Alarmante cifra: un periodista es amenazado cada dos días en Colombia, según reciente informe de la Flip

Recientemente, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) dio a conocer una preocupante cifra que pone aún más en riesgo la libertad de expresión y prensa. Según un informe, un periodista ha sido amenazado cada dos días en Colombia durante lo corrido del año.

Con corte a 31 de mayo, la Fundación documentó 58 amenazas contra periodistas presentadas en 22 departamentos que recorren el país. Este hecho significó una cifra preocupante para el ejercicio de esta profesión, debido a que indica que por cada dos días, un periodista recibe amenazas. Del mismo modo, refleja que en el 70 % del país se ha amenazado al menos a un comunicador.

Gran parte de estas agresiones se han presentado en Bogotá, Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño. Igualmente, estas amenazas están relacionadas directamente con investigaciones sobre asuntos de seguridad, administración pública y conflicto armado.

El informe de la Flip también señala que la capital del país es la zona donde se han reportado más amenazas, siendo seis en lo que va corrido del primer semestre del 2023. La razón de esta coyuntura, según la información de la Fundación, es que en Bogotá se concentran gran parte de los medios de comunicación digitales, comunitarios, escritos, radio y televisión. Por lo tanto, significa un epicentro para el ejercicio periodístico en el que se hacen los tipos de investigaciones mencionadas anteriormente.

Con respecto a las regiones, el informe señala que 26 de las 58 amenazadas registradas provienen de grupos armados con presencia en estas zonas. Asimismo, hubo cinco casos más que el mismo periodo de 2022. Los departamentos afectados mayormente por esta situación son Arauca y Norte de Santander, donde hay periodistas que buscan esclarecer aspectos de conflicto armado, narcotráfico y asuntos de seguridad.

En otro territorio del país, concretamente en Tolima y Atlántico, la Fundación dio con la presencia de bandas criminales, tales como el Clan del Golfo. Además, estas zonas cuentan con periodistas que cubren asuntos judiciales y orden público, tales como hurtos y homicidios que tienen relación con estos grupos. Por lo tanto, es una profesión peligrosa en esos departamentos.

Aquellos grupos armados al margen de la ley abordan a los periodistas en espacios físicos, intimidándolos en sus residencias con panfletos o llamándolos a sus sitios de trabajo con celulares o teléfonos públicos. Según la información expuesta en el informe, este es el modus operandi que manejan las bandas delincuenciales.

En ese orden de ideas, las amenazas en el espectro digital también han tenido una alta incidencia. 20 de las 58 amenazas fueron hechas por redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. Del mismo modo, la mitad de los casos se registraron en Norte de Santander y Tolima. Los mensajes que los criminales publican son de carácter amenazante, acompañados de emoticones de calaveras, ataúdes, cuchillos y cruces.

Los mensajes no solo son recibidos por los periodistas, sino que también tienen como receptores a los familiares de los profesionales. Sumado a ello, algunos van acompañados con imágenes de ellos en lugares públicos, demostrando que los mantienen vigilados y perseguidos.

“Las amenazas tienen un profundo impacto psicológico en las y los periodistas que, eventualmente, puede tener graves consecuencias psicoemocionales y llevarles a optar por la censura, el silencio o el desplazamiento. El silenciamiento de la prensa tiene un costo muy alto para las sociedades democráticas, no sólo impide el flujo de información para la ciudadanía sino que, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inhibe a aquellos ciudadanos o ciudadanas que quieren denunciar abusos de poder, irregularidades, o actos ilícitos de cualquier naturaleza”, señala la Flip en su informe sobre las consecuencias de este asunto.

Del mismo modo, la Fundación hace un llamado al Estado para que en las elecciones regionales que se llevarán a cabo en los próximos meses, se haga una campaña de prevención y sanción contra ataques que pueda sufrir la libertad de prensa.