Aida Merlano condenada a 15 años de cárcel por compra de votos

La Corte Suprema de Justicia condenó a la exsenadora barranquillera Aida Merlano a 15 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas, ligados a una red de compra de votos en las elecciones legislativas, en marzo de 2018.

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Justo el mismo día de las elecciones, en las que ganó un puesto en el Senado con 73.000 votos, la casa que albergaba su campaña —la famosa Casa Blanca de Barranquilla— fue allanada y desde entonces los líos jurídicos de la exparlamentaria se han multiplicado.

La Fiscalía halló en el lugar 268 millones de pesos en efectivo, y dos documentos incautados que dan cuenta de que en la campaña se habrían invertido más de 1.730 millones de pesos, cuando el tope máximo de gasto permitido era de 884 millones.

El alto tribunal, según informó el diario capitalino El Tiempo, negó la solicitud de la defensa de Merlano, que pidió la nulidad y exclusión de algunas pruebas. Sin embargo, logró no ser condenada por el delito de de retención de cédulas, algo que había solicitado la Fiscalía.

El fallo, que se da a semanas de las elecciones regionales, se da tras meses de expectativa por las declaraciones de la exsenadora, que había prometido contar todo sobre presuntos delitos electorales en la capital atlanticense y se especulaba, incluso, con un principio de oportunidad que podía ser negociado con el ente acusador.

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Sin embargo, la corte dio traslado a la Sala de Instrucción de ese mismo alto tribunal y a la Fiscalía de varios hallazgos a partir de la investigación que terminó con la condena en primera instancia, que puede aún ser llevada a casación. Sin embargo, el fallo "no accede" a la aplicación de la figura de silla vacía, por lo que es una curul que mantiene el Partido Conservador.

Corto camino

En junio pasado la Corte Suprema había ordenado la captura de Merlano y desde entonces se encuentra en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, donde, según su defensa, ha sufrido varios quebrantos de salud e incluso un intento de suicidio.

Todo había pasado muy rápido. Tras la jornada electoral del 11 de marzo para escoger al nuevo Congreso de la República, agentes de la Sijín allanaron la sede de campaña de la representante y entonces aspirante al Senado. Y lo encontrado dio cuenta del más sofisticado sistema de compra de votos hasta ahora conocido en el país.

Las autoridades descubrieron cajas enteras con los registros de los votos comprados y un moderno sistema digital para llevar el control de los sufragios amañados y los respectivos pagos, incluyendo, rubros por “subsidio de transporte”. El escándalo apenas se empezaba a conocer cuando la Fiscalía remitió las evidencias a la Corte Suprema, juez natural de los congresistas.

La Procuraduría, por su parte, sancionó a Merlano por tres meses de su curul en la Cámara y anunció un proceso expedito para determinar su responsabilidad en el escandaloso caso, además de solicitar posteriormente su muerte política, que fuera anulada su elección y que se declarara la silla vacía a su curul en el Senado.

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El 16 de mayo, la sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Aida Merlano Rebolledo como senadora de la república para el periodo 2018-2022.

Según el comunicado de esa corporación, la sala encontró que existió una organización liderada o dirigida por Merlano, que tenía como propósito "afectar la libertad de los electores" principalmente en la ciudad de Barranquilla, a través del ofrecimiento y entrega de sumas de dinero a cambio de su voto por ella al Senado de la República.

La sala precisó entonces que hechos como el de la compra de votos tienen un impacto grave para la sociedad, pues es una manera de defraudar los intereses de todo un colectivo. “Al haberse falseado el voto de varios de los electores por parte de la señora Aida Merlano Rebolledo a través de una estructura organizada liderada por ella misma, se afectó la pureza del sufragio y la libertad de los votantes”, señaló.

Ahora la exsenadora se ve abocada a 15 años de prisión y al pago de una multa de un poco más de 666 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Una dura sentencia que busca enviar un mensaje a las poco transparentes costumbres políticas en Colombia y de lo que puede suceder si los castigos se aplican.

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