Aida Merlano: esta es la cantidad de años que podría pasar la excongresista en la cárcel, tras su regreso a Colombia

La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue trasladada este viernes 10 de marzo a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, para que cumpla las dos condenas que tiene pendientes por delitos electorales. Casualmente, fue en este mismo centro carcelario donde la dirigente política conservadora planeó su cinematográfico escape en octubre de 2019, después de asistir a una cita de diseño de sonrisa.

Cabe recordar que Merlano tiene una condena inicial de 11 años de prisión, que en principio era de 15, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Y otra condena por 5 años de cárcel por violar topes electorales, decisión que fue revelada, en su momento, en exclusiva por SEMANA.

Penalistas explican que, en este caso, Merlano deberá pagar una pena de 11 años por ser la condena más alta proferida en su contra.

El abogado Juan Camilo Sanclemente, por su parte, explica que podría afrontar una pena de hasta 9 años por fuga de presos: “en este caso se pediría acumulación de las penas, pero pagaría la más alta. Es importante entender que los años que pagó de cárcel antes de su fuga no se tienen en cuenta. Es decir, comienza su pena desde cero. De aquí en adelante, son 11 años y se deben tener en cuenta otras condenas u otros procesos que podrían ser falso testimonio o fraude procesal”.

Abogados como el profesor Francisco Bernate explican además que se acudió a la figura de la deportación y no de la extradición por tratarse de un trámite mucho más rápido para los dos gobiernos, tanto el de Venezuela como el de Colombia: “Si ellos la piden en extradición, esto habría tardado meses. La deportación se da, precisamente, porque el Gobierno de Colombia, durante la era Duque, había presentado la solicitud ante Juan Guaidó y eso no era legítimo. Por eso se usó esa figura esta vez”.

Para el abogado Andrés Felipe Caballero, ella podría redimir pena “que no es un beneficio, sino un derecho” que tiene por temas como estudio o trabajo. Es decir, eventualmente, la excongresista podría pasar menos de 11 años de cárcel.

Merlano, quien fue deportada este viernes 10 de marzo luego de permanecer tres años en Venezuela, había pedido por medio de su defensa un lugar de reclusión que le brinde todas las medidas de protección y seguridad, esto al advertir que teme por su vida debido a las denuncias que han hecho en contra de clanes políticos de la Costa, entre ellos las familias Char, Name y Gerlein.

Tras su deportación, y en una rueda de prensa que se celebró en la sede de la Dijín de la Policía, la exrepresentante a la Cámara manifestó que quiso regresar al país a “hacerles frente a todos los procesos que cursan en mi contra, a dar la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí, y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente”.

Igualmente, cabe señalar que Merlano tiene un proceso penal pendiente por la fuga que protagonizó el primero de octubre de 2019 cuando se lanzó de un segundo piso tras finalizar un diseño de sonrisa, en un consultorio ubicado en la calle 116 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá.

El pasado 19 de enero, tras declarar en el juicio contra el empresario Julio Gerlein, la excongresista le envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro para que solicitara “cuanto antes” la extradición a Colombia, “puesto que yo estoy presa hace tres años en este país (Venezuela), donde no tengo claras mis condiciones aquí y tampoco mis condiciones en mi país”.

La decisión de la Procuraduría revelada por SEMANA

En enero de 2023, SEMANA reveló en primicia la decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación de confirmar o dejar en firme la totalidad del fallo proferido en única instancia contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo, destituida e inhabilitada por 10 años, y negó las pretensiones del recurso con el que pretendía reponer lo decidido en 2020. Una Sala de segunda instancia señaló que no existen elementos jurídicos que avalen lo solicitado por la defensa.

La decisión de la Procuraduría fue confirmar que Merlano Rebolledo desplegó toda una serie de actividades para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República.

Sobre su rol, el ente de control sostuvo que “la Corte Constitucional reconoció su competencia para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular por actos de corrupción, lo mismo que en su momento hizo el Consejo de Estado, por lo que desvirtuó los argumentos presentados en ese sentido”.

Finalmente, la entidad indicó que en todo momento se respetó el derecho fundamental al debido proceso y que el asunto pasa a ser cosa juzgada.