La telenovela del Caribe

La historia de Aida Merlano ha dado más giros que una telenovela mexicana. Su fuga puso a temblar a políticos tradicionales del Caribe, y esta semana salió a la luz un nuevo capítulo de la historia. Su hija, Aida Victoria Merlano, aseguró que la relación con Julio Gerlein Echeverría, iba más allá de la política. “Él ha sido un padre para mí, un marido para mi mamá y lo ha sido todo para nosotras”, dijo en una entrevista con Los Informantes.

Esa relación podría salirle mal a Gerlein y producir un remezón en el poder del Caribe. La caída de Merlano y su posterior fuga han afectado la estructura que la sostenía a ella y a un buen número de dirigentes políticos y empresariales de Barranquilla. Y recibió primero el golpe el propio Gerlein, miembro de una de las familias más poderosas de esa región. La Fiscalía lo señala de financiar la campaña de la prófuga exsenadora.

En Barranquilla, desde hace muchos años, le atribuyen al respaldo de esa casa política el ascenso político de Merlano, que pasó de joven líder del barrio Buenos Aires, del suroccidente de Barranquilla, a senadora de la república. Aunque para ella, ese tejemaneje tampoco le es extraño. Su padre Domingo, fue durante varias décadas un líder barrial de Roberto Gerlein. Aida Merlano, además, se casó con el concejal Carlos Rojano, uno de los pupilos del exalcalde Bernardo Hoyos Montoya. Incluso, se afirma que solo gracias al empujón de Merlano con los Gerlein, Rojano logró obtener las votaciones más altas al Concejo de Barranquilla en 2008 y 2012. En todos esos momentos, quienes la conocen destacan su habilidad en ese mundo.

La Fiscalía señala a Julio Gerlein de financiar la campaña de la exsenadora Aida Merlano. Su defensa sostiene que los giros corresponden a asuntos personales.

La defensa de Merlano en el proceso ante la Corte Suprema se enfocará en demostrar que ella no era un elemento aislado en ese complejo panorama político que le endilgan. Para su abogado. Bladimir Cuadro, va a quedar demostrado que ella “no era la líder principal y que era imposible que sola pudiese organizarlo todo”. Durante las diligencias, la exsenadora reconoció varias veces haber cometido “algunos errores”, mientras su defensa trató de exigir una sanción en “las justas proporciones”.

A juicio de los abogados de Merlano es completamente desproporcionada la condena que le impuso la Corte Suprema de 15 años de prisión por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego y municiones. Para ellos, aún si todos los hechos de la acusación fueran reales, se trataba de una práctica común de conocimiento público que da para una sanción, pero no para acabar con una vida.

Horas antes de su fuga, el primero de octubre, su abogado radicó un documento para pedir revisar su caso. Solicita evaluar la responsabilidad de Merlano en la compra de votos al presentarse, según Cuadro, “una contradicción, porque la corte en la sentencia dice que hay una estructura criminal pero finalmente la termina castigando como si fuera la única cabeza de todo”.

Tanto los conceptos de la corte, que ven en el caso una megaestructura, como los argumentos de la defensa han terminado por salpicar a Gerlein. En el proceso en su contra, la Fiscalía reveló que desde una cuenta a su nombre en Bancolombia habrían girado 25 cheques que tenían como destino financiar la campaña de Merlano al Senado. Según el ente investigador, hay cerca de 11.000 millones de pesos en giros, por lo que al empresario le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y violación de los topes de gastos de campaña.

Un video del 9 de marzo de 2018 sirvió, entre otras cosas, para trazar las conexiones concretas, aparte de los 260 millones de pesos incautados a Merlano. Este fue grabado en la sede de la campaña, conocida como la Casa Blanca, tres días antes de las elecciones legislativas y del allanamiento efectuado por la Fiscalía. Allí, según cita la sentencia de la corte, quedó registrado el momento en que la exsenadora en tono molesto grita “a lo bien ya el debate me lo bajó a 1.300, según él; o sea no pagamos casas de apoyo, no pagamos votos (…) tú crees que yo no le voy a pagar a los líderes…”.

Rafael Salcedo Rocha, un comerciante de la ciudad que participó en la campaña, testificó sobre esos hechos. Aseguró que días antes de las elecciones, Merlano se reunió en su sede con Julio Gerlein, Edwin Martínez y Adriana Blanco, estos últimos coordinadores de la campaña. Y que pasado algún tiempo “la vio salir disgustada porque Julio solo había conseguido 600 millones de pesos de los 2.000 que se había comprometido a entregar, para terminar de comprar la votación”.

Martínez es uno de los tres hombres a quienes la Fiscalía señala de haber cobrado los 25 cheques girados por Gerlein. El 2 de abril de este año, en medio de una audiencia, Salcedo Rocha dijo que en varias oportunidades se reunió con Merlano y ella llegó al grado de confianza de enterarlo de la forma como hacían la política en la Costa, del apoyo que recibía del empresario Julio Gerlein y de las alianzas que tenía con varios políticos.

En las 191 páginas de la sentencia en su contra aparecen 19 referencias sobre Gerlein. La misma Merlano, incluso, declaró que “Julio sabía” de todo lo que sucedía en la Casa Blanca y “se encargaba de la parte administrativa, logística y del dinero para los gastos”.

El abogado de Gerlein, Jaime Lombana, sostiene que esos giros corresponden a asuntos personales. Agrega que el empresario estuvo en la sede de la campaña y aparece en el video porque ese día había quedado en ir a comer con ella. Sobre los cheques afirmó que “él sí le giró un dinero, pero todo fue a título personal”.

Muchos se preguntan qué consecuencias tendrá sobre los otros políticos locales su vinculación al caso de la Casa Blanca, y si el efecto Merlano resulta ser tan fuerte como para hacer tambalear a un superpoderoso como Julio Gerlein. Sobre todo, teniendo en cuenta que tres de los políticos vinculados al proceso aspiraban a repetir curul y se quemaron en las elecciones recientes. Se trata de los concejales Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo y el diputado Jorge Rangel, todos pertenecientes al Partido Conservador. A ellos también ya les imputaron los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir.