de la construcción del Aeropuerto del Café en el municipio de Palestina, zona centro sur de Caldas.
En esta oportunidad, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Francisco Ospina Ramírez, expresó que los estudios de este macroproyecto están validados y que existen unas medidas que promueven la confianza de la obra.
“Aerocafé es un proyecto que la historia le ha jugado para bien y para mal. En este último aspecto desde lo mediático. La visión que tenemos algunos sectores de la sociedad de que es un elefante blanco, que no funciona, que tiene problemas. Puede ser que el pasado en la parte uno haya tenido oportunidades de mejora. Estos proyectos de infraestructura, y sobre todo aeroportuaria, no son fáciles de ejecutar y menos en las condiciones topográficas de este”, afirmó Ospina Ramírez.
El funcionario aclaró que esa misma historia ha servido para que se tomen todas las previsiones de orden fiscal y técnico y que hoy se sepa que se tiene un aeropuerto con riesgos, como toda obra de infraestructura, pero técnicamente validado.
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“Las gestiones ficales son permanentes con entidades como la Contraloría General de la República y se tienen compromisos muy grandes de ejecutar los recursos de manera adecuada”, resaltó el funcionario.
Dijo además que “Ni siquiera en Aerocafé Uno ha habido una evidencia clara de responsabilidad de nación en mala ejecución de recursos. Estamos hablando de 10 o 12 años atrás”.
Ospina Ramírez indicó cuáles han sido los capítulos de este aeropuerto que afirmó es necesario para la región y expresó su apoyo a avanzar con esta infraestructura que no sobra para el país, y que, por el contrario, integra una conectividad que requiere el territorio nacional.
“Este proyecto es robusto desde lo técnico y lo fiscal. Tiene todos los seguimientos de nación y nosotros como Aeronáutica Civil, con las necesidades de conectividad que tiene el Estado, apoyamos y consideramos que es un proyecto que tiene una base sólida para seguir adelante”.
Por último, Ospina Ramírez destacó el acompañamiento permanente de los entes de control que permiten un seguimiento riguroso de todas las etapas que se van cumpliendo en un proceso, el cual afirmó debe desmarcarse del castigo reputacional que se ha generado alrededor del mismo.
A propósito del seguimiento al macroproyecto, la Contraloría General de la República emitió hace algunos días un nuevo fallo según el cual existe responsabilidad fiscal por 82.329 millones de pesos, a título de culpa grave y de forma solidaria, contra los constructores de los terraplenes 8 y 10.
El ente de control señala que las obras desarrolladas son propensas al colapso y que por su comprobada inestabilidad los terrenos no serán utilizados para conformar la pista de la etapa 1 del proyecto, por lo cual los Consorcios DICO-IDT y DICO IDT2 no cumplieron las obligaciones y responsabilidades a su cargo, y tuvieron participación en los hechos generadores del daño patrimonial.
La declaratoria de responsabilidad fiscal de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción cobija a 12 firmas, de las cuales hay dos en proceso de liquidación.
De acuerdo con la Contraloría, los incumplimientos y deficiencias de los responsables fiscales se dan porque se permitió la ejecución de algunas obras y actividades en los terraplenes 8 y 10, a pesar de que los estudios y diseños con los cuales se adelantó su licitación y contratación presentaban varias deficiencias y contradicciones.
Por parte de la Contraloría se advierte además que cuando la decisión esté en firme, las medidas cautelares decretadas en contra de los declarados responsables fiscales y practicadas sobre sus cuentas bancarias y bienes raíces se mantendrán y permanecerán vigentes, aún en el trámite del cobro coactivo, en caso de que no se haga un pago voluntario.