Al menos 300.000 personas en Sucre podrían verse afectadas por operaciones de Hidroituango

El gobernador de Sucre y presidente de la Federación Nacional de departamentos, Héctor Olimpo Espinosa, advirtió sobre las consecuencias que podría desencadenar el proyecto Hidroituango para la región de La Mojana.

De acuerdo con el mandatario, la puesta en marcha de la hidroeléctrica afectaría a un aproximado de 450.000 personas que residen en toda la zona, considerando que se puede registrar un aumento en el caudal fluvial.

“Cualquier intervención que se haga en el río Cauca, en la vertiente baja, próxima a su desembocadura en el río Magdalena, afecta a la región. Cualquier cosa que altere la velocidad de las aguas y el volumen de agua tiene un potencial muy grande de afectar a las comunidades, sus cultivos y sus modos de vida”, precisó el gobernador.

Cabe recordar que La Mojana está conformada por 11 municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. El 70% de la población reside en territorio sucreño, es decir, al menos 310.000 personas.

En ese sentido, Héctor Olimpo Espinosa hizo un llamado al Gobierno nacional a implementar medidas preventivas no solo para los municipios antioqueños, sino también para los que se localizan en inmediaciones del proyecto.

“La Mojana hace parte de la cuenca del río Cauca. Está aguas abajo de Hidroituango. Lo que afecte a los municipios antioqueños afectará también a los municipios sucreños, cordobeses y bolivarenses. Entonces el plan de contingencia tiene que ser integral”, advirtió Espinosa.

Precisamente el pasado 2 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su preocupación por la megaobra y su puesta en funcionamiento frente a las repercusiones que se puedan presentar con la población en riesgo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano pidió de manera urgente que sea evacuada la población que pueda estar en riesgo en la zona de impacto de Hidroituango, antes de que se prendan las turbinas.

El jefe de Estado destacó que las autoridades deben garantizar la vida antes que cualquier cosa.

Un informe revelado por la Procuraduría General de la Nación puso en evidencia las “serias falencias” que hay en la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial de los cinco municipios que están ubicados aguas abajo de la obra.

Aunque los organismos de socorro no han emitido una alerta para llamar la atención de los habitantes, la lupa se puso sobre Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí a razón de que no estarían listos para operar ante un incidente que se presente en Hidroituango.

El ente de control alertó que las administraciones locales tienen los planes de atención desactualizados. Es decir, sin tener en cuenta los nuevos escenarios de riesgos. Tampoco hay gestión documental ni continuidad en los procesos de mitigación.

Lo más preocupante es que los municipios no cuentan con el personal adecuado para el tratamiento de estas materias y los grupos que reaccionan cuando hay emergencias no están dotados de los elementos indispensables para salvar a los ciudadanos.

“Los organismos de socorro no tienen el personal, entrenamiento, ni los equipos necesarios parar la atención de emergencias”, indicó la Procuraduría en un documento dirigido a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por lo pronto, El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, confirmó que llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional: las turbinas no se encenderán este mes.

“Estaremos en el proyecto el próximo martes o miércoles. Las pruebas lo que nos permiten es simular el macizo antes las vibraciones- y eso es lo que venimos haciendo. Con los tiempos que vamos a ganar en este proceso vamos a poder hacer muchas más pruebas. No necesariamente vamos a arrancar el 30 de noviembre, puede ser mucho más allá”, sostuvo el alcalde Quintero.

Por otro lado, el mandatario distrital anunció que están a la espera de recibir una circular del Gobierno nacional, donde recomendaría suspender las condiciones de la CREG y realizar todas las pruebas necesarias para no poner en riesgo el proyecto, como es el caso del funcionamiento de las máquinas.