“La Corte constitucional nos ha cambiado las reglas”: Agencia Nacional Minera

Un nuevo fallo de la Corte Constitucional que autorizó a los entes territoriales a vetar la minería generó una enorme polémica en el sector extractivo y une enorme alegría entre los ambientalistas. Esta decisión se suma a otras que, según la directora de la Agencia Nacional Minera, Silvana Habib, tiene atrasado desde el 2014 el otorgamiento de títulos en Colombia.

La funcionaria defiende su sector y asegura que el Gobierno sí tiene una política clara de minería. Pero agrega que a raíz de las decisiones judiciales, la Agencia ha adecuado su institucionalidad para cambiar la forma de concebir y hacer minería.

Anuncia que aunque son muy respetuosos de los fallos de la Corte, están apostándole a que los mecanismos de concertación entre el Gobierno, los entes territoriales y las comunidades queden en una Ley Orgánica que se tramitará en el Congreso. Analizarán el fallo para interponer recursos.

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Semana.com: ¿Qué impacto tiene el fallo de esta semana en la política minera del Estado?

Silvana Habib: No hemos conocido oficialmente el fallo. Me he pronunciado sobre el borrador. Manifestamos nuestra preocupación porque en el marco de una acción de tutela de un particular, que buscaba el derecho de participación, la Corte decide asignar unas competencias a las entidades territoriales. Competencias que la llevan a poder prohibir la minería. Y precisamente, como lo dice la Corte, estas asignaciones de competencias se tienen que hacer a través de Ley Orgánica, que se tiene que tramitar en el Congreso. También vemos con preocupación el cambio de competencia frente al uso del suelo y del subsuelo, la Corte en fallos anteriores había clarificado dichas competencias.

Semana.com: ¿Es inconveniente que la Corte les dé este poder de veto a los entes territoriales?

S.H.: No es de inconveniencia. En realidad, lo que vemos es el principio constitucional de concurrencia y subsidiariedad entre el ente territorial y la entidad central; lo que debe haber es una coordinación de cada uno en sus competencias. Y nosotros como administrador del recurso debemos tener claridad sobre las funciones de cada uno.

Semana.com: Después de este fallo, ¿qué pasa con la competencia de la Agencia Nacional Minera?

S.H.: Queda intacta, la Agencia Nacional Minera fue creada por Ley. Un fallo no puede cambiar las competencias. Obviamente, con anteriores fallos judiciales, y somos respetuosos de los fallos judiciales, la Agencia ha adecuado su institucionalidad para cambiar la forma de concebir y hacer minería. Para nosotros es una gran apuesta lograr esa articulación con entes territoriales. Es importante para legitimar el sector, incluso para proyectos mineros que se desarrollen de acuerdo con los intereses de la comunidad. Tenemos que hacer eso como entidad que cumple leyes y decisiones judiciales.

Semana.com: ¿La minería está frenada en el país?

S.H.: Aportamos a la economía el 2 % del PIB, generamos 350.000 empleos directos de calidad, un millón de empleos indirectos, del 2012 al 2016 hemos aportado 7,5 billones al sistema general de regalías; el año pasado fueron 1,7 billones. En total tenemos 8.760 títulos mineros. La minería no está frenada, lo que tenemos es la gran apuesta de hacer un diálogo constructivo que nos permita legitimar el sector. Legitimarlo es llegar a las regiones contando sobre la minería bien hecha y lo que aporta al desarrollo de las regiones. Lograr la articulación que queremos. Con ese cambio de decisiones judiciales se genera incertidumbre pero para eso está la institucionalidad que cumple la Ley y los fallos.

Semana.com: En el Encuentro de la Corte Constitucional, usted hizo énfasis en que la entrega de títulos y la minería sufrió frenazo en seco con decisiones judiciales ¿por qué?

S.H.: Por ahora tenemos 8.760 títulos que no permiten que la actividad esté paralizada. En lo que sí tenemos atrasos es en el otorgamiento de títulos, y es precisamente porque las decisiones judiciales nos han cambiado las reglas en cuanto a la adjudicación de títulos. Como nos toca cumplir fallos judiciales, el otorgamiento de títulos toma más tiempo.

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Semana.com: ¿Cuántos títulos se han otorgado en los últimos años?

S.H.: No muchos. Este año entregamos unos títulos de pequeña minería, alrededor de 10 o 11. El año pasado no fue significativo. La Corte desde el 2014, cuando salió la primera decisión judicial, nos llevó a readecuar el proceso de titulación. Viene incluyendo nuevos requisitos en el otorgamiento de títulos, entonces eso va atrasado.

Semana.com: La corte pide una política minera seria y cuestiona lo que parecería una desorganización del Gobierno ¿Cuál será la estrategia del Gobierno para una política pública?

S.H.: Con todo el respeto de la Corte, como Gobierno hay que decir que sí hay una política. Tenemos un Código de Minas, cualquier persona que lo lee claramente ve que hay una actividad regulada. La actividad primero empieza con el otorgamiento de un título que tiene que cumplir algunos requerimientos técnicos y solamente se puede hacer minería donde la autoridad ambiental lo permite.

Semana.com: ¿Presentarán un nuevo Código de Minas, como lo pide la Corte?

S.H.: En el 2010 se hizo y la Corte lo declaró inexequible. La Corte exhorta al Congreso y nosotros como Gobierno tenemos que trabajar articulados. Es una actividad que hay que desarrollar y más teniendo en cuenta las decisiones de la Corte que nos llevaban a hablar de concertación con entidades territoriales que necesitan una Ley Orgánica. Esta es la gran apuesta del Gobierno, lograr que este mecanismo de concertación se pueda tramitar por una Ley.

Semana.com: La Corte ordenó consulta previa para todas las etapas de proceso, incluso antes de la exploración ¿Cómo cumplir con este requerimiento de la Corte?

S.H.: Conocemos de sentencias donde la corte considera que por el análisis del impacto se tiene que hacer consulta previa. La Corte dice que cuando el proyecto tenga impacto en comunidades étnicas hay que garantizar el derecho consulta previa, en eso somos respetuosos y eso hacemos. Así lo dice la legislación: consulta previa cuando se va a otorgar la licencia ambiental. En la etapa en la que se pide la licencia es cuando se sabe qué comunidades se va a afectar y cuál es el área de influencia. Antes no. La etapa de exploración es para analizar cuál es el recurso viable, y no se tiene claro cuál es la zona que se va a afectar.

Semana.com: Pero en otro fallo, la Corte tumba la delimitación de las Áreas Estratégicas Mineras precisamente por falta de consulta…

S.H.: Ese es un mecanismo diferente. Somos respetuosos y vamos a cumplirlo. Para delimitar esas áreas se va a hacer consulta previa. En el momento se consideró sin consulta porque son unas áreas que se van a analizar para ver cómo se usa mejor el recurso. En ningún momento se iba a empezar a hacer minería sin consultar a las comunidades. Era simplemente una delimitación, pero de eso no hay que hablar sino cumplir el fallo. Vamos a iniciar el proceso de consulta previa con las comunidades para luego delimitar esas Áreas Estratégicas.

Semana.com: Pero son 20 millones de hectáreas ¿se hará consulta en todo el territorio?

S.H.: Sólo donde hay comunidades étnicas.

Semana.com: ¿Qué le responde la magistrado Jorge Iván Palacio, que asegura que en Colombia hay una política de minería “vacilante”?

S.H.: Con todo el respeto del magistrado y sus consideraciones, quiero ser clara en que respetamos decisiones, pero como Gobierno tenemos una política clara para hacer minería y eso lo demuestran las cifras de las que he hablado.