Alarmante denuncia de la Defensoría: alcaldes y concejales en 17 departamentos han sido desplazados por grupos armados

La Defensoría del Pueblo emitió un informe preocupante sobre la exacerbación del conflicto armado en Colombia, que ha generado un panorama inquietante para la seguridad de los servidores públicos. Según el informe, tanto las comunidades en las regiones como los propios alcaldes y concejales se han convertido en blancos de intimidación de organizaciones ilegales en el contexto preelectoral.

La entidad reveló que, a través del seguimiento en terreno realizado por sus 42 Defensorías Regionales en todo el país, se han identificado 12 alcaldes en siete departamentos que se ven obligados a despachar desde fuera de sus municipios debido a las amenazas recibidas por grupos armados al margen de la ley.

Entre los municipios afectados se encuentran Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander).

Ante esta preocupante situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a los entes departamentales para que se tomen medidas de protección y se refuerce la presencia institucional.

“Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores, ni para la libre defensa de los derechos humanos”, fue el llamado del defensor Camargo.

El informe también revela que otros funcionarios, como concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal, se han visto obligados a abandonar sus municipios debido a amenazas de actores armados. Estos desplazamientos se han registrado en departamentos como Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima. Incluso diputados en algunos de estos departamentos han sido afectados por esta situación.

El defensor del Pueblo destacó que es fundamental garantizar los derechos a la integridad, la vida, la libre movilidad y el trabajo de los servidores públicos que están siendo objeto de intimidaciones. Asimismo, instó a los actores armados a mostrar señales que contribuyan al anhelo colectivo de paz en el país y recordó que la violencia, como las intimidaciones, amenazas y desplazamientos, no contribuye a la construcción de una paz duradera.

“Los derechos a la integridad, a la vida, a la libre movilidad y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones”, puntualizó.

Asimismo, Camargo expresó su preocupación por el fenómeno del desplazamiento institucional, ya que en varias regiones del país, ni siquiera las autoridades elegidas por voto popular pueden permanecer en sus territorios y ejercer sus funciones. Esto plantea serias interrogantes sobre la situación de las ciudadanas y los ciudadanos que habitan en esas poblaciones.

“No me cansaré de decirlo, es mi deber como defensor del Pueblo reiterarlo, es con verdaderos gestos que se construye la paz. Cualquier manifestación de violencia no es una muestra que contribuya a la paz total que ahora mismo es promovida en escenarios de diálogo que adelanta el gobierno de turno”, sostuvo.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de los servidores públicos y la protección de los derechos humanos en el contexto preelectoral y en todo el territorio colombiano.

“Resulta sumamente alarmante el fenómeno de desplazamiento institucional, ya que en varias regiones del país ni siquiera las autoridades elegidas por voto popular puedan permanecer en sus territorios y ejercer sus labores. Si eso pasa con las autoridades, qué pueden esperar las ciudadanas y los ciudadanos que habitan esas poblaciones”, enfatizó Camargo Assis.