Ahora es una tutela la que ordena dar por aprobadas las circunscripciones de paz

En la historia reciente del país no se recuerda una reforma constitucional tan atropellada y polémica como la que les da vida a las circunscripciones especiales para la paz. No solo por las discusiones que se desataron durante su frustrado trámite en el Capitolio, sino también por el ‘choque de trenes‘ que propició entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y que puso al Judicial a dirimir la puja.

El Gobierno, por instrucciones de la Casa de Nariño, acudió a los despachos judiciales para buscar la victoria que no logró con votos en el Congreso, por lo que se han presentado varios recursos para que este polémico proyecto, que en teoría crea 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto, sea remitido para promulgación ejecutiva.

Y en las últimas 24 horas se han producido dos decisiones acordes con los argumentos del Gobierno. Por un lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió una acción de cumplimiento del Gobierno para que el Congreso le envíe dicho proyecto al presidente Juan Manuel Santos para promulgación.

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En resumen, el pronunciamiento judicial, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano -quien ya tiene un cupo como suplente en la Jurisdicción Especial para la Paz-, lo que dice es que los 50 votos que obtuvo la reforma constitucional en la plenaria del 30 de noviembre en el Senado son suficientes para su aprobación. El Congreso sostiene que le quedó faltando uno.

Por otra parte, la acción de tutela que presentó Robinson López Descanse, un defensor de derechos humanos -tierra de la que también es oriundo el ministro del Interior, Guillermo Rivera-, fue resuelta en favor del demandante y en ella también se confirma que el proyecto sí logró mayorías suficientes y que, por ende, debe ser promulgado.

"Ordenar al Secretario General y al Presidente del Congreso de la República el acto legislativo (...) a efectos de sujetarlo a control único por parte de la Corte Constitucional", se lee en el fallo de tutela dado a conocer este martes.

El ministro Rivera dijo que, con esta tutela, "puede ser impugnada, pero debe ser cumplida de inmediato la orden que se emana en la decisión judicial". A su juicio, el Congreso debe dar por aprobada esta reforma constitucional por orden judicial.

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La tesis gubernamental, acogida por los despachos judiciales que hasta ahora se han pronunciado, se basa en que el quórum del Senado se redujo de 102 a 99 por los 3 senadores de la U que están presos (Bernardo Miguel ‘ñoño‘ Elías, Musa Besaile y Martín Morales), por lo que la conformación de mayorías -al ser la mitad más uno- se debe calcular sobre el número actual de congresistas en ejercicio.

Eso quiere decir, de acuerdo con la Casa de Nariño -el presidente Juan Manuel Santos es el principal defensor de esta tesis-, que los 50 votos que tuvo el proyecto de circunscripciones especiales de paz el 30 de noviembre, durante el último día del fast track, sí le serían suficientes para ser aprobado y enviado a promulgación ejecutiva.

Pero el Congreso, en cabeza de los presidentes de Senador, el conservador Efraín Cepeda, y de Cámara, Rodrigo Lara (Cambio Radical), han defendido su postura de que el proyecto no logró mayorías y por lo tanto quedó hundido en su trámite legislativo.

Como se ve, esto se convirtió en toda una batalla, porque, además, para que el proyecto pueda ser enviado enviado a promulgación ejecutiva debe llevar las firmas de Cepeda y Lara. Y el segundo, avalado por Cambio Radical (el partido del exvicepresidente y candidato Germán Vargas Lleras), ya dijo que no lo hará.

El presidente de la Cámara afirmó que reiteró que no dará su rúbrica, debido a que "se quedó en un mero proyecto que no hubo de convertirse en ley, porque no alcanzó la mayoría requerida". De esta manera, Lara se vuelve ahora un nuevo reto a superar para el Gobierno en su intento de implementar lo pactado con las Farc.

Lara, quien asumió la presidencia de esa corporación en julio de este año, ha sido señalado en ocasiones anteriores de querer torpedear la implementación del acuerdo, y en su momento por tratar de ‘engavetar‘ la ley estatutaria de la JEP, a tal punto que, en su momento, 30 congresistas solicitaron que se nombrará un presidente temporal, argumentando que este representante respondía solo a los intereses políticos de su colectividad.

"No firmaré la norma en cuestión para su envió a promulgación del presidente de la República", precisó el congresista. Claro que aún resta por conocerse la postura de Cepeda, quien dijo que todo está en análisis jurídico.

Estas 16 curules para las víctimas, en definitiva, tienen enfrentados a dos poderes públicos y esa disputa puede tener diversas consecuencias. El país político y jurídico están a la expectativa de lo que finalmente pase.