“Ahora nadie me contesta el celular”, la tercera mujer ‘chuzada’ por la Policía habló con SEMANA

El escándalo que estalló cuando se conoció que en Colombia revivieron las interceptaciones ilegales, a oídos de la Policía, dejó como víctimas a dos exempleadas de Laura Sarabia, la entonces jefa de gabinete del Gobierno nacional. Pero de acuerdo con la investigación son más los “chuzados” por la Dijín.

Este capítulo de “chuzadas” nació, de acuerdo con la Fiscalía, en una contrarreloj por recuperar una suma indeterminada de dinero que fue hurtado del apartamento de Laura Sarabia. Las órdenes para interceptar los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola surgieron de unos informes de policía judicial que, con datos falsos, las convirtió en integrantes del Clan del Golfo.

La misma fachada mentirosa usada por la Dijín para interceptar los teléfonos se repitió, de acuerdo con la investigación, para acceder a las comunicaciones de personas cercanas a Marelbys. Dos nuevas víctimas, un hombre y una mujer, plenamente identificados por la Fiscalía y SEMANA, quedaron en la mitad de esa arremetida por recuperar, a como dé lugar, el dinero hurtado.

La identidad de los chuzados se mantiene bajo reserva, por cuestiones de seguridad y garantía para la investigación; sin embargo, SEMANA habló con ellos. La primera, una mujer que se comunicaba de manera constante con Marelbys días después del hurto en el apartamento de Sarabia. Las dos hablaban y tenían actividades en común, lo que llamó la atención de los investigadores de la Dijín, al punto de que la incluyeron en el listado de “chuzados”.

“No tenía ni idea que estaba pasando esto, ahora nadie me contesta el celular, no puedo hablar con confianza, aún nos deben estar escuchando, se siente miedo, es increíble que cosas como estas puedan pasar”, señaló esta nueva víctima de las interceptaciones ilegales que fueron identificadas por la Fiscalía.

La mujer reconoció que mantuvo comunicación con Marelbys, pero un evento en particular la dejó muy preocupada respecto de los seguimientos y las “chuzadas”. Tenía una cita con la exniñera en el terminal de transportes de Bogotá para encargar unas encomiendas, mientras aprovechaban un viaje que haría la mamá de Marelbys a su pueblo natal.

“Estaba en el terminal, esperando a Marelbys, cuando llegaron unos policías y me pidieron que sacara todo lo que tenían las cajas y con cinta; les dije que buscaran lo que quieran, pero me tenían que dejar todo como estaba. Revisaron y no encontraron nada”, explicó la víctima a SEMANA mientras recordó el maltrato al que fue sometida por los uniformados.

La Fiscalía estableció, luego de los hallazgos y de los informes forenses, que los investigadores de la Dijín, responsables de las interceptaciones y de construir la necesidad de escuchar las comunicaciones, se concentraron en una palabra clave en las conversaciones entre Marelbys con su amiga: encomienda.

La certeza en este nuevo capítulo de “chuzadas” se convirtió en actos de investigación para la Fiscalía. Así fue como lograron identificar de qué forma los uniformados, con un encargo definido, se esforzaron por inventar una escena con hechos, personajes y delitos para convencer a una fiscal en Bogotá, de la necesidad de interceptar las comunicaciones.

En el propósito, ahora sí legal, de establecer de qué forma, quiénes y por orden de quién, se realizaron las interceptaciones, la Fiscalía ordenó una inspección a la sala que estaría en pleno centro de Bogotá y donde, al parecer, se “chuzaron” los teléfonos de estas nuevas víctimas, con resultados negativos en el objetivo de recuperar el dinero hurtado, pero castigando la credibilidad de la Policía.

Los “chuzadores”

En el marco de las investigaciones, que arrancaron luego del escándalo revelado por SEMANA y cuando un grupo de policías adscritos a la seguridad presidencial llevaron hasta un sótano frente a la Casa de Nariño a la entonces niñera de Laura Sarabia para realizar una prueba de polígrafo, el ente acusador enfiló baterías para conocer los detalles de las “chuzadas”.

Un equipo de fiscales de la Dirección Contra la Corrupción fijó posibles responsabilidades y ordenó una serie de procedimientos que incluyeron una inspección judicial al piso 13 del edificio de la Dian, donde funciona la Oficina de Anticipación presidencial, hasta hace poco a cargo del coronel Óscar Dávila, fallecido en circunstancias que son materia de investigación.

También se ordenaron diligencias de declaración y hasta interrogatorio para los protagonistas de las “chuzadas”, no solo las víctimas, sino quienes las solicitaron, con informes falsos. Cuatro uniformados de la Dijín fueron citados a interrogatorio con abogado y en coro tomaron la determinación de guardar silencio como estrategia de defensa.

“Por la interceptación ilegal a las líneas de la exniñera y una extrabajadora de servicios domésticos de la exjefa de gabinete de la Presidencia, la Fiscalía indaga la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos público y violación ilícita de comunicaciones”, dijo la Fiscalía al confirmar las citaciones.

La mayoría de los policías que fueron convocados para explicar su participación y responsabilidad en las interceptaciones tomaron la determinación de dejar su defensa en manos del abogado Miguel Ángel del Río, y justamente fueron ellos los que advirtieron a la Fiscalía que se acogían al derecho a guardar silencio, se negaron a entregar información y a colaborar con la justicia.

Fuentes del ente acusador advirtieron que se trata de un “pacto de silencio” que tiene como objetivo dificultar el trabajo de los investigadores y fiscales, pues los interrogatorios se programaron con el ánimo de escuchar a los uniformados, de ofrecer una posibilidad de defensa, antes de una eventual imputación de cargos y hasta órdenes de captura por delitos relacionados con las “chuzadas”.

Las mismas fuentes explicaron que, a pesar de la renuencia a declarar, la investigación avanza muy bien y los hallazgos técnicos empezaron a revelar lo que estos policías de la Dijín se negaron a contar. En cuestión de días se conocerán importantes decisiones para explicarle al país quiénes fueron los encargados de revivir las “chuzadas”, de dónde salió la orden y cuál será la respuesta de la justicia.