Alarmantes cifras de desplazamiento forzado: más de 15.000 personas afectadas en los primeros cinco meses del 2023, según Defensoría

La Defensoría del Pueblo reveló un preocupante informe sobre los desplazamientos forzados ocurridos en el país durante los primeros cinco meses del año en curso. Según el reporte, se registraron 43 desplazamientos entre enero y mayo, afectando a un total de 6.081 familias, lo que equivale a 15.437 personas.

El informe destacó que los departamentos del Pacífico son los que presentan la mayor cantidad de eventos masivos de desplazamiento en el territorio nacional. Nariño encabeza la lista con 17 desplazamientos, seguido por Valle del Cauca, con diez; Chocó, con cuatro; y Cauca, con tres eventos. Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba registraron cada uno un evento de desplazamiento.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo hincapié en la necesidad de que los grupos armados ilegales cesen sus acciones bélicas contra la población civil, enfatizando la importancia de avanzar hacia la paz total que busca el Gobierno nacional.

Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa de los desplazamientos, con 25 de los 43 eventos registrados, según el informe de la entidad. Le siguen las amenazas con ocho casos, y los homicidios y la presencia de grupos armados en los territorios, cada uno con cuatro eventos.

En este contexto, durante el pasado fin de semana, un equipo de la Defensoría del Pueblo acompañó a aproximadamente 1.500 personas de comunidades étnicas que se vieron obligadas a abandonar sus territorios debido a los enfrentamientos armados entre miembros del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) en Istmina y Nóvita, en el departamento de Chocó.

En el reporte, elaborado por la Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo revela que febrero fue el mes en el que se presentaron más desplazamientos, con 13 casos.

“Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen”, aseguró el defensor Camargo.

Ante esta preocupante situación, el defensor del Pueblo hizo un llamado a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, de cara a las próximas elecciones regionales en octubre, para que incluyan en sus programas de gobierno partidas presupuestales que permitan brindar una atención digna e inmediata a las personas y familias víctimas del desplazamiento forzado.

Revictimización en casos de violencia sexual contra menores

La violencia sexual contra menores de edad es una problemática alarmante que requiere una respuesta estatal efectiva y articulada, pero actualmente hay una falta de coordinación entre entidades y una revictimización en la atención a las víctimas, así lo revela un informe presentado por la Defensoría del Pueblo titulado ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia: análisis de la respuesta estatal’.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó la gravedad de la situación e informó que cada hora se realizan dos exámenes médico-legales por presunto abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. En el primer trimestre de 2023, se llevaron a cabo 5.550 exámenes de este tipo por presunto delito sexual, siendo el 79% de los casos (4.417 casos) relacionados con menores de edad.

El informe revela que el 78% de los casos de violencia sexual ocurren en el entorno familiar, y en el 50% de las ocasiones los agresores son familiares o personas cercanas al núcleo familiar. Además, el 43% de las agresiones suceden durante actividades cotidianas relacionadas con el cuidado. El defensor del Pueblo resaltó la deficiencia de la respuesta estatal y su propensión a la revictimización.

De igual forma, Carlos Camargo expresó su preocupación por la falta de seguridad de los niños y niñas en sus entornos familiares, así como por la revictimización que sufren al ingresar al sistema de atención y restablecimiento de sus derechos.

“Esta es una situación realmente grave y alarmante. El informe defensorial que presentamos hoy pone la lupa sobre la situación y contiene 21 recomendaciones para cada una de las entidades encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para sus familias y para la sociedad en general”, señaló el defensor Camargo.