Airbnb: asambleas de edificios podrán prohibir los alquileres por días

En las últimas horas, en la recta final de la legislatura del Congreso, el representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, denunció que se aprobó un “orangután” que prohibiría los alquileres en plataformas como Airbnb, en la que el dueño renta propiedades por días.

“Se están violando los derechos a la propiedad privada de miles de ciudadanos. El poder de los grandes hoteleros se hizo sentir hoy en el Congreso”, dijo Toro.

SEMANA habló con el autor del proyecto, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, quien defendió la propuesta y aclaró sus alcances.

SEMANA: ¿Es cierto que en el Congreso avanza un “orangután”, como lo denunció el representante Mauricio Toro, que prohibiría el funcionamiento de plataformas como Airbnb?

José Jaime Uscátegui: Eso es una fake new porque el proyecto no prohíbe el uso de plataformas como Airbnb. Lo que establece es que si un conjunto residencial en su asamblea anual quiere limitar de alguna forma el uso de ese tipo de plataformas o alquileres por días, lo puede hacer siempre y cuando lo incluya en el reglamento de la copropiedad y que sea la mayoría de la asamblea que así lo decida.

SEMANA: Eso quiere decir que si, por ejemplo, en una unidad residencial la mayoría decide que no se puede alquilar ninguna vivienda a través de estas plataformas, ¿eso queda prohibido?

J.J.U.: Lo que pasa es que se han presentado problemas con el alquiler por días. Los vecinos se quejan de problemas de seguridad, robos, líos de convivencia. Entonces dejamos abierta la posibilidad para que la asamblea plenamente pueda tomar una decisión frente a eso. Lo podría limitar o establecer requisitos para que ese tipo de plataformas se utilicen con algún tipo de regulación.

SEMANA: ¿En el proyecto se estipula algún tipo de instancia que regule esa normatividad?

J.J.U.: Ya la Ley de Turismo y los decretos que se han expedido establecen que el propietario de cualquier apartamento o inmueble que quiera hacer uso de estos servicios de alojamiento tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Ahora, con esta nueva ley, va a quedar tal y como viene. Lo único que se establece es que la asamblea de un edificio o conjunto puedan imponer algún tipo de restricciones. Una vez la asamblea incorpore eso en su reglamento de propiedad horizontal, las alcaldías, de acuerdo con el mismo proyecto de ley, estarán encargadas de supervisar que eso que establecen los copropietarios sea una realidad. Entonces sí existe un control por parte de las alcaldías, de la Superintendencia de Industria y Comercio y un control de las demás autoridades por si se presenta algún tipo de abuso o problema.

SEMANA: Ya que habla de la Ley del Turismo, algunos han criticado que el proyecto iría en contra de esta normativa, ¿es así?

J.J.U.: No. En realidad la reforma que estamos planteando es a la Ley de Propiedad Horizontal y simplemente se termina reafirmando lo que ya dice tanto la Ley de Turismo como los decretos reglamentarios para el uso de esas plataformas o esos servicios de alquiler. Para claridad de los ciudadanos, se puede hacer. Lo único que podría cambiar las cosas es que la asamblea de un edificio autónomamente tome alguna decisión contraria o establezca un requisito adicional. Pero esta ley no es ni un ‘orangután’, ni mucho menos un ‘mico’, porque da claridad acorde con la Ley de Turismo y acorde con lo que exigen los reglamentos de propiedad horizontal.

SEMANA: ¿Qué más contempla el proyecto?

J.J.U.: Son cerca de 80 artículos en los que se está actualizando todo el régimen de propiedad horizontal. Hay cosas muy importantes como la creación del registro nacional de administradores de propiedad horizontal. Ahora toda persona jurídica o natural que haga las veces de administrador en un edificio o conjunto debe estar debidamente registrado ante la Cámara de Comercio para que haya mayor transparencia y visibilidad con los administradores. Con eso estamos enfrentando al cartel de la propiedad horizontal, que son grupos que se van por los edificios y conjuntos residenciales apropiándose de los recursos y de los órganos de administración.

Adicionalmente, se aclara lo que es el procedimiento de entrega de bienes comunes. Eso en el pasado ha generado muchos problemas con las constructoras y con este proyecto de ley se está aclarando en su totalidad. Se les dan más dientes a las alcaldías para que puedan hacer un control al funcionamiento de las copropiedades a nivel nacional. Ahora las administraciones tienen la obligación de tener toda la información en línea, las actas, los manuales, los reglamentos, los estados financieros de las copropiedades, entre otras.

SEMANA: ¿Hay influencia de los grandes hoteleros sobre el proyecto, tal como sugirió el representante Mauricio Toro?

J.J.U.: Eso es falso. Aquí no se está beneficiando a ningún sector en particular. Yo no tengo ningún interés distinto a que el Estatuto de Propiedad Horizontal sea un instrumento útil para que los dueños y propietarios de los inmuebles puedan garantizar una convivencia pacífica y sana en las copropiedades. Mi campaña no me la financió ningún gremio hotelero, ninguna EPS, ningún fondo de pensiones, así que yo reto al representante Mauricio Toro a que me diga: ¿por qué se supone que yo estaría beneficiando a un sector en particular?