Al menos 85 familias indígenas están en riesgo de desplazamiento en Chocó por combates entre ELN y Clan del Golfo

Nuevamente, los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales en inmediaciones de resguardos indígenas en Chocó dejan a la población en estado de vulnerabilidad. El más reciente combate tuvo como protagonista al ELN y el Clan del Golfo, muy cerca de Alto Baudó, donde falleció una nativa por cuenta de una bala perdida.

La mujer, identificada como Luz Aida Conchave, de apenas 22 años, pertenecía a la comunidad Emberá Dobidá Mohamía del resguardo alto río Baudó, Chori Jurubirá.

“La población indígena está dispersa huyendo, desplazándose a la comunidad de Miacora, buscando refugio, a la comunidad de Santa María de Condoto”, aseguró la organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia.

Por su parte, Modesto Serna Córdoba, asesor de paz del Chocó, rechazó los ataques e indicó que los grupos ilegales están violando el Derecho Internacional Humanitario. “Es un enfrentamiento en medio de la población civil, al punto que varios han comprometido su humanidad. En el contacto que hemos tenido con los pobladores de la zona, se ha conocido que 85 familias, conformadas por 356 personas de la etnia indígena, son las que están en riesgo”, dijo el dirigente.

Entretanto, la Procuraduría también se pronunció a través de un comunicado: “La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos tuvo conocimiento de los enfrentamientos que se presentan entre los grupos al margen de la ley, identificados como ELN y Clan del Golfo, en inmediaciones del Resguardo Alto Río Baudó Chori Jurubirá, del pueblo indígena Emberá Dobidá Mohamía, hechos en los que resultaron heridas dos mujeres, una de las cuales falleció durante el traslado al casco urbano de Alto Baudó”.

Como consecuencia de estos hechos, agrega, algunas familias se han desplazado a las comunidades Miacora y Santa María del Condoto, sin saber el número exacto de ellas.

En ejercicio de la función preventiva, la Procuraduría General de la Nación ha exhortado a las autoridades del orden nacional y territorial para que se tomen “las acciones pertinentes para garantizar la vida e integridad de estos pueblos étnicos y se garantice la ayuda humanitaria a las familias desplazadas y confinadas”, apuntó.