Denuncia
Agoniza el sistema de salud en las cárceles de Colombia
Esa es la denuncia de cientos de trabajadores de la salud que atienden a la población privada de la libertad. Dicen llevar varios días sin recibir el pago por sus servicios, aseguran trabajar sin contrato y se sienten frustrados porque sus pacientes muchas veces no son atendidos en centros de salud por falta de pago.
El doctor Carlos Iván Murcia, quien trabaja en Casanare, denunció en SEMANA que el sistema de salud de las cárceles agoniza a causa del cambio de fiduciaria que se encarga de los pagos del personal de la salud, lo cual afecta no solo a los trabajadores y sus familias, sino directamente la atención de los pacientes.
“Hay una crisis en la salud de los privados de la libertad a nivel nacional. Eso es en todas las cárceles, aproximadamente más de 130 en todo el país. Y se debe a que la Fiduprevisora y la Fiduagraria, que atendían a la población carcelaria a través de un consorcio, tuvieron contrato hasta el último día de junio. A partir del primero de julio la licitación favoreció a Fiduciaria Central”, asegura, y dice que esa transición fue la que evidenció aún más el caos.
Murcia indica que es evidente la improvisación, que genera múltiples contratiempos. Entre ellos, trabajar varios meses sin recibir el pago por sus servicios. Lorena, una enfermera de Cundinamarca, dice que ha tenido que sacar prestado dinero para ir a trabajar debido a que su hogar queda retirado del centro penitenciario. “Completé 74 días sin sueldo, yo respondo por mis papás que son adultos mayores y no puedo renunciar porque me da miedo que no me paguen”, manifiesta.
Además, cuenta que muchas veces se ha sentido intimidada porque en algún momento pensó, junto con sus compañeros, en protestar por la situación que viven, pero recibieron la clara amenaza de “despedir a los revoltosos”.
La Fundación Cárceles al Desnudo ha recibido decenas de quejas similares a las citadas por SEMANA. Incluso hay quienes denuncian desde las regiones que completan más tiempo sin recibir el pago por sus servicios.
Médicos, enfermeras, auxiliares y odontólogos atraviesan la misma situación. A algunos ya les empezaron el pago de un mes de salario adeudado, pero se desconoce si es junio o julio los meses que le correspondía pagar a la anterior compañía, que recae sobre los hombros del actual responsable.
“Lo más indignante de todo es que nos hicieron un descuento de mas del 11 % de nuestro salario en ese único mes que pagaron. A mí me quitaron más de 200 mil pesos, dice una las enfermeras consultadas por este medio. Algunos médicos indicaron que el descuento de su mensualidad fue de medio millón de pesos y por más que piden explicaciones nadie se las da.
“No tenemos ni siquiera contrato, solo mandaron una carta de intención”, señala Murcia, que al igual que otros de los profesionales de la salud asegura se está creando un ambiente desigual que pretende bajar el costo del talento humano.
“Crearon una IPS en la que contratan a profesionales por la mitad del sueldo nuestro, a pesar de que cumplen las mismas funciones nuestras. Es muy injusto”, indica uno de los denunciantes, quien a su vez teme ser despedido debido a que está tercerizando los cargos porque las personas que llegan por esa vía cobran su trabajo más económico. “Esa intermediación es perversa”, dice el médico de Casanare
Otro de los puntos que tiene molestos a los trabajadores de la salud de las cárceles es que no recibieron el bono que el Gobierno prometió por la atención covid. “Nosotros tuvimos en todas la cárceles muchos casos de covid, muy complicados, incluso muertes, y fue un esfuerzo que tampoco fue reconocido”, denuncian.
“Es frustrante saber que a nuestros pacientes no los atienden en los hospitales de segundo a tercer nivel porque se les está adeudando dinero”, manifestó Murcia, quien añade que no se pueden programar citas con especialistas, ni cirugías u otros procedimientos como diagnósticos.
La Fundación Cárceles al Desnudo se pronunció tras las presuntas violaciones de derechos humanos que se evidencian en las denuncias recibidas, asegurando: “Exhortamos a los órganos de control del Estado y al director de la Uspec, Andrés Ernesto Díaz Hernández, para que en cumplimiento de sus funciones realicen acciones que permitan garantizar los derechos del personal médico que labora en cárceles y, por ende, garantizar los derechos de los privados de libertad que se encuentran afectados”, puntualiza el comunicado.