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La DEA informó a la Fiscalía de nuevo escándalo en el caso Santrich

SEMANA conoció las primeras evidencias contra el fiscal de la JEP Bermeo, y el exsenador Gil. Los gringos participaron del operativo, la Fiscalía puso la plata para concretar el operativo y hay una grabación en la que el excongresista autoriza el pago de la coima a otros de los implicados.

4 de marzo de 2019
En esta diligencia se conocerán nuevos detalles de la operación. | Foto: Archivo particular

El exsenador Luis Alberto Gil, más conocido como el Tuerto Gil, fue internado en la habitación 828 de la Clínica Colombia por una afectación cardiaca que le sobrevino tras su captura el viernes pasado. Hasta esa habitación llegaron –el sábado a las 5 p.m.– los fiscales, los abogados y los otros cuatro detenidos, incluyendo el fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, además de la jueza 22 penal municipal a cargo del espinoso tema. La habitación de menos de 20 metros cuadrados resultó muy estrecha para la comitiva judicial por lo que luego de hacer una consulta al médico tratante se determinó ir a otro recinto, facilitado por la clínica, para realizar la audiencia de legalización de captura en la cual la Fiscalía expuso las primeras evidencias.

Sin embargo, cuando Gil iba a ser traslado el médico a cargo informó que este había ingresado de emergencia y que los primeros exámenes y la valoración inicial indicaba que Gil podría sufrir un paro cardiaco dados sus antecedentes de enfermedad coronaria e hipertensión. Gil lucía ciertamente asustado. El paciente no puede ser sometido a situaciones de estrés dijo el médico advirtiendo que salvaba su responsabilidad. Ante esta situación la procuradora señaló que lo mejor era que Gil entregara poder absoluto a su abogada y que la diligencia se realizará en Paloquemao a fin de no comprometer la salud del indiciado. Así se hizo.

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Finalmente toda la comitiva –salvo Gil– regresó al complejo judicial y a las 7 p.m. se inició la diligencia de legalización de captura de los cinco implicados. Tras las presentaciones de ley el fiscal a cargo tomó la palabra y señaló que gracias a la Agencia Federal Norteamericano DEA se tuvo conocimiento de que los señores Luis Alberto Gil y Carlos Julián Bermeo y Luis Orlando Villamizar junto a otros, estaban impulsando temas de corrupción en el Estado colombiano y que para ello ofrecían servicios para “arreglar” procesos penales y administrativos para lo cual se adelantaban lobby con los funcionarios a cargo de esos temas en las dependencias judiciales respectivas y que para ello “exigían 500.000 dólares”.

El fiscal luego explicó que la tramoya quedó en evidencia el pasado viernes gracias a la labor de un agente encubierto, que tuvo por misión conducir una entrega controlada a fin de que con el dinero en poder de la red, esta realizara la obstrucción o retraso de un proceso penal dentro de la Jurisdicción Especial de Paz. La diligencia irregular tiene que ver con el proceso de extradición del exguerrillero Jesús Santrich, el cual está por decidirse en esa jurisdicción.

Los fiscales a cargo explicaron a la juez de garantías que ese día, el pasado viernes, el agente encubierto y una fuente que prestó colaboración, en coordinación con la Fiscalía y dentro de un operativo minucioso, se desplazaron al hotel Artisán, en el norte de Bogotá, donde se reunieron con Villamizar y con Yanit Prieto Azuero.  

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En esa reunión se habló sobre el pago de la coima, acordada en  500.000 dólares, y los pormenores del trabajo que se llevaría a cabo por parte de la red. Además definieron realizar otra reunión, con Gil y Bermeo, en otro lugar, distinto pero cercano: el hotel Marriot de la calle 73. La cita se acordó para las 12 del día.

Efectivamente así ocurrió, en ese lugar y hora Bermeo recibió los 40.000 dólares que guardó en el costado izquierdo de su saco y que luego, en el baño, entregó a su novia, Ana Cristina Solarte, quien resultó también capturada y será imputada hoy por la Fiscalía.

El ente acusador, dentro de las evidencias también cuenta con una llamada interceptada que habría hecho Gil autorizando la entrega de la otra parte del dinero –460.000 dólares a Villamizar y Prieto–. Estos dos, efectivamente recibieron esa suma en el hotel donde se encontraban pero tan pronto se consumó la entrega fueron detenidos allí mismo por el CTI, tal como lo evidencian los videos que dio a conocer la Fiscalía General.

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La jueza aceptó el sustento que hizo la Fiscalía e impartió legalidad a las capturas. Uno de los datos más interesantes es que fue la propia cúpula del búnker la instancia que autorizó el retiro de la suma total, los 500 mil dólares, a fin de concretar el operativo. La Fiscalia dispuso de esos recursos de una cuenta especial de la entidad a la que los recursos retornaron una vez fueron legalizados los operativos y se documentó la prueba de los videos en los que los implicados se les ve recibiendo los fajos de dólares.

Este martes a primera hora la Fiscalía adelantará la audiencia de solicitud de imputación y medida de aseguramiento. Estas diligencias serán determinantes para establecer dos cosas: 1) los detalles la actuación del agente de la DEA que infiltró la red de corrupción y orientó a la Fiscalía para dar el golpe. 2) Y las evidencias con que se vincularía a la red con Santrich, quien desde la cárcel ha dicho que no conoce a ninguno de los involucrados y que el asunto le parece un montaje para presionar a la JEP que está por decidir sobre su extradición a Estados Unidos.