Aguas residuales y alcantarillas rebosadas, Defensoría pide acciones inmediatas ante problemática ambiental en Cereté, Córdoba

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante una grave situación socioambiental que se ha estado presentando en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba. La presencia recurrente de aguas residuales y el rebose del alcantarillado están generando serios problemas de contaminación y afectando directamente a las comunidades de al menos cinco barrios de la localidad.

La situación se ha agravado, de acuerdo con la entidad, en los barrios La Esperanza, Chuchurubí, Santa Clara y El Prado, así como en algunos sectores del centro, donde los residentes están enfrentando condiciones desesperantes debido a los malos olores y la exposición constante a esta problemática. La situación ha llegado a niveles alarmantes, convirtiéndose en un verdadero problema de salud pública.

Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, aseguró que esta problemática socioambiental ha sido objeto de inspecciones periódicas llevadas a cabo en distintas áreas de Cereté, donde también se ha evidenciado el inadecuado manejo de residuos sólidos y el represamiento de aguas lluvias.

Con el objetivo de abordar esta crítica situación, la Delegada para los Derechos Colectivos y Ambiente de la Defensoría del Pueblo ha estado trabajando en el departamento, incluyendo Cereté, solicitando información relevante para poder elaborar un diagnóstico completo de la problemática. Se espera que en los próximos meses se divulgue un informe detallado que muestre la magnitud del impacto en varias zonas de Córdoba.

En busca de soluciones prontas y efectivas para esta situación, la Defensoría del Pueblo ha convocado a una mesa técnica de emergencia. En esta reunión, se espera contar con la presencia de varias entidades territoriales. El objetivo de esta mesa técnica será buscar medidas concretas que contribuyan a subsanar el problema y proteger la calidad de vida de los ciudadanos afectados.

“El fin es instar a la Alcaldía de Cereté, la empresa Aqualia, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Corporación Regional Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), con el objetivo de buscar soluciones prontas y efectivas que contribuyan a subsanar este problema”, indicó Camargo Assis.

El defensor del Pueblo enfatizó que la situación en Cereté está afectando gravemente la convivencia ciudadana y violando el derecho al goce de un ambiente sano, a la salud, la seguridad y el acceso a los servicios básicos. Para el funcionario, es imperativo actuar de manera inmediata para resolver esta problemática y evitar que sus consecuencias se agraven aún más.

Defensoría sobre contaminación de embalse La Playa

Por otra parte, en una reciente visita al embalse La Playa, en Tuta, Boyacá, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las entidades gubernamentales, especialmente al Ministerio de Vivienda, para destinar los recursos necesarios y finalizar la construcción del cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Además, solicitó la construcción de instalaciones similares en los municipios de Cómbita, Oicatá y Tuta, en el departamento de Boyacá, con el objetivo de reducir la carga contaminante que llega al embalse.

“Hago un llamado para que destinen los recursos que permitan terminar el cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tunja, y sean construidas las correspondientes en Cómbita, Oicatá y Tuta, para disminuir la carga contaminante que llega al embalse La Playa”, dijo el defensor Camargo Assis.

Esta petición surge después de un trabajo de campo realizado por la Defensoría del Pueblo, en el que se reunieron con las comunidades afectadas y representantes de los cinco municipios del departamento. Estas instancias solicitaron la intervención de las autoridades para que se cumpla con lo estipulado en la acción popular interpuesta hace 23 años.

Durante la visita al embalse, el defensor del Pueblo y su equipo técnico evidenciaron la presencia de malos olores, mosquitos y zancudos, causados por las aguas residuales provenientes de los municipios de Cómbita, Tunja, Oicatá y Tuta, así como los vertimientos de agua generados por los centros penitenciarios El Barne y Cómbita. Estos factores han generado un escenario de eutrofización y la proliferación del buchón de agua, que ha invadido gran parte del embalse La Playa.

Camargo Assis destacó que esta situación afecta a aproximadamente 6.000 habitantes de la región y resaltó que la falta de finalización y puesta en marcha del cuarto módulo de la PTAR de la capital boyacense es uno de los principales factores de contaminación en el embalse.

Además, el defensor del Pueblo solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que tome las medidas necesarias para garantizar que las plantas de tratamiento de las cárceles El Barne y Cómbita cumplan con los límites normativos vigentes y obtengan los permisos de vertimiento correspondientes, a fin de evitar afectaciones a las comunidades.

“También hago un llamado a Corpoboyacá, a la Agencia de Desarrollo Rural y a Usochicamocha para que implementen mecanismos que sean técnicamente viables para la descontaminación del embalse, la gestión del buchón de agua, y para que se hagan periódicamente las fumigaciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a las que se les están afectando sus derechos a un ambiente sano y a la salud”, indicó Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir monitoreando este caso y de acompañar las audiencias convocadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, así como las inspecciones que se realicen tanto en el embalse La Playa como en la PTAR de Tunja, tal como lo ha venido haciendo durante los últimos 20 años.