Redadas masivas para capturar a agresores sexuales

El sacerdote de la parroquia Villa Cristina, al sur de Bogotá, traicionó la confianza de su acólito, de 14 años, y de su familia. La cercanía era tal que, luego de la Semana Santa, el padre del adolescente lo invitó a una reunión en su casa. En medio de la celebración, todos los mayores consumieron licor y, entrada la noche, el cura aprovechó la borrachera del prójimo para abusar del menor. El joven le contó a su familia y el papá confrontó a su "líder espiritual", quien se le confesó y le pidió perdón. Así logró que la familia no denunciara.

La psicóloga del colegio escuchó el relato del alumno abusado, y de otro compañero suyo, de la misma edad, músico de la parroquia que hacía acusaciones similares sobre el sacerdote. La doctora no dudó y le puso un ultimátum a las familias: denuncian o denuncio. Esos hechos los conoció la justicia en 2013. Desde entonces, el sacerdote quedó excluido de la Iglesia Católica y se fue de la ciudad, rumbo a Itagüí, donde se volvió educador.

Hace dos semanas, en una de las operaciones más grandes que se han hecho contra agresores sexuales, los agentes de la Dijín de la Policía y de la Fiscalía llegaron hasta el municipio antioqueño y capturaron al exsacerdote. Fue uno de los 42 detenidos con denuncias por agredir sexualmente a menores en 17 localidades de Bogotá y 11 municipios de Cundinamarca.

La necesidad de emprender este plan piloto nació de la preocupación de las autoridades por las miles de denuncias de abuso contra menores -más de 17.000 en 2017- y las pocas judicializaciones. Por eso, la Policía se enfocó en Bogotá y sus alrededores, donde hay más casos sin resolver, y junto a la Fiscalía retomaron los procesos y convencieron a los jueces para que ordenaran las capturas de los sindicados.

Los investigadores priorizaron los casos, sobre todo, a partir de la posibilidad de que los supuestos agresores atacaran más niños. Lo que encontraron fue aterrador. Un hombre que ya había sido denunciado por estos delitos consiguió empleo en un centro de educación para niños con discapacidad. Uno de los pequeños denunció que fue abusado. Una niña de 14 años llegó a dar a luz a un hospital y, cuando le preguntaron por el padre del recién nacido, se enteraron que era el padrastro de la adolescente.

Abuelos, tíos, primos: los investigadores detectaron que la mayoría de denunciados eran parte de los entornos de los menores. En un caso, encontraron a un hombre que había sido capturado por hurto. El juez lo envió a prisión domiciliaria a la misma casa donde residía una niña que denunció ser abusada por él. Otro agresor se volvió conductor de ambulancias porque suponía que en ese trabajo nunca lo detendría una autoridad para verificar sus antecedentes. Muchos otros se habían ido a vivir a fincas, al campo, donde esperaban ser olvidados por la justicia.

Luego de escoger los casos y de presentar las pruebas para conseguir las órdenes de captura, los investigadores empezaron las labores de inteligencia para ubicarlos. La mayoría habían escondido su rastro. Una de las principales formas de ubicación fue revisar las denuncias que tenían por otros delitos. Eran más de 100, por hurto, violencia intrafamiliar, narcotráfico o lesiones personales.

Ese trabajo de investigación tomó dos meses y su resultado se materializó en 13 días en los que se hicieron todas las capturas. Lo que pretenden las autoridades es llevar ese plan piloto de redadas masivas a las demás regiones del país para que, en cuestión de meses, cientos de personas que ponen en peligro a los niños salgan de las calles del país y vayan a dormir tras las rejas.