Santofimio vuelve a la cárcel por no pagar indemnización por crimen de Galán

El beneficio de casa por cárcel con el que fue cobijado el excongresista Alberto Santofimio no le duró mucho. En mayo del 2017 un juez ordenó su salida de prisión después de cerciorarse del cumplimiento de la mayoría de la pena de 24 años de cárcel, condena que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. La orden venía acompañada con una directriz para que portara el mecanismo de vigilancia electrónica. 

Sin embargo, el incumplimiento de una de las sanciones que le fueron impuestas llevó a que el juez de ejecución de penas le revocara este beneficio. La sentencia contra Santofimio le obligaba al pago de 1.725 millones de pesos como indemnización por un lado, y por otro, el pago por 231 millones en favor de la familia de Santiago Cuervo, escolta de Galán que murió en el intento de salvarle la vida.

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No obstante, el juez logró acreditar que Santofimio no realizó el pago de los perjuicios designados en la sentencia. "Cuando se incumplen las obligaciones contraídas, se evada o incumpla la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa desarrollando actividades delictivas, se hará efectiva la pena de prisión", se lee en la providencia proferida por el despacho judicial.

Una vez salió de la cárcel La Picota de Bogotá, Santofimio buscó la prescripción de las obligaciones indemnizatorias. Pero el juzgado le negó estas pretensiones y le reiteró su obligación era la de pagar las multas. Según la defensa del político condenado, este vive únicamente de su pensión por lo cual le ofreció solventar la deuda haciendo entrega de su biblioteca  personal o pagando una mensualidad de $1.171.850, lo que equivaldría a más de 1.000 cuotas. 

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Ante la propuesta, el despacho se negó a aceptar sus pretensiones. Y en consecuencia ordenó que el exsenador liberal regrese a La Picota a purgar el resto de su pena.

Recientemente, Santofimio sufrió otro tropiezo en su proceso judicial. Tocó las puertas de la Justicia Especial para la Paz con el fin de que su sentencia fuera revisada fueran alegando inocencia y argumentando que el crimen de Galán tenía estrecha relación con el conflicto armado. 

Los magistrados determinaron que Santofimio buscaba derrocar su sentencias con miras, entre otras, a obtener la libertad condicional anticipada, favorecimiento que contempla la justicia transicional. Los magistrados tuvieron en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2017 el cual indica que la revisión de sentencia de quienes no se presentan a la JEP como miembros de la guerrilla o de la fuerza pública es exclusiva de la jurisdicción ordinaria. Y dado que Santofimio tiene sentencia de la Corte Suprema, es a esta instancia la que le corresponde determinar si los expedientes pueden ir a revisión ante la JEP.