Agente del Esmad, a juicio disciplinario por muerte de joven en protestas del Paro Nacional

La Procuraduría General de la Nación citó a juicio verbal al patrullero de la Policía Nacional Gonzalo Moreno Gordillo, por su presunta responsabilidad en el homicidio del joven Cristian David Castillo de la Ossa, ocurrido durante las protestas del 22 de junio de 2021 en el portal de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Al parecer, Moreno Gordillo, miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), según explica la Procuraduría, habría disparado con su arma de dotación contra Castillo de la Ossa, de 23 años, mientras prestaba servicio de guardia y seguridad durante las manifestaciones en la capital.

En su momento, la Fiscalía señaló que le imputaría el delito de homicidio agravado al patrullero Gonzalo Moreno Gordillo por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte del joven.

El Ministerio Público investiga en este caso puntual si “el patrullero puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria con la conducta desplegada, con ocasión y como consecuencia de sus funciones de control antidisturbios, al accionar su arma de dotación fusil desbordando posiblemente sus atribuciones y límites establecidos legal y reglamentariamente para el control de disturbio y uso de armas y munición menos letal.”

Y es que, según la Procuraduría, posiblemente el patrullero, quien forma parte de la Policía Nacional desde 2014, con su actuación pudo haber desatendido los principios de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad, e inobservado su deber de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos que estaban a su alrededor.

La defensa de los familiares de la víctima explica que Cristian David murió tras recibir un disparo de un gas lacrimógeno por parte del agente del Esmad. En este sentido señalan que existió un acto de sevicia, puesto que el disparo se ejecutó a 27 metros de distancia y en dirección a la cabeza del joven.

Fue tal la violencia del golpe que el artefacto quedó incrustado en el cráneo de Cristian David. En la diligencia que se adelantará ante un juez de control de garantías expondrán además que existió un intento para desviar la investigación mediante el ocultamiento de pruebas.

Un ultimátum reciente por casos de abuso de fuerza

A propósito, el Consejo de Estado acaba de hacer un importante pronunciamiento relacionado con la actividad policial en Colombia, seriamente cuestionada, en ocasiones, por los desmanes que se han presentado en medio de las protestas, en las que se han comprobado abusos de autoridad, golpes, uso de armas ilegales y hasta homicidios.

Un ejemplo es el posible exceso de fuerza ocurrido en el caso de Dilan Cruz, el joven que terminó herido en el centro de Bogotá en jornada de manifestaciones del paro nacional en la calle 19 con carrera 5, y que terminó perdiendo la vida en un hospital horas después. Actualmente, en el caso se investiga como presunto responsable al capitán Manuel Cubillos.

En el pronunciamiento conocido por SEMANA, el alto tribunal determinó que, en tres meses, el presidente y los ministros de Defensa y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deben reglamentar la implementación de un sistema electrónico único para recepción de quejas y reclamos en torno a las actividades de las operaciones policiales, siempre que no se afecte la confidencialidad, cuando sea necesario.