¿En qué va el caso de Aída Merlano un año después de que estalló el escándalo?

El pasado 11 de marzo se cumplió un año del allanamiento que la Fiscalía hizo a la sede de la campaña política de la entonces representante a la Cámara Aida Merlano donde encontraron las pruebas de una presunta red de compra de votos, justo el mismo día de las elecciones en las que ganó un puesto en el Senado con 73.000 votos. Desde ese momento los líos jurídicos de la barranquillera se han multiplicado. Merlano continúa en la cárcel del Buen Pastor en detención preventiva, aún después de que su abogado advirtiera que intentó suicidarse en septiembre del año pasado.

Si bien el Consejo de Estado falló en primera instancia contra Merlano y está a punto de perder su investidura, este es solo uno de los procesos que cursan en el alto tribunal y que piden su muerte política, así como la nulidad de su elección.

Al borde de la muerte política

El caso más conocido de Merlano es el que la tiene a punto de perder su investidura. El Consejo de Estado falló en primera instancia en septiembre del año pasado en contra de Merlano al encontrar que vulneró los topes máximos de financiación electoral en su campaña para el Senado 2018-2022 -avalada por el Partido Conservador-, lo cual ocurrió, según el alto tribunal, con su consentimiento dejando claro su “propósito de quebrantar el ordenamiento legal y con ello obtener un provecho para garantizar su elección al Congreso”.

Merlano no presentó informe de ingresos y gastos de la campaña, a pesar de las peticiones de la firma auditoria Jahv McGregor contratada por el Partido Conservador, sin embargo, la Fiscalía encontró durante el allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, a la que denominó “Casa Blanca”, 268 millones de pesos en efectivo, y los documentos incautados dan cuenta que en la campaña se habrían invertido más de 1.730 millones de pesos, cuando el tope máximo de gastos permitido para cada candidato era de 884 millones de pesos.

La defensa de Merlano en este caso apeló y pidió que se realicen nuevas pruebas por “irregularidades durante el allanamiento” de la Fiscalía, pues asegura que los policías que participaron en la diligencia “introdujeron evidencias”, como certificados electorales y dinero. Hace una semana el Consejo de Estado ordenó la práctica de pruebas, entre las que se encuentran revisar las cámaras de seguridad de la “Casa Blanca”, así como la revisión de la orden de allanamiento y los informes de la policía judicial. Con estas pruebas el Consejo de Estado decidirá si deja en firme la pérdida de investidura.

Las otras demandas

En el Consejo de Estado hay más demandas que piden que Merlano pierda su investidura, sin embargo, solo van en primera instancia. Fueron acumulados dos procesos, el primero por su supuesta participación en fraude electoral, debido a que según la Fiscalía Merlano pagaba $40.000 por cada voto y $5.000 por el servicio de transporte. Además, en el allanamiento le fueron incautados certificados electorales, fotocopias de cédulas de ciudadanía, cuatro armas de fuego, un listado con nombre de votantes y líderes comunitarios -organizados presuntamente para la compra de votos-. “En cuanto a tráfico de influencias ninguno de los testigos ha podido demostrarlas. Estamos esperando el cierre de pruebas”, aseguró el abogado de Merlano, Silvio Quiñones.

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Además, Merlano podría perder su investidura por inasistencia cuando era representante a la Cámara por el partido Conservador entre 2014 y 2018, según la Constitución esto puede suceder si falta a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. Lo que se cuestiona es que Merlano faltó un mes entero, desde el 14 de noviembre de 2015 hasta el 12 de diciembre.

La semana pasada durante la audiencia de práctica de pruebas testimoniales la defensa presentó las incapacidades médicas, aseguran que en este tiempo Merlano tuvo una cirugía, sin embargo, el médico que habría firmado la incapacidad, Ricardo Enrique Pereira, asegura que Merlano “nunca” fue su paciente en la unidad de Bienestar IPS.

“Paciente con cuadro clínico de infección urinaria severa se expide incapacidad laboral por 30 días”, se lee en la incapacidad presentada. Por tanto, Pereira asegura que “una incapacidad por infección urinaria de 30 días es imposible, porque las incapacidades por infecciones urinarias son hasta por siete días por ley”. Aún más grave, el médico asegura que el sello que se encuentra en la supuesta incapacidad no es suyo “ya que no muestra el registro médico”.

A esto se suma la demanda que pide la pérdida de investidura por no haberse posesionado el 20 de julio -día de la instalación del Congreso- ni durante los ocho días siguientes. Este proceso está en segunda instancia, en primera ganó Merlano asegurando que no se posesionó por motivos de fuerza mayor -para ese momento ya tenía medida de aseguramiento-, incluso pidió que Ernesto Macías, presidente del Senado, fuera a la cárcel a posesionarla, sin embargo, esto no es posible, se debe hacer en el Congreso. El pasado 6 de septiembre, justamente en una audiencia de este caso, la defensa aseguró que Merlano intentó suicidarse en la cárcel del Buen Pastor.

Procuraduría vs. Merlano

El Consejo de Estado también admitió una demanda de la Procuraduría por nulidad electoral contra Merlano. Es decir, la nulidad del formulario E-26 SEN de 19 de julio de 2018, así como de la resolución en la que el Consejo Nacional Electoral la declaró electa como senadora.

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La Procuraduría argumenta que se debe declarar la nulidad de la elección “por existir serias irregularidades en torno a la votación obtenida por dicha candidata fruto de la orquestación de maniobras fraudulentas”. Por tanto, el ente de control asegura que hubo una conducta deshonesta y que por eso el asunto debe ser estudiado “bajo la perspectiva de la moralidad administrativa”, pues a su juicio los 73.000 votos que obtuvo Merlano fueron obtenidos de manera “fraudulenta”.

Paralelamente, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Merlano precisamente por presunta compra de votos y fraude electoral. Esto, debido a que aún como representante a la Cámara presuntamente cometió el delito de corrupción al sufragante -Merlano todavía no ha sido condenada-.

Según el procurador Fernando Carrillo, la presunta falta es gravísima y fue cometida a título de dolo. “Los elegidos popularmente representan al pueblo, deben actuar consultando a la justicia y el bien común, responden políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, advirtió.

Al sol de hoy la curul de Merlano en el Senado sigue vacía, no la ha podido ocupar Soledad Tamayo, la siguiente en la lista por el Partido Conservador, porque todavía no se ha declarado la muerte política de la barranquillera.