Nación
Al estilo de Pablo Escobar, Clan del Golfo paga 2 millones de pesos por asesinar policías
La Fiscalía tiene evidencia que señala a la organización criminal de ofrecer a delincuentes plata en efectivo para asesinar policías.
Hay un plan pistola contra los policías en diferentes regiones del país, principalmente las afectadas con la presencia y actividad criminal del Clan del Golfo. La causa de esa arremetida contra los miembros de la fuerza pública está, según la Fiscalía, en una retaliación, una venganza de los delincuentes por los constantes operativos. El más reciente terminó con la neutralización del segundo cabecilla de esa organización, alias Marihuano, mano derecha de alias Otoniel a quien las autoridades, aseguran, le siguen los pasos.
El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que iniciaron un proceso de priorización y una estrategia para judicializar a los responsables de estos ataques contra miembros de la policía en departamentos como Antioquia y Sucre.
“La Fiscalía fortalecerá la estrategia de judicialización de los integrantes de organizaciones criminales que hoy pretenden asesinar a policías. Somos una sola institucionalidad con la fuerza pública y las fuerzas militares”, señaló el fiscal.
Tras los hechos de violencia que dejaron tres uniformados muertos durante el pasado fin de semana, la Fiscalía y la Policía adelantaron operativos que terminaron con la captura de tres personas señaladas de asesinar a los uniformados como parte de ese plan pistola.
En el proceso de investigación que adelantaron los fiscales designados para estos casos, lograron identificar no sólo a los autores materiales, sino los intelectuales de esa arremetida contra la fuerza pública. En esas labores de verificación establecieron que cabecillas del Clan del Golfo estarían ofreciendo hasta 2 millones de pesos por asesinar o perpetrar ataques contra la Policía.
“La Fiscalía cuenta con información relevante que evidencia que, los homicidios fueron determinados por los principales integrantes del Clan del Golfo entre ellos alias Chrimoya y que se habría pagado dos millones de pesos por ejecutar los atentados a los policías, como retaliación por la neutralización de alias Marihuano, segundo cabecilla de ese Grupo Armado Organizado”, señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.
En la investigación la Fiscalía estableció que los autores materiales, los encargados de disparar en contra de la fuerza pública, hacen parte de estructuras que trabajan para el clan del Golfo y se dedican, a cambio de millonarios pagos, a completar las actividades criminales de esta organización al margen de la ley.
“El material probatorio recopilado ha permitido establecer que las órdenes para ejecutar los asesinatos fueron materializadas por las subestructuras Jorge Iván Arboleda, que delinque en el municipio de Segovia (Antioquia), la subestructura Uldar Cardona Rueda cuyo accionar delincuencial se concentra en Guaranda (Sucre), y la ‘Moreno Peñate’ que delinque en el municipio de Caucasia (Antioquia)”, se lee en la información que compartió la Fiscalía.
Los operativos que permitieron la captura de los responsables del asesinato de los tres uniformados de la policía, permitieron identificar cómo y de qué forma estaría operando esta organización criminal, dedicada a planerar, de manera indiscriminada ataques contra la fuerza pública y como retaliación a los operativos que se adelantan en varios departamentos.
Fuentes de la Policía explicaron a Semana que tras los operativos de gran impacto que permiten la captura o dar de baja a cabecillas del Clan del Golfo, se activa en algunos departamentos el llamado plan pistola, por eso se mantienen en estado de alerta los uniformados en esas regiones.
“Por esta razón se fortalece en la lucha contra las organizaciones criminales que están afectando la región del Bajo Cauca, sur de Córdoba y departamento de Sucre, con investigadores, peritos y fiscales. El objetivo es atacarlas de manera contundente”, explicó la Fiscalía.
Objetivo de la Policía y la Fiscalía no sólo es asegurar las investigaciones, sino concretarlas con las capturas y judicialización de los responsables del asesinato de uniformados, de la Policía y Fuerzas Militares.