Agencia Nacional de Tierras bajo la lupa por posibles irregularidades de arriendos en Islas del Rosario; Procuraduría investiga

Luego de adelantar una indagación previa, la Procuraduría General de la Nación encontró méritos para iniciar investigación disciplinaria en contra de cinco exfuncionarios y un servidor público de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esto por presuntas irregularidades evidenciadas durante la suscripción y ejecución de contratos de arrendamientos de predios ubicados en el archipiélago Islas del Rosario, ubicado frente a las costas de departamento de Bolívar.

En este caso, la polémica involucra a varios exservidores por posible ausencia de total en labores de vigilancia y supervisión sobre el tema.

“Estas se relacionan con las presuntas faltas en la gestión de los supervisores ante el incumplimiento en los pagos pactados por parte de los arrendatarios, en las solemnidades establecidas en el acuerdo 041 de 2006. También se evidenció ausencia de avalúos catastrales y que algunos contratos excedieron el límite de área permitido para el arriendo”, señala el ministerio público.

De esta manera, el ente de control ordenó abrir un proceso disciplinario en contra de los exfuncionarios Olga Yamile González, William Andrés Robledo Acosta, Nubia Pacheco Gómez, Alexander Rivera Sánchez y Campo Elías Vega Rocha por su condición de subdirectores Administrativos y Financieros para la época de los hechos.

Asimismo, se realizará una investigación disciplinaria en contra de José Augusto Acosta Buitrago, servidor público vinculado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde el 2019, quien también podría estar implicado en posibles irregularidades.

¿Carrusel de abogados?

Por otro lado, y tras la revelación que hizo SEMANA sobre el predio que estuvo en poder de Leonor Serrano de Camargo, la exgobernadora de Cundinamarca, quien dejó de pagar el arriendo, no aportó a tiempo la póliza de seguro y mantuvo el terreno en abandono. Sin embargo, no fue sancionada por la ANT, la entidad hizo un cruce de información que le permitió establecer que hay un grupo de abogados que, según dice su director, estaría trabajando en beneficio propio.

“Lo principal que veo aquí es que quienes vinieron a representar a muchos de esos depositarios u ocupantes de las islas es que tienen interés personal, pero a la vez son socios de una entidad sin ánimo de lucro que también tiene depósitos en la isla. Y luego a esa misma entidad le ceden un contrato en el caso de la señora Serrano, y buscan tener la representación por el depósito de otros contratos. Eso sí, es lo que me parece, mucho más, que va configurando un concierto para delinquir, porque se van apropiando de los bienes de las islas”, sostiene Vega.

¿Qué pasará con los predios que no están demandados?

Si bien ya hay 32 contratos demandados, la ANT analiza con lupa cerca de 50 más, entre ellos los que involucran hoteles y operadores turísticos que construyeron verdaderos palacetes y ya le expresaron a la entidad su intención de que el Estado les pague esas mejoras. Sin embargo, el director descarta de plano esa posibilidad.

“Son inversiones que hicieron sobre mejoras que hicieron de mala fe porque eso tenían que hacerlo con autorización del Estado. Mal podríamos nosotros decir que vamos a pagar cuando hay una inversión de mala fe que el Estado no reconoce”, sostiene Vega, quien agrega la única posibilidad de es “una terminación bilateral consensuada del contrato, porque harto tiempo ya han explotado esos bienes, harto tiempo han disfrutado esos bienes. No tiene ninguna presentación para el país que el Estado les vaya a pagar por unas inversiones que por largo tiempo han explotado, han obtenido recursos, han subarrendado en muchos casos, y han obtenido unas ganancias económicas importantes”.

Majayura es una más de las 28 islas que compone el archipiélago del Rosario, que por estos días es foco de un escándalo, tras la decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de demandar diez polémicos contratos, por considerar que pagan sumas irrisorias de arriendo.

La isla había gozado de un relativo anonimato hasta finales del año pasado, cuando las autoridades capturaron cerca de allí a Alaín Suaza, considerado el Pablo Escobar del contrabando, luego de una operación secreta en coordinación con Estados Unidos, y que incluyó la escucha de cinco mil horas de conversaciones telefónicas. A Suaza lo señalaron en su momento de crear un gigantesco imperio de empresas fachada en Colombia, Panamá y Estados Unidos, para defraudar al Estado, y de, aparentemente, estar aliado con narcotraficantes.