Ahora, el cartel de los cuadernos

Después de denunciar, en los últimos dos años, una presunta cartelización por acuerdos de precios entre productores de cemento, azúcar, papel higiénico, pañales y arroz, el turno es para los fabricantes de cuadernos escolares.

La decisión adoptada la semana pasada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) compromete a tres reconocidas empresas a las que les formuló pliego de cargos. Se trata de Carvajal Educación –del grupo del mismo nombre–, Scribe Colombia y Colombiana Kimberly Colpapel. Según la entidad, estas firmas se habrían puesto de acuerdo para fijar artificialmente los precios y definir estrategias de comercialización y descuentos en supermercados y cadenas de almacenes.

El mercado de cuadernos escolares es un negocio enorme, pues los usan 9,5 millones de estudiantes. Durante los últimos 13 años, el periodo investigado por la SIC, se vendieron en el país 1.183 millones de cuadernos por un valor de 2 billones de pesos. Esto deja al descubierto las ganancias que habrían obtenido las compañías por los presuntos acuerdos.

Según la entidad, el cartel de los cuadernos se habría configurado entre 2001 y 2014, lapso en el cual se pusieron en marcha, de manera concertada entre las tres empresas, prácticas para acordar los precios de esos artículos, definir cuándo y cómo se harían los descuentos y promociones y cuándo se suspenderían, no solo en Colombia, sino en otros países vecinos. Con estas prácticas los involucrados buscaban frenar la competencia, restringir el acceso de los consumidores a ciertos tipos, o privarlos de recibir promociones como lápices, cartucheras, colores, entre otros. Esto, obviamente, iba en contra de los consumidores que tenían que pagar más.

La SIC descubrió las conductas irregulares tras recibir información de dos empresas que participaron en el cartel y que se convirtieron en delatoras para evitar las drásticas multas. Tras conocer estas denuncias, en julio del año pasado, la entidad realizó visitas administrativas a las compañías involucradas para recaudar pruebas (documentos, correos electrónicos, testimonios, entre otros). De acuerdo con la información obtenida se evidenció que, presuntamente, los acuerdos de precios se iniciaron en 2001 por parte de Carvajal (antes Bico Internacional) y Kimberly. Scribe se habría vinculado al presunto cartel desde mediados de 2011 cuando compró la línea de cuadernos marca Scribe, que era de propiedad de Kimberly, empresa que salió de ese negocio ese año.

Entre las pruebas recaudadas por la Superintendencia, se encuentra un correo electrónico de febrero de 2002 remitido por Germán Varela, de Carvajal, a otros directivos de la compañía: “De la reunión con las personas de Kimberly de la semana pasada quedo (sic) como objetivo principal el promover el aumento de precios en Venezuela, Colombia y Ecuador…Con respecto a Ecuador hablamos que acuerdos para la temporada de la Costa ya no eran viables y que debíamos tener el acercamiento para la temporada de la Sierra donde deberíamos concertar la oferta de cuadernos de 50 y 100 hojas”.

Otros correos ponen en evidencia los presuntos acuerdos de precios. Uno de ellos, enviado en mayo de 2003 por Juan Enrique Restrepo, de Kimberly, a otros dos directivos de la multinacional (ver facsímil) dice: “Germán Varela es el gerente general de Bico Internacional. Como en Colombia el convenio de precios de marcas (sic), nos ha permitido manejar los precios con beneficios para todos, nos solicita que efectuemos lo mismo con el mercado de Ecuador en esta categoría. En la actualidad el precio de las marcas de Kimberly Ecuador (sic), están por debajo de los de Bico”.

En otro correo de noviembre de 2012 de Silvio Alberto Castro, de Scribe, dirigido a un directivo de la empresa se lee: “…En lo que sí quiero pedirte que hagas énfasis (sic), en el tema de los acuerdos que tenemos en el segmento Premiun (sic), sentimos que en este segmento los acuerdos realizados han sido tremendamente provechoso (sic) para ambos, listas unificadas en todos los canales y NO promociones de fin de semana en las cadenas, entre otros, ha sido muy importantes, esto debemos mantenerlo a como dé lugar, con nuestro compromiso de cumplirlos al pie de la letra”.

En otro correo electrónico quedan manifiestos los acuerdos para no hacer descuentos, que terminan beneficiando a los compradores. Ángela Piedad Zapata, de Scribe, en un correo enviado en enero de 2012 le dice a empleados de la compañía: “Este mail me lo envió Carvajal… Ellos me confirman que siguen firmes… y no van a patrocinar dctos (sic) al consumidor final. El Éxito los presionó mucho la semana pasada para un dcto en la categoría de colores… y No participaron…me dijeron que si no habían autorizado dcto para colores, menos iban a autorizar dcto en cuadernos que es mas (sic) honeroso (sic)”.

Pero los testigos de las dos empresas delatoras que participaron en el cartel también aportaron información sobre estas actuaciones. Uno de ellos dijo que “en el año 2013 se acordó, que en el mercado de cuadernos en cadenas y también en el canal tradicional, por la compra de X número de cuadernos te daban un obsequio, colores, cartucheras, alguna cosa, entonces se acordó no dar más obsequios…”.

Según la SIC, era común que los altos directivos, entre los que se encontraban gerentes de las compañías, se reunieran en restaurantes, hoteles o clubes y nunca en las oficinas. En esos encuentros se reportaban los reclamos de los competidores así como los nuevos acuerdos logrados. Los directivos impartían instrucciones para ocultar información que pudiera poner en evidencia la reunión.

Con estas y otras múltiples pruebas más, la Superintendencia no solo formuló pliego de cargos contra las tres empresas mencionadas sino contra 27 altos directivos de estas compañías, que al parecer colaboraron, autorizaron o ejecutaron actos relacionados con el presunto cartel empresarial. Entre ellos se encuentran Felipe José Alvira, gerente general de Kimberly Colpapel; Gladys Helena Regalado, presidenta de Carvajal Educación; y Antonio Martínez Báez, CEO de Scribe, entre otros.

En caso de que durante el proceso se comprueben estas acciones irregulares, la SIC podrá imponer multas hasta por 64.435 millones de pesos a cada empresa, y hasta por 1.288 millones a los empleados involucrados.

Al conocerse la decisión, Carvajal Educación emitió un comunicado en el que señala que la compañía se rige por un estricto código de conducta y tiene la voluntad de colaborar con la investigación. En el caso de Kimberly, llama la atención que también está vinculada a otras investigaciones de la SIC por la presunta participación en otros carteles como el de los pañales y el papel higiénico. Este hecho deja la idea en la opinión pública de que no se trata de acciones aisladas para obtener mayores ganancias a costa del bolsillo de los consumidores, en productos básicos de la canasta familiar. Por eso, es importante que las denuncias salgan a la luz pública para frenar estas prácticas abusivas, que ojalá no sean generalizadas.